PP y PSOE suman sus votos para rechazar la propuesta que insta al CGPJ a “establecer los protocolos necesarios para pronunciarse con determinación y agilidad frente a los ataques a la independencia judicial emanados desde el Gobierno del Estado o cualquier otra institución pública”
En esta línea, el parlamentario valenciano de IU responsabilizó a Lesmes de controlar a los jueces y magistrados “con el palo y la zanahoria”, parafraseando una cita de éste de 2014. Le acusó de ejecutar esta política “como promotor de la acción disciplinaria y auténtico ejecutor de la política de castigos que el presidente de confianza del PP en el CGPJ ha venido ejerciendo” desde su nombramiento a finales de 2013.
Entre las propuestas rechazadas está la que instaba al CGPJ a “establecer los protocolos necesarios para pronunciarse con determinación y agilidad frente a los ataques a la independencia judicial emanados desde el Gobierno del Estado o cualquier otra institución pública”. El PP y el PSOE, junto a otros grupos, sumaron sus votos para tumbar esta iniciativa.
Durante su argumentación previa sobre la falta de independencia del máximo órgano judicial, Sixto explicó que “no es una cuestión que señalemos nosotros en solitario” y puso como ejemplo el informe GRECO del Consejo de Europa “que en enero de 2014 ya hacía recomendaciones de la falta de independencia del Poder Judicial” tras la reforma marcada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
El portavoz en temas judiciales de IU advirtió de que el PP había conseguido así a través de la Ley 4/2013 “reforzar el poder omnímodo de un presidente y de una Comisión Permanente del Poder Judicial, que tienen todos los poderes del Consejo en detrimento de un Pleno que el constituyente quiso que tuviese 20 miembros y recogiese la pluralidad política”, pero que en realidad “ejecuta sólo una mayoría del CGPJ”.
Denunció que esa mayoría “podría variar” legalmente, puesto que hay un artículo que habla de la rotatividad de los miembros de la Comisión Ejecutiva del CGPJ, “pero es un fallo del legislador que se diga que esa rotatividad ‘se procurará’ y no obligar a ella para asegurar la pluralidad de la Comisión Ejecutiva”, lamentó el diputado de IU.
Ricardo Sixto criticó también otras cuestiones de funcionamiento, como que se puedan tomar decisiones importantes “con mayorías simples en lugar de mayorías cualificadas” o que haya “votaciones secretas, en vez de votaciones públicas para los nombramientos. Eso hace que después vengan determinadas recriminaciones”.
Entre las 13 resoluciones registradas por Unidos Podemos que sí se aprobaron están la que insta al CGPJ a “reforzar los mecanismos internos de democracia y de búsqueda del consenso a fin de que todos los vocales intervengan en plano de igualdad en la toma de decisiones que afecten los derechos económicos, representativos y de régimen de incompatibilidades”.
También salieron adelante otras para modificar y dotar de más medios a los sistemas de inspección, también para establecer un sistema de auditorías “con participación de todos los operadores jurídicos” para “conocer el volumen real de asuntos y su naturaleza y evaluar el estado del sistema judicial en base a su eficacia, eficiencia y sostenibilidad” o otra, muy importante, para “analizar las razones por las cuales existe un volumen de sentencias no ejecutadas en número tan desproporcionado (un 62%, en el año 2014, según el informe Wolters-Kluwers) en los distintos órdenes de la jurisdicción, y estudie y proponga medidas al respecto”.
Para Izquierda Unida y el conjunto del grupo parlamentario del que forma parte resulta especialmente satisfactorio que se haya aprobado la resolución que insta al CGPJ a “tomar las medidas necesarias para dotar de medios a los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género” para revertir el hecho de que “2 de cada 3 mujeres no acudan a los juzgados, motivado en especial por la percepción de falta de información sobre sus derechos, la falta de diligencia en la investigación judicial, la dificultad de demostrar la violencia psicológica, o los prejuicios y trato irrespetuoso en la obtención del testimonio de las víctimas”.
También se reclama que se extienden a todas las sedes judiciales “la implantación de las denominadas “salas amables”, con acceso independiente y separado, para la espera de perjudicadas y menores en casos de violencia machista y para llevar a cabo la exploración de menores”.
Además, ha salido adelante la proposición que insta a “tomar las medidas necesarias para normalizar el uso de las lenguas propias cooficiales de cada comunidad en las comunicaciones y todo el funcionamiento interno de la Administración de Justicia”.
