En una pregunta dirigida al BCE, Albiol alerta de que los bancos españoles podrían incurrir en una violación de la legislación comunitaria al obstaculizar el acceso de sus clientes a la información necesaria para conocer si su hipoteca ha sido vendida a un fondo de titulización y a qué fondo en concreto. Dicha información es de “extremada importancia a la hora de evitar un desahucio, sin embargo, las entidades de crédito están actuando con total opacidad”.
“Además de no cumplir con los mínimos de información a los consumidores sobre la venta de sus hipotecas a otras sociedades -advierte la eurodiputada de IU-, los bancos siguen gestionando y cobrando a sus clientes como si fuesen aún titulares de las hipotecas. En el Estado español, muchos de los desahucios se producen porque el banco lanza la orden de ejecución de una hipoteca que, en realidad, ha sido cedida al 100 % a un fondo”.
Para Izquierda Unida “esto, en la práctica, deslegitima a los bancos a la hora de presentar una demanda en los tribunales” para ejecutar el desahucio, además de que estarían “falseando la documentación aportada al tribunal”.
La titulización hipotecaria, regulada en el artículo 34 de la Ley 5/2015 española, es un método de financiación basado en la venta o cesión de determinados activos, incluso derechos de cobro futuros, al emitir valores que se colocan entre los inversores. El 99% de los préstamos con garantía hipotecaria han sido titulizados en el Estado español y, por tanto, los bancos con los que se firma la hipoteca dejan de ser acreedores para pasar a ser meros agentes de cobros, tal y como han demostrado ya más de una treintena de sentencias judiciales.
Albiol sostiene que este comportamiento choca con las demandas de una mayor información y transparencia de los bancos que propone la Directiva 2014/17/UE sobre contratos de crédito. Normativa que, por otro lado, “el Estado español sigue sin transponer después de casi tres años de su puesta en marcha y por la que la Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción el pasado mes de noviembre”.
“La situación es grave pero no es más que otra muestra de cómo funciona el Gobierno de Rajoy”, afirma Albiol, ya que “estaba obligado a hacer la transposición en marzo de este año y, al no hacerla, ahora se enfrenta a una sanción de Bruselas en enero”.
El acceso a la información, insiste la eurodiputada de IU, es esencial, porque “si los consumidores supiesen quién es el verdadero propietario de la hipoteca y en qué condiciones se ha adquirido, podrían evitar los desahucios, ya que la orden del banco quedaría sin efecto”.
“Lo que reclamamos es una información completa y que se respeten al máximo los derechos de los consumidores. La CNMV, el Banco de España y las Sociedades Gestoras, deben actuar como un verdadero registro, organizando los folletos, escrituras y anexos de activos titulizados, y garantizando el acceso a todo interesado legítimo de forma clara, sencilla y accesible la información y certificación relativa a si su crédito hipotecario ha sido titulizado, a qué fondo, y en qué condiciones”, concluye.
