Enrique Díez, coordinador del Área Federal de Educación de IU, señala que “la prioridad ahora es enterrar definitivamente la LOMCE, revertir los recortes y consensuar una alternativa”
El dirigente de IU avisa que “el problema añadido es que la política educativa que Ciudadanos y el PSOE desarrollan en los territorios en los que ejercen funciones de gobierno perpetúa la del Partido Popular. Pone como ejemplo, la propuesta de modelo de financiación neoliberal para las universidades en la Comunidad de Madrid (LEMES) y en Andalucía.
Para Enrique Díez, “PSOE y Ciudadanos no disponen de una alternativa educativa más allá de maquillar bajo buenas palabras las mismas políticas que defiende el Partido Popular, que ahonda en la liberalización de la enseñanza”.
El responsable del Área de Educación de IU explica que “pese a estar de acuerdo en la apertura de espacios parlamentarios para la elaboración de una nueva ley consensuada, la actual correlación de fuerzas en el Congreso no es suficiente para construir un modelo educativo público, laico y equitativo, al servicio de la mayoría social”.
“Nos tememos -afirma- que esos continuos llamamientos a un gran ‘Pacto Nacional por la Educación’ puedan quedarse en pura retórica que no cambie en lo fundamental unas políticas educativas al servicio de la gran empresa, la banca y de los objetivos neoliberales de la Unión Europea, así como de los nuevos tratados comerciales internacionales, que abren la puerta incluso a las transnacionales en el mundo de la educación”.
Izquierda Unida considera que los hechos del Gobierno del PP avalan esta desconfianza, puesto que trata de impugnar el acuerdo aprobado por amplia mayoría en el Congreso para paralizar el calendario de implantación de la LOMCE. “Este es un claro intento de dinamitar la iniciativa parlamentaria”, valora Díez.
Por eso, “el primer paso para que sea creíble este acuerdo y no se convierta en una operación de las élites destinada a blanquear la LOMCE es que los partidos que firmaron en la Legislatura 2011-2015 el compromiso para derogar esta ley, juntos a otros grupos que manifestaron luego esta misma voluntad, cumplan su compromiso, ya que, como expresaron entonces, ‘tienen mayoría suficiente en esta legislatura para derogarla’”.
Un segundo paso es que “no hagan un pacto por arriba, desde los despachos políticos, sino que cuenten con la comunidad educativa para alcanzar un amplio acuerdo social y político, asumiendo como documento de mínimos para ello el ‘Documento de bases para una nueva Ley de educación’ de Redes por una nueva política educativa, que ha surgido de la propia comunidad educativa y se ha elaborado por una amplia representación de la misma.
Enrique Díez señala, no obstante, que estos dos pasos “no serán más que un brindis al sol si no se da el previo y crucial paso de revertir los recortes empezando por los Presupuestos Generales del Estado de 2017 y en cada comunidad autónoma para reforzar la opción por una educación pública, laica, gratuita y democrática que garantice el derecho de todas y todos a una educación de calidad en condiciones de igualdad”.
