Alberto Garzón y el diputado Ricardo Sixto llevan este tema al Congreso a partir del trabajo coordinado entre la Secretaría de Memoria Democrática y el grupo de parlamentarios/as de Izquierda Unida para garantizar los derechos de la inmensa mayoría de la sociedad que respeta los valores democrático
Izquierda Unida considera que todos y todas debemos cumplir la ley, incluidos el Gobierno de Mariano Rajoy y la Fundación Nacional Francisco Franco. El Ejecutivo del Partido Popular demuestra desde hace años una “pasividad cómplice frente a los flagrantes incumplimientos de una fundación que actúa en contra de la legalidad vigente”, como señala la responsable de Memoria Democrática de IU, Esther López Barceló. Los últimos ejemplos los marcan los ataques contra la conocida como Ley de Memoria Histórica, con la participación incluso de destacados dirigentes del PP de Extremadura, de nuevo con el silencio del Gobierno central.
Ante una situación que se prolonga en el tiempo y para garantizar los derechos de esa inmensa mayoría de la sociedad que respeta los valores democráticos, Izquierda Unida ha registrado en el Congreso una batería de iniciativas a partir del trabajo coordinado entre su Secretaría de Memoria Democrática y su grupo de diputados/as en el Congreso. López Barceló afirma que “IU toma esta decisión tras haber conocido nuevos datos que afectan a documentos públicos clasificados en poder de la Fundación Nacional Francisco Franco y a material que debería tener carácter de secreto cuya protección legal se incumple”.
Para ello, el máximo responsable de IU y portavoz parlamentario en el Congreso, Alberto Garzón, y el diputado Ricardo Sixto han registrado una proposición no de ley que, entre otras cuestiones, insta al Gobierno del PP a “cerrar cautelarmente el acceso público al archivo de la Fundación Nacional Francisco Franco en tanto no se recuperen los documentos públicos clasificados”.
Garzón y Sixto consideran que es ineludible que el Ejecutivo de Rajoy actúe porque el fondo del archivo de la mencionada fundación “se corresponde en su mayor parte con documentación correspondiente a la Secretaría de la Jefatura del Estado y, hasta el nombramiento del almirante Carrero Blanco, de la Presidencia del Gobierno”.
Por ello, la iniciativa parlamentaria registrada por los diputados de IU plantea también “trasladar la documentación no estrictamente personal del archivo de la Fundación Nacional Francisco Franco a los archivos públicos correspondientes”.
Aplicando simplemente la lógica y el sentido común, Izquierda Unida llega a la conclusión de que esta documentación “debería estar en la institución correspondiente y no en una entidad privada. Debería permanecer en custodia en el archivo del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, en el caso de la generada en la Presidencia de Gobierno, o en el Archivo General de Palacio, para la gestada en la Jefatura del Estado”.
Pero, lógicas al margen, ocurre que la Fundación Nacional Francisco Franco incumple también la ley en esta cuestión de forma palmaria. IU explica que “vista la documentación digitalizada y depositada en el Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH) como consecuencia de las ayudas concedidas a principio de los años 2000, en la Fundación Nacional Francisco Franco se aprecia que buena parte de los documentos están clasificados, muchos de ellos como secreto”.
Alberto Garzón y Ricardo Sixto coinciden en apuntar que “en virtud de la normativa vigente todo parece indicar que esta documentación debería ser retirada de consulta inmediatamente. También aparece información de los Consejos de Ministros, documentación igualmente clasificada como secreto y que no debería estar accesible en tanto no se produzcan las circunstancias reglamentarias de desclasificación”.
La Secretaría de Memoria Democrática de IU sustenta de forma legal sus apreciaciones y su iniciativa. El artículo cuarto del Decreto 242/1969, de 20 de febrero, por el que se desarrollan las disposiciones de la Ley 9/1968, de 5 de abril sobre Secretos Oficiales, referido a las violaciones de la protección de las materias clasificadas, establece que:
‘Cualquier persona que preste sus servicios en la Administración del Estado o en las Fuerzas Armadas, sea cual fuere su situación, que tenga conocimiento de cualquier asunto que, a su juicio, reúna las condiciones de «secreto» o «reservado», o conozca de la revelación a persona no autorizada de materias clasificadas, o compruebe el extravío de cualquier documento o material clasificado, deberá poner estos hechos, inmediatamente, en conocimiento de su Jefe inmediato. Este Jefe, siguiendo el proceso reglamentario más rápido, lo pondrá, igualmente, en conocimiento del Jefe del Servicio de Protección de Materias Clasificadas del Ministerio en el cual preste sus servicios, en su defecto, del Director General o autoridad equivalente del Organismo al cual la materia de referencia estuviera confiada o de aquel a quien afectare la revelación de información o el extravío del documento o material de referencia’.
A la espera de que esta iniciativa de Izquierda Unida pase los trámites parlamentarios previos y pueda ser debatida en el Congreso, Alberto Garzón ha registrado también una pregunta para que el Gobierno responda por escrito y reforzar así el tema. Interroga al Ejecutivo sobre si “¿Tiene constancia de la existencia de documentación clasificada en la Fundación Nacional Francisco Franco que no está custodiada adecuadamente?”, para, seguidamente, exponer que “Si es así, ¿qué medidas piensa tomar el Gobierno para solucionar este problema?”.
Por otra parte, Esther López Barceló incide desde la Secretaría de Memoria Democrática de IU en que “una fundación como la Francisco Franco no está exenta de cumplir lo que marca la normativa para organismos de este tipo, tanto a través de la Ley de Fundaciones como la de Asociaciones, por mucho que el Gobierno del PP, con su presidente y vicepresidenta a la cabeza, se empeñen en mirar para otro lado”.
Así, la Ley 50/2002 de Fundaciones señala de forma taxativa en su artículo 3 que ‘las fundaciones deberán perseguir fines de interés general, como pueden ser, entre otros, los de defensa de los derechos humanos, de las víctimas del terrorismo y actos violentos, asistencia social e inclusión social, cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, laborales, de fortalecimiento institucional, (...) de promoción de los valores constitucionales y defensa de los principios democráticos, de fomento de la tolerancia, de desarrollo de la sociedad de la información, o de investigación científica y desarrollo tecnológico’.
Además, el artículo 22 de la Constitución que reconoce el derecho de asociación, pero que se puede hacer extensivo a las fundaciones, señala que ‘las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales’.
Para López Barceló, “en Izquierda Unida no deja de sorprendernos que, aún siendo la existencia de la Fundación Nacional Francisco Franco contraria a la ley, desde el Gobierno no se tomen medidas sobre ella en virtud de sus prácticas irregulares y del enaltecimiento del fascismo que realiza”.
