La diputada Eva García Sempere y la senadora Vanessa Angustia Gómez coordinan sendas iniciativas para presentar en ambas Cámaras para que el Gobierno de Rajoy tenga que dar explicaciones, entre otros puntos, de “¿Cómo justifica que se transfiera una cuota a un arte prohibido en España y que la utilice una flota extranjera para realizar capturas en plataforma española?”
Izquierda Unida, a través de su Área Federal de Medio Ambiente, expresa su “total apoyo” y se suma a la movilización convocada para hoy, día 16, en Madrid por la plataforma LIFE para respaldar una asignación justa y sostenible de los derechos de acceso a los recursos pesqueros en el Estado español
Izquierda Unida “denuncia y muestra su más absoluto rechazo” al traspaso de cuota de bonito del norte aceptado por el Gobierno del Partido Popular, tras la decisión del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) “tomada sin acuerdo previo con las comunidades autónomas afectadas y, además, sin aparente justificación dado que en el momento del traspaso aún no había terminado la temporada”.
Ante esta situación, la diputada de IU y portavoz de temas pesqueros del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Eva García Sempere, junto a la senadora de esta misma formación, Vanessa Angustia Gómez, han coordinador sendas iniciativas parlamentarias en ambas Cámaras para que el Ejecutivo de Mariano Rajoy explique, entre otras cuestiones, “¿Cómo justifica que se transfiera una cuota a un arte que está prohibido en España y que la utilice una flota extranjera para realizar capturas en plataforma española?”
García Sempere y Angustia Gómez coinciden en explicar que esta grave decisión para el sector pesquero nacional “conlleva el agravante de que dicho traspaso supone una pérdida de cuotas en el sector público y un incremento de las cuotas individuales transferibles, es decir, ‘vendibles’, ya que la devolución que Francia realiza a España es en cuota de palangre, pesquería gestionada mediante este mecanismo privatizador del recurso público”.
Para ambas parlamentarias de Izquierda Unida, “este intercambio redunda en un incremento de la privatización de los recursos marinos extraídos por las flotas españolas. Causa también un claro perjuicio al sector bonitero y a las posibilidades de pesca de la flota artesanal del Cantábrico”.
Para mayor agravio, algunos de estos barcos de banderas francesas o portuguesa están operados por armadores españoles, por lo que es preciso un control de estas armadoras que, mediante la compra o alquiler de estas embarcaciones, utilizan artes prohibidas en nuestra normativa y ejercen el ‘dumping’ laboral vulnerando las leyes.
Este apartado de la pesca artesanal, un sector especialmente castigado en el Estado español, es especialmente importante para esta formación, más aún en este caso ya que “las toneladas transferidas a Francia serán extraídas por una flota de arrastre pelágico, un arte de pesca de gran impacto ambiental y, de hecho, prohibida por ley en España”.
Eva García Sempere apostilla que “se genera así un perjuicio para la flota afectada, no sólo por la pérdida de posibilidades de pesca, sino por la irresponsabilidad de promover artes de pesca dañinas e ilegales en el ámbito estatal”.
Es por motivos como éste por lo que Izquierda Unida, a través de su Área Federal de Medio Ambiente, expresa su “total apoyo” y se suma a la movilización convocada para hoy viernes, día 16, en Madrid, para respaldar una asignación justa y sostenible de los derechos de acceso a los recursos pesqueros en el Estado español.
Esta formación, que se ha implicado en la elaboración del Manifiesto que acompaña a la convocatoria con diversas aportaciones de miembros de su Grupo de Pesca y Acuicultura, muestra su “especial satisfacción” por el hecho de que el texto recoja varias de sus reivindicaciones históricas. Entre ellas destaca, por un lado, el estricto cumplimiento del artículo 17 del Reglamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Política Pesquera Común (PPC) que obliga a los Estados miembros a aplicar criterios objetivos y transparentes de carácter medioambiental, social y económico en la asignación de las posibilidades de pesca.
Además, se reclama de forma explícita la desaparición de las ITQ, derechos de pesca transferibles, por ser un sistema de privatización de los recursos marinos que son un bien común y un patrimonio mundial.
La formación que coordina Alberto Garzón “hace suyas las reivindicaciones del sector de la pesca artesanal y de pequeña escala que utiliza artes selectivas de bajo impacto” y lo evidenciará a través de su presencia al más alto nivel en este conflicto.
Las parlamentarias García Sempere y Angustia Gómez trasladan también esta posición a sus respectivas iniciativas, de ahí que planteen explícitamente al Gobierno del PP que detalle por escrito como respuesta parlamentaria:
- ¿Cuáles son los criterios ambientales que utiliza el MAPAMA para asignar las cuotas?
- ¿No lo considera el Gobierno un agravio comparativo?
- ¿Este bonito procedente de flota extranjera y capturado con artes prohibidas se va a identificar de alguna manera en el mercado?
- ¿Se le va a aplicar a este bonito alguna tasa diferencial de importación para no generar agravio comparativo?
- ¿Quién va a responder económicamente del grave error de la pérdida de más de un mes de costera de bonito y de qué manera se va a compensar a las flotas?
- ¿Por qué se acordó ese intercambio sin comunicarlo ni discutirlo con las comunidades autónomas y las flotas afectadas?
- ¿Qué mecanismos se van a establecer para que esto no vuelva a ocurrir?
- ¿Qué acciones va a realizar el Gobierno para recuperar los derechos de pesca cedidos?
- ¿Qué empresas pesqueras españolas vinculadas a la pesquería de merluza, gestionada por cuotas individuales transferibles, se han beneficiado de este intercambio con Francia de bonito del norte gestionado por cuotas colectivas públicas?
