Desde Izquierda Unida hemos llevado al Pleno de octubre una moción para exigir responsabilidades y reclamar un proyecto de futuro para Pedrique. Proponemos elaborar un plan integral de revitalización, proteger y hacer visitables las esculturas de Aurelio Teno, recuperar el aprovechamiento del olivar ecológico y abrir un proceso para decidir, con criterios técnicos, jurídicos y económicos, si la finca debe conservarse, rehabilitarse, arrendarse o enajenarse. También planteamos que cualquier decisión tenga en cuenta las consecuencias para el personal municipal.
El Partido Popular ha rechazado nuestras propuestas.
Para comprender mejor la situación te invitamos a leer a continuación la moción que hemos presentado:
MOCIÓN PARA EXIGIR RESPONSABILIDADES SOBRE PEDRIQUE
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Pedrique, a lo largo de la historia, ha sido uno de los enclaves patrimoniales y naturales más singulares del término municipal de Pozoblanco. El escultor Aurelio Teno, tras adquirirlo y rehabilitar el antiguo monasterio, pretendía que llegara a ser un centro de creación artística para Pozoblanco y la comarca de Los Pedroches, para hacer realidad su proyecto se necesitaba la implicación de las diferentes administraciones públicas.
La compra de la finca por parte del Ayuntamiento de Pozoblanco tenía como objetivo hacer viable la idea de Aurelio Teno de la creación de un espacio artístico y turístico que ampliara la oferta cultural, artística, turística y medio ambiental de Pozoblanco y Los Pedroches.
Para poner en marcha esta iniciativa se creó la Fundación Aurelio Teno por parte del Ayuntamiento de Pozoblanco con la intención de que se incluyeran en la misma la Diputación de Córdoba, Junta de Andalucía, entidades privadas, etc.
La no consecución de la implicación de las administraciones públicas y entidades privadas, hizo que la Fundación no fuera capaz de poner en marcha los objetivos inicialmente previstos, derivando en que la fundación fuera un simple ente burocrático que no cumplía la labor por la que fue ideada y, tras años de inactividad, finalmente fue disuelta.
A día de hoy el Ayuntamiento de Pozoblanco sigue siendo propietario de la finca y, por tanto, tiene la responsabilidad de garantizar su adecuada conservación, mantenimiento y aprovechamiento.
Sin embargo, la situación actual de Pedrique evidencia una grave dejadez y deterioro, con ausencia absoluta de un proyecto integral y de futuro para la finca.
Desde hace años la finca está cerrada incluso a visitas puntuales y sus terrenos, donde se emplaza un olivar ecológico extenso, se están convirtiendo en un lugar intransitable y dejado a su suerte por la inacción y dejadez del Ayuntamiento de Pozoblanco. El deterioro de determinadas edificaciones, la falta de un mantenimiento suficiente de los terrenos y del olivar y la escasa o nula utilización cultural del espacio hacen necesario adoptar medidas que permitan recuperar progresivamente su valor y evitar que continúe su degradación.
A esta situación se añade la necesidad de garantizar una adecuada prevención de incendios forestales. Una finca de estas dimensiones requiere una planificación específica de limpieza, mantenimiento, gestión de la vegetación y conservación de caminos, cortafuegos y demás elementos destinados a prevenir y facilitar la actuación ante posibles incendios. Ya se han producido requerimientos y sanciones, como la relacionada con no tener de forma adecuada los alrededores de una torre de electricidad y su transformador.
Asimismo, la finca cuenta con aprovechamientos agrícolas y el Ayuntamiento recibe ayudas vinculadas al mantenimiento del olivar ecológico. Estas ayudas anuales afectan solamente a una parte de la superficie total del olivar. Sin embargo, no se están destinando a reinvertirlas en la propia finca.
En el Pleno de mayo de 2024 se manifestó que ese año no se había procedido a la recogida de la aceituna porque el coste de hacerlo superaba el rendimiento económico obtenido. Pero en 2025, con un buen año de aceituna, tampoco se realizaron las labores de recogida.
En relación con el museo y las obras que allí se encuentran, se debe tener especial preocupación por el aumento de robos en museos. Teniendo en cuenta que estas instalaciones carecen de una protección adecuada, esto podría conllevar a la pérdida de aún más esculturas. Además del hecho de que día tras día, estas esculturas se ubican en unas instalaciones que nadie puede visitar.
Toda esta situación supone la pérdida progresiva de un bien de interés social y patrimonial, además de una oportunidad desaprovechada para el desarrollo cultural, educativo y turístico sostenible del municipio.
Para mejorar y solventar esta situación, resulta imprescindible que el Ayuntamiento asuma un compromiso firme de inversión y planificación que permita elaborar un proyecto viable de revitalización, con un estudio técnico, financiero y participativo que contemple su restauración, mantenimiento y uso ciudadano.
Aun así, si lo que se pretende es la enajenación de la finca se debería actuar sobre el estado de las instalaciones para mejorarlas con financiación de otras administraciones a través de talleres de empleo, escuelas-taller y demás, para así ponerlo en valor. Pudiendo vender la finca o alquilarla para turismo rural.
A día de hoy se está perdiendo dinero anualmente, deteriorándose los edificios, el olivar y las obras que allí se encuentran. Y no se cuenta con las medidas de seguridad para garantizar la privacidad de las edificaciones, los caminos particulares ni la riqueza cinegética.
No podemos permanecer impasibles ante un deterioro que se arrastra desde años atrás y que se ha acentuado en los últimos tiempos. El Ayuntamiento, lejos de obtener beneficio alguno, está perdiendo dinero con estas instalaciones: un gasto que no se rentabiliza ni en el olivar ni en el ámbito cultural, y que sale directamente de las arcas municipales.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se propone que se adopten los siguientes
ACUERDOS
1. Instar a alcaldía a que se elabore un Plan Integral de Revitalización de la Finca de Pedrique , que incluya:
Diagnóstico técnico del estado de las edificaciones, jardines y olivar.
Inventariar y trasladar las esculturas de Aurelio Teno a un espacio donde puedan ser visitables y cuenten con las medidas de seguridad adecuadas.
Plan de prevención de incendios y mantenimiento básico anual.
Estudio de viabilidad para la recuperación cultural, turística y educativa del espacio.
2. Instar a Alcaldía a que, con carácter urgente y previos los informes técnicos, jurídicos y de Intervención que procedan, incluida la compatibilidad con las ayudas de producción ecológica, con el fin de evitar que se siga perdiendo la cosecha año tras año, se ponga en marcha un sistema que permita la recogida de la aceituna. A tal efecto, se realizaría una convocatoria pública dirigida a particulares y asociaciones de Pozoblanco para que puedan gestionar integralmente un lote de olivos de la finca, incluyendo su recogida, mantenimiento y conservación, así como el aprovechamiento de la aceituna, de acuerdo con la legislación vigente.
3. Instar a Alcaldía a incoar el expediente que permita elevar al Pleno, previos los informes de calificación jurídica, inventario, situación registral, tasación, Secretaría e Intervención, una propuesta sobre la conservación, el arrendamiento o la enajenación de la finca para su debate y decisión, de modo que sea el órgano de representación política el que determine, de forma motivada y con carácter previo a cualquier actuación, si procede:
a) Optar por la mejora y conservación de la finca en el patrimonio municipal, aprobando el correspondiente proyecto de rehabilitación o puesta en valor.
b) Optar por su enajenación o alquiler, ya sea en su estado actual o tras su rehabilitación o mejora previa a través de la financiación de otras administraciones (taller de empleo, escuelas-taller, etc.), e iniciando el expediente administrativo correspondiente para la declaración de alienabilidad y la enajenación por el procedimiento que legalmente proceda.
4. Instar a Alcaldía a que, si llegara a producirse la enajenación y como consecuencia de ello se produzca la supresión del puesto de trabajo de guarda, tramite el expediente de personal que corresponda, con negociación con la representación del personal y modificación de la plantilla o de la relación de puestos de trabajo si fuera necesaria, se procediera a su reasignación de efectivos a otro puesto de trabajo de la plantilla municipal, con carácter definitivo.
El
Ayuntamiento de Pozoblanco tendrá que devolver 75.194,67 euros de la
subvención concedida por la Junta de Andalucía para el Programa Andalucía
Activa 2.024 y abonar además 4.928,01 euros en intereses, lo que supone
un coste total para las arcas municipales de 80.122,68 euros.
Se trata de
una cantidad muy importante de dinero público que deja una pregunta evidente:
¿Qué
ha ocurrido durante la ejecución de este programa para llegar a esta
devolución?
Desde
Izquierda Unida llevamos más de un año intentando obtener una respuesta. Hemos
preguntado en comisiones, en los plenos municipales y hemos solicitado la
documentación oficial remitida a la Junta de Andalucía.
Sin embargo,
seguimos sin disponer de una explicación completa.
¿Qué es el Programa Andalucía
Activa?
Andalucía
Activa 2.024 es un programa de la Junta de Andalucía destinado a fomentar el
empleo mediante la contratación temporal de personas desempleadas por parte de
los ayuntamientos.
No se trata
de una convocatoria excepcional. Es un programa que se publica prácticamente
cada año y cuyas bases reguladoras apenas varían de una edición a otra, por
lo que las administraciones locales conocen con antelación las obligaciones que
conlleva su gestión.
En esta
convocatoria, el Ayuntamiento de Pozoblanco recibió 294.000 euros para
realizar 28 contrataciones.
Las contrataciones y las
primeras incidencias
El primer contrato del Programa Andalucía Activa 2024 se formalizó el 2 de diciembre de 2024. Conforme a las bases reguladoras, el periodo máximo de ejecución es de 12 meses desde la primera contratación, por lo que todas las contrataciones iniciales debían finalizar antes del 2 de diciembre de 2025. La única excepción prevista era la de los contratos formalizados para sustituir bajas o renuncias, cuya duración podía extenderse más allá de esa fecha, al tener una duración equivalente al tiempo restante del contrato de la persona sustituida.
En este
caso, la persona inicialmente seleccionada renunció antes de incorporarse y el
Ayuntamiento actuó correctamente contratando a la persona suplente prevista en
el proceso selectivo.
El resto de
contrataciones se realizaron entre el 15 de mayo y el 21 de julio de 2025.
Durante el
mes de mayo se produjeron tres renuncias.
De esas tres
vacantes:
una sí fue cubierta mediante
sustitución;
dos no volvieron a cubrirse.
Además,
existía un puesto de Animador Sociocultural para el que se constituyó la
comisión de selección, pero, al menos según la documentación de este Grupo Municipal, no consta decreto de contratación.
Con la
información de la que disponíamos en ese momento, esas eran las incidencias
conocidas por nuestro Grupo Municipal.
Una comisión que nunca llegó a
celebrarse
Cuando
preparamos nuestras preguntas para la Comisión de Personal de junio de 2025,
queríamos conocer por qué algunas vacantes no se habían cubierto y cuáles
podían ser las consecuencias para la subvención concedida.
Sin embargo,
esa comisión nunca llegó a celebrarse.
Ni el
alcalde, que en aquel momento era el concejal delegado de Personal, ni la responsable
de Personal asistieron a la reunión.
Además, el
alcalde no había delegado la presidencia de la comisión en ninguno de los
concejales presentes, por lo que la comisión no pudo constituirse
válidamente y todas las preguntas tuvieron que posponerse hasta el mes
siguiente.
Es decir, la
primera oportunidad para obtener explicaciones se perdió por la imposibilidad
de celebrar la propia comisión.
Cinco explicaciones distintas para
una misma pregunta
Cuando tuvimos conocimiento de que había puestos que no habían sido cubiertos, preguntamos por qué había ocurrido.
La primera explicación que recibimos fue que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) no había remitido más personas para cubrir esas vacantes.
En ningún momento se hizo referencia al puesto de Animador Sociocultural, que nunca llegó a contratarse.
Tiempo después volvimos a plantear la misma cuestión.
En esa ocasión, el concejal de Personal respondió que las bases del programa no permitían realizar sustituciones.
Sin embargo, tras revisar las bases reguladoras comprobamos que esa afirmación no se correspondía con su contenido.
El artículo 10 contempla expresamente la sustitución de personas contratadas cuando concurren determinadas circunstancias y establece un plazo máximo para realizarla.
Por ello, llevamos esta cuestión a la Comisión de Personal de mayo de 2026. Sin embargo, ni el alcalde ni el concejal responsable de Personal asistieron a la sesión. Esto impidió que nadie pudiera responder o asumir la responsabilidad sobre las cuestiones planteadas, obligándonos a reiterar un mes después, en la Comisión de junio, el contenido del artículo 10 y las preguntas que seguían sin respuesta.
Fue entonces cuando volvió a cambiar la explicación.
En lugar de mantener que eran las bases las que impedían las sustituciones, el concejal de Personal manifestó que él no había dicho que lo establecieran las bases, sino que un técnico le había indicado que no era posible realizarlas.
Posteriormente, al seguir revisando la documentación del expediente, comprobamos además que sí se realizaron algunas sustituciones, como la correspondiente al primer contrato del programa, en el que la persona inicialmente seleccionada renunció y fue contratada la siguiente candidata, o la sustitución de otra trabajadora que causó baja durante la ejecución del programa. Es decir, el propio expediente demuestra que en determinados casos sí fue posible realizar sustituciones.
Finalmente, en el Pleno de junio, el concejal ofreció una nueva explicación para justificar parte de la devolución. Afirmó que algunas personas seleccionadas habían renunciado antes de incorporarse y que ya no existía tiempo material para realizar una nueva selección.
Sin embargo, el Ayuntamiento conocía desde el inicio que el Programa Andalucía Activa 2.024 tenía un plazo máximo de ejecución de doce meses desde la primera contratación. Precisamente por ello, los procesos selectivos debían planificarse con la suficiente antelación para afrontar incidencias previsibles, como las renuncias de personas seleccionadas. Si las contrataciones se hubieran tramitado con mayor margen temporal, esa falta de tiempo difícilmente podría haberse utilizado como justificación para dejar plazas sin cubrir.
Un mes después, en el Pleno de julio, el concejal volvió a justificar parte de la devolución afirmando que algunas personas habían causado baja cuando sus contratos estaban próximos a finalizar y que, según el criterio trasladado por el personal técnico, esas vacantes ya no podían sustituirse.
Sin embargo, las bases reguladoras contemplan expresamente la sustitución de las personas contratadas que cesen antes de la fecha prevista de finalización de su contrato, estableciendo un plazo máximo de un mes para realizar dicha sustitución y permitiendo que el contrato de la persona sustituta tenga una duración igual al tiempo restante del contrato sustituido. Hasta la fecha, no se ha aportado ningún informe técnico que justifique por qué ese criterio se apartó de lo previsto en las bases.
En definitiva, cinco explicaciones distintas para responder a una misma cuestión, sin que hasta la fecha se haya aportado una explicación documental única y coherente que permita conocer por qué unas vacantes fueron sustituidas, otras no y cómo esas incidencias han terminado dando lugar a un coste de 80.122,68 euros para las arcas municipales..
Una devolución muy superior
a
la que conocíamos
Con la
información de la que disponíamos, conocíamos dos puestos que finalmente no
habían sido cubiertos y un puesto de Animador Sociocultural que no llegó a
contratarse.
Sin embargo,
el decreto de reintegro reveló una realidad mucho más grave.
El
Ayuntamiento tendrá que pagar:
75.194,67 euros de subvención.
4.928,01 euros en intereses.
Total:
80.122,68 euros.
Esta
cantidad es muy superior a la que cabría esperar únicamente por las incidencias
que conocíamos.
Eso
significa que existen otras circunstancias que han dado lugar al reintegro y
que, a día de hoy, siguen sin haber sido explicadas.
Las preguntas que siguen sin
respuesta
En el Pleno
de junio preguntamos cuál sería la cantidad que tendría que pagar el
Ayuntamiento.
El concejal
de Personal reconoció que habría devolución, pero no quiso facilitar la
cuantía.
Intervención del Concejal de Personal en el Pleno de junio de 2026 del Ayuntamiento de Pozoblanco
En el Pleno
de julio, una vez conocido el decreto, formulamos nuevas preguntas.
Queríamos
saber:
¿Cuántos contratos están
realmente afectados?
¿Qué incidencias concretas
originan esa devolución?
¿Cómo se alcanza exactamente la
cifra de 80.122,68 euros?
cuántos contratos se vieron
afectados;
cuánto dinero corresponde a
cada incidencia;
ni cómo se calcula exactamente
el importe del reintegro.
La única
explicación ofrecida fue que algunas personas abandonaron el puesto antes de
finalizar su contrato y que esas vacantes no fueron cubiertas porque quedaba
poco tiempo para terminar el programa.
Pero esa
respuesta resulta insuficiente.
El
alcalde era el responsable político
durante la ejecución del programa
Existe un aspecto que consideramos especialmente relevante.
Tras el cese de Gerardo Arévalo como delegado de Personal, el alcalde decidió asumir personalmente las competencias del área, convirtiéndose en su máximo responsable político.
Durante su etapa al frente de Personal, se produjo el caos en su organización y plantilla: sustituyó personal funcionario por personal laboral fijo, posteriormente se produjo una nueva baja por el ambiente que se vivía en el departamento.
Desde Izquierda Unida llevamos tiempo denunciando los problemas de funcionamiento del área. A la vista de los resultados, consideramos que la decisión del alcalde de asumir directamente Personal no sirvió precisamente para mejorar su funcionamiento.
Además, fue durante esta etapa cuando se desarrolló prácticamente toda la gestión del Programa Andalucía Activa 2024. El alcalde mantuvo la Delegación de Personal hasta mediados de julio de 2025, por lo que la planificación de las contrataciones y buena parte de las incidencias que ahora intentamos esclarecer se produjeron bajo su responsabilidad política.
Por ello, durante el debate plenario recordamos expresamente esta circunstancia. Sin embargo, el alcalde no intervino ni respondió a nuestras preguntas. Las explicaciones quedaron en manos del actual concejal de Personal, que asumió el área en julio de 2025, cuando el programa se encontraba ya en su fase final.
Cuando una subvención destinada a crear empleo termina con 75.194,67 € que deben reintegrarse y 4.928,01 € de intereses a cargo de las arcas municipales, creemos que quien dirigía políticamente el área debe explicar qué ocurrió y qué decisiones llevaron a esta situación.
Asumir una delegación también significa asumir la responsabilidad política sobre su gestión y sus consecuencias.
Una documentación que seguimos
esperando
Además de
nuestras preguntas en comisiones y plenos, desde Izquierda Unida hemos
solicitado en varias comisiones y por registro de entrada la justificación remitida por el Ayuntamiento
a la Junta de Andalucía, así como otra documentación relacionada con la
ejecución de este programa.
En el último
Pleno, el alcalde afirmó que la oposición ya disponía de toda la
documentación y reprochó que se dijera que el equipo de gobierno no
respondía a las solicitudes de información.
Sin embargo,
esa afirmación hacía referencia, con carácter general, a que los grupos de la
oposición recibimos todos los decretos municipales, algo que, por otra
parte, constituye una obligación legal del Ayuntamiento y no una decisión
discrecional del equipo de gobierno.
Pero los
decretos no contienen toda la documentación administrativa.
Los
expedientes completos, los informes, los registros de entrada y salida y la
documentación justificativa forman parte de los expedientes administrativos y no
se incorporan íntegramente a los decretos, aunque estos puedan hacer referencia
a ellos o resolver sobre su contenido.
Precisamente
esa es la documentación que hemos solicitado reiteradamente y que continúa sin
facilitársenos.
En este caso
concreto, seguimos esperando, entre otros documentos, la justificación
remitida por el Ayuntamiento a la Junta de Andalucía, imprescindible para
conocer:
qué contratos fueron finalmente
justificados;
qué incidencias se comunicaron;
cuáles son exactamente los
contratos afectados por el reintegro;
y cómo se justifica una
devolución de 80.122,68 euros.
Por ello, no
puede afirmarse que la oposición disponga de toda la documentación
cuando seguimos esperando el acceso a expedientes y documentos que no forman
parte de los decretos y que son esenciales para ejercer adecuadamente nuestra
labor de fiscalización.
Seguiremos exigiendo
transparencia
El Programa
Andalucía Activa 2.024 nació con un objetivo muy claro: crear empleo y
mejorar las oportunidades laborales de personas desempleadas.
Por eso
resulta especialmente preocupante que una parte tan importante de los fondos
concedidos tenga que devolverse.
Pero aún
resulta más preocupante que, más de un año después de que comenzáramos a
interesarnos por la ejecución de este programa, el gobierno municipal del Partido Popular siga
sin ofrecer una explicación completa y documentada sobre las causas de esta
devolución.
Desde
Izquierda Unida seguiremos solicitando toda la documentación necesaria y
ejerciendo nuestra labor de control para conocer exactamente qué ocurrió
durante la ejecución de este programa.
Porque la transparencia
no consiste únicamente en reconocer que el Ayuntamiento tendrá que asumir un
coste de 80.122,68 euros derivado de la mala gestión de este programa.
La
transparencia consiste en explicar qué ocurrió durante su ejecución, por qué ha
sido necesario reintegrar parte de la subvención, por qué además habrá que
pagar intereses de demora y qué decisiones llevaron a esta situación. Solo así
pueden depurarse las responsabilidades políticas que correspondan.
La labor de la oposición no consiste únicamente en votar en los plenos. También consiste en revisar expedientes, detectar problemas, hacer preguntas y exigir que la administración funcione correctamente. Y este es un ejemplo de ello.
Hace unas semanas denunciábamos una situación que considerábamos difícil de justificar: varias bolsas de trabajo derivadas del proceso extraordinario de estabilización seguían sin tener un orden definitivo, porque todavía no se habían celebrado los sorteos públicos previstos en las propias bases y resoluciones del proceso.
Ahora, pocas semanas después de plantearlo en la Comisión de Personal, en el Pleno y hacerlo público en nuestras redes sociales y en este blog, el gobierno del Partido Popular ha convocado todos esos sorteos para el próximo 21 de julio.
Nos alegramos de que, por fin, se haya dado este paso. Pero la cronología de los hechos plantea algunas preguntas que no pueden pasarse por alto.
¿Qué estaba pendiente?
Las propias resoluciones por las que se constituían estas bolsas de trabajo indicaban expresamente que el orden definitivo de la bolsa quedaba pendiente hasta la celebración de un sorteo público para resolver los empates.
Es decir, el procedimiento no estaba completamente finalizado hasta que se realizara ese trámite.
Sin embargo, ese último paso quedó pendiente durante meses.
En concreto, existían bolsas constituidas desde:
Diciembre de 2024.
Junio de 2025.
Julio de 2025.
Octubre de 2025.
Mientras tanto, otros procesos de estabilización sí habían celebrado ya sus correspondientes sorteos.
La pregunta era evidente:
¿Por qué unos expedientes avanzaban y otros permanecían paralizados durante tanto tiempo?
Lo preguntamos públicamente
En la Comisión Informativa de Personal del mes de junio preguntamos expresamente por estos sorteos pendientes.
Volvimos a hacerlo durante el Pleno ordinario del mismo mes.
En ninguno de los casos obtuvimos respuesta por parte del Alcalde ni del Concejal de Personal.
Posteriormente explicamos esta situación en nuestras redes sociales y en este mismo blog, mostrando que había bolsas cuyo orden definitivo seguía pendiente de un trámite que llevaba meses —e incluso más de un año— sin realizarse.
No pedíamos modificar las bases.
No pedíamos crear nuevas bolsas.
Simplemente pedíamos que se completara un procedimiento que el propio Ayuntamiento había dejado pendiente.
Ahora llegan todos los sorteos... el mismo día
El pasado 17 de julio se publicó el anuncio convocando 20 sorteos públicos, correspondientes a siete bolsas de trabajo, que afectan a 74 personas aspirantes y que se celebrarán el 21 de julio en la Casa Consistorial.
El propio anuncio explica que el sorteo constituye el último criterio de desempate previsto en las bases cuando todos los criterios objetivos anteriores resultan insuficientes y que es el mecanismo necesario para fijar el orden definitivo de las bolsas.
Nos parece positivo que finalmente se haya convocado este acto público.
Lo que resulta más difícil de comprender es por qué ha sido necesario esperar tanto tiempo para realizar un trámite que ya estaba previsto desde el principio.
Preguntas que siguen sin respuesta
Aunque la convocatoria supone un avance, todavía quedan cuestiones que merecen una explicación por parte del gobierno del Partido Popular.
¿Por qué se ha tardado, en la mayoría de los casos, más de un año en convocar estos sorteos?
Si las propias resoluciones indicaban que el orden definitivo de las bolsas quedaba pendiente del sorteo, ¿cómo se han gestionado los llamamientos realizados durante este tiempo?
¿Por qué unas bolsas completaron este trámite hace meses y otras permanecieron pendientes durante tanto tiempo?
¿Por qué ha sido precisamente después de que este asunto se planteara en Comisión, en el Pleno y se hiciera público cuando se han convocado todos los sorteos pendientes para el mismo día?
No afirmamos que exista una relación de causa y efecto.
Lo que sí afirmamos es que esa es la secuencia objetiva de los hechos y que resulta legítimo preguntarse si estos sorteos se habrían convocado con la misma rapidez de no haberse puesto este asunto sobre la mesa.
Una oposición útil
Desde Izquierda Unida seguiremos haciendo el trabajo que creemos que corresponde a la oposición: estudiar expedientes, revisar procedimientos, formular preguntas y exigir explicaciones cuando las cosas no se hacen en tiempo y forma.
Porque la transparencia no consiste únicamente en publicar documentos.
También consiste en que los procedimientos administrativos se tramiten con diligencia, sin demoras injustificadas y ofreciendo a la ciudadanía toda la información necesaria para comprender cómo se gestiona lo público.
Se demuestra publicando la información, manteniéndola actualizada y permitiendo que cualquier ciudadano y ciudadana pueda comprobar cómo se realizan las contrataciones públicas.
Eso es precisamente lo que llevamos meses reclamando al Concejal de Personal del PP y al Alcalde respecto a las bolsas de trabajo.
Un reglamento que dice una cosa…
El Reglamento Municipal de Bolsas de Trabajo vigente establece expresamente que las bolsas podrán consultarse tanto en la página web municipal como en la web de empleo, manteniéndose su estado permanentemente actualizado.
Sin embargo, la realidad es muy distinta.
Tras finalizar el proceso extraordinario de estabilización se constituyeron decenas de nuevas bolsas de trabajo. Sin embargo, esas bolsas nunca se incorporaron al apartado específico de "Bolsa Municipal de Empleo" de la web municipal de empleo.
En la práctica, la única forma de consultarlas es localizar uno por uno los anuncios publicados en el tablón de edictos oficiales correspondientes a cada proceso selectivo. Un trabajo largo, complejo e innecesario que cualquier ciudadano o ciudadana debería poder evitar si el Ayuntamiento cumpliera con su propio Reglamento.
La situación resulta aún más llamativa porque en la web siguen apareciendo bolsas antiguas, muchas de ellas ya sustituidas por las creadas durante la estabilización, mientras que las nuevas continúan sin publicarse de forma ordenada y accesible.
Además, el estado de las bolsas que sí aparecen en la web municipal no se actualiza desde 2023, una situación que llevamos años denunciando y que vuelve a poner de manifiesto la falta de transparencia del PP en la gestión del empleo público municipal.
8/7/2026
Empezamos a detectar que faltaban bolsas
Cuando finalmente concluyó el proceso de estabilización —casi un año después del plazo máximo fijado por la ley gracias a la gestión de Santiago Cabello—, en enero de 2026 recibimos en la Comisión de Personal el listado de bolsas de trabajo elaborado por el Ayuntamiento.
Al revisarlo encontramos algo que no esperábamos.
Había bolsas que simplemente no aparecían.
Desde ese momento, comisión tras comisión, solicitamos tres cuestiones muy concretas:
El listado completo de todas las bolsas de trabajo.
La composición de cada una de ellas.
Su publicación en la web del Ayuntamiento.
La respuesta siempre era la misma.
"Lo miraremos."
Pasaban las semanas.
Después los meses.
Y el listado seguía exactamente igual de incompleto y sin publicar.
Si el Ayuntamiento no hacía el trabajo…
lo hicimos nosotras
Ante la falta de respuestas del Equipo de Gobierno decidimos reconstruir nosotras mismas el mapa completo de las bolsas de trabajo municipales.
Para ello:
Revisamos todos los anuncios del proceso extraordinario de estabilización, donde se constituyeron las nuevas bolsas.
Consultamos las bolsas anteriores al proceso.
Elaboramos un listado propio con todas las categorías existentes.
Comparamos esa información con los decretos de contratación aprobados por el Ayuntamiento.
Fue un trabajo largo y completamente manual.
No porque fuera nuestra obligación.
Sino porque el Ayuntamiento no facilitaba una información que debería estar disponible para cualquier ciudadano o ciudadana.
El resultado fue llamativo.
Detectamos 24 bolsas de trabajo que no figuraban en la documentación que se entregaba a los grupos municipales.
Trasladamos ese listado al propio Ayuntamiento.
Sin embargo, meses después seguimos sin recibir una relación completa de las bolsas existentes y la web municipal continúa sin publicar una información actualizada, tal y como establece el propio Reglamento.
Ni siquiera el delegado conocía todas las bolsas
La situación llegó a un punto especialmente llamativo durante el Pleno de junio.
El propio delegado de Personal manifestó que había pedido al técnico municipal que le facilitara toda la documentación porque él también quería conocer exactamente qué bolsas existían.
La afirmación resulta muy significativa.
Después de meses reclamando esa información, daba la impresión de que ni siquiera el responsable político del área se había preocupado de tener un listado completo y actualizado de todas las bolsas de trabajo municipales.
Si quienes deben gestionarlas necesitan solicitar esa información...
¿Cómo puede tener la ciudadanía la certeza de que el sistema funciona con la transparencia que merece?
Intervención del Concejal de Personal en el Pleno de junio de 2026 del Ayuntamiento de Pozoblanco
Cada respuesta generaba nuevas preguntas
Cuanto más analizábamos la documentación, más dudas aparecían.
¿Dónde está el listado completo?
A día de hoy seguimos sin recibir una relación completa de todas las bolsas de trabajo existentes.
Y si esa relación existe dentro del Ayuntamiento, resulta difícil entender por qué desde el Equipo de Gobierno del PP no se facilita a la oposición, tratándose de información pública.
¿Por qué unas bolsas aparecen y otras no?
Comprobamos que existen bolsas que no figuran en la documentación entregada en Comisión de Personal pero que, sin embargo, sí han sido utilizadas para realizar contrataciones.
Es decir, se conoce su existencia, pero no las incorporan al listado facilitado.
¿Por qué se recurre al SAE existiendo bolsas específicas?
Hemos detectado ya dos contrataciones realizadas mediante ofertas al Servicio Andaluz de Empleo pese a existir bolsas de trabajo específicas para esos puestos.
Por ello seguimos preguntando cuáles fueron los motivos para no acudir primero a las bolsas municipales.
¿Por qué existen diferencias entre las bolsas y los decretos?
En algunos decretos aparecen mezcladas distintas denominaciones de bolsas debido a que determinadas personas forman parte de varias de ellas.
Además, el puesto que ocupan algunos aspirantes en determinados decretos no coincide con el orden que figura en las bolsas oficiales publicadas tras el proceso de estabilización.
¿Por qué siguen pendientes sorteos?
Las propias bases del proceso extraordinario establecían que, cuando varias personas obtuvieran exactamente la misma puntuación, se realizaría un sorteo para determinar su posición definitiva en la bolsa correspondiente.
Algunos de esos sorteos sí se han celebrado.
Sin embargo, otros continúan pendientes.
Concretamente en las bolsas de:
Peón de construcción.
Gestor de instalaciones deportivas.
Administrativo.
Auxiliar administrativo.
Auxiliar administrativo de biblioteca.
Ayudante de mantenimiento del teatro.
Mientras esos sorteos no se celebren, la posición definitiva de las personas afectadas continúa sin resolverse.
La transparencia no puede depender de quién pregunte
Las bolsas de trabajo son el principal mecanismo de acceso al empleo público temporal en el Ayuntamiento. Precisamente por ello, su gestión debe regirse por los principios de publicidad, transparencia, igualdad y seguridad jurídica.
No basta con afirmar por parte del Alcalde y el Concejal de Personal que todo funciona correctamente. Es necesario que cualquier ciudadano o ciudadana pueda comprobarlo por sí mismo, consultando unas bolsas de trabajo completas, actualizadas y accesibles.
En numerosas ocasiones el Alcalde ha afirmado que Pozoblanco cuenta con uno de los ayuntamientos más transparentes. Sin embargo, resulta difícil sostener esa afirmación cuando la oposición llevamos meses formulando preguntas en comisiones, presentando registros de entrada y solicitando documentación sobre muy distintos ámbitos de la gestión municipal —entre ellos el listado completo de las bolsas de trabajo— sin que una parte importante de esa información haya sido facilitada, y mientras que la propia web municipal continúa sin publicar información que debería ser pública.
Cuando la información pública no se publica, cuando los listados están incompletos o cuando es necesario reconstruir las bolsas revisando expediente por expediente, la confianza en el sistema se resiente.
La transparencia no consiste únicamente en hacer declaraciones. Se demuestra facilitando la información pública, manteniéndola actualizada y permitiendo que cualquier persona pueda conocer cómo se gestionan los recursos públicos y el acceso al empleo público.
Porque la transparencia no es una opción.
Es una obligación.
Seguiremos fiscalizando
Nuestro trabajo como grupo municipal no termina cuando acaba una comisión.
Continúa revisando expedientes, estudiando reglamentos, comparando documentación y formulando preguntas hasta obtener respuestas.
Seguiremos reclamando:
La publicación del listado completo de todas las bolsas de trabajo.
La actualización permanente de la información en la web municipal, tal y como exige el Reglamento.
La aclaración de todas las discrepancias detectadas.
La celebración de los sorteos que aún permanecen pendientes.
Y que todas las contrataciones se realicen con criterios públicos, objetivos y transparentes.
Porque la igualdad de oportunidades empieza por unas reglas claras.
Y porque la transparencia no se proclama. La transparencia se demuestra.
Gracias al trabajo de control de IU a la gestión del
gobierno del PP, en relación al contrato del Ciclo Integral del Agua, se destapa
un incumplimiento que el propio alcalde ha acabado reconociendo
Durante los
últimos años, desde Izquierda Unida Pozoblanco hemos venido realizando un
seguimiento exhaustivo del contrato del ciclo integral del agua, uno de los
contratos públicos más importantes del Ayuntamiento tanto por su duración como
por su importe económico.
No se trata
de una concesión cualquiera.
Estamos
hablando de un contrato de 25 años que regula un servicio esencial para
todos los vecinos y vecinas de Pozoblanco y que obliga a la empresa
concesionaria no solo a prestar el servicio, sino también a ejecutar
importantes inversiones, renovar infraestructuras y cumplir numerosas
obligaciones técnicas y económicas.
Precisamente
porque hablamos de un contrato de esta magnitud, la legislación y el propio
pliego establecen mecanismos muy claros para garantizar que el Ayuntamiento
ejerza un control permanente sobre su ejecución.
Sin embargo,
tres años después de su adjudicación, todo apunta a que ese control simplemente
no ha existido.
Y lo más
llamativo es que ha sido el propio alcalde quien, tras meses de preguntas por
nuestra parte, ha terminado reconociendo en el Pleno de junio que ahora van
a iniciar el procedimiento para contratar a la empresa que ejercerá esa función.
Es decir,
han admitido implícitamente que durante estos tres años esa supervisión no se
ha realizado en la forma prevista en el contrato.
Un trabajo que comenzó hace mucho
Este asunto
no surge de una ocurrencia ni de un titular fácil.
Detrás de
esta publicación hay muchas horas de trabajo.
Durante meses
hemos:
estudiado el contrato completo;
revisado el Pliego de
Prescripciones Técnicas;
analizado el Pliego de
Cláusulas Administrativas;
comprobado el Plan de
Inversiones Inicial;
solicitado documentación
mediante registros de entrada;
preguntado reiteradamente en
las Comisiones de Urbanismo;
planteado preguntas en Pleno.
Al
principio, las respuestas eran siempre las mismas.
Que ya nos
informarían.
Que lo
estaban viendo.
Que había
una comisión.
Que lo
estudiarían.
Pero nunca
se respondía a la pregunta principal.
¿Quién está
controlando el contrato?
Lo que dice el contrato
La respuesta
no depende de opiniones políticas.
Está escrita
en el propio contrato.
La cláusula
20.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas establece expresamente:
"De
acuerdo con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Contratos del Sector
Público, el Ayuntamiento designará un Responsable del Contrato al que
corresponderá supervisar su ejecución y adaptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la
prestación pactada."
Es decir, no
se trata de una posibilidad.
No es una
recomendación.
No es algo
que pueda hacerse cuando interese.
El contrato
establece que el Ayuntamiento designará un Responsable del Contrato.
Y además
determina cuáles son sus funciones.
Entre ellas:
supervisar la ejecución del
contrato;
vigilar el cumplimiento de
todas las obligaciones;
dictar instrucciones al
concesionario;
canalizar todas las
comunicaciones oficiales con la empresa.
En
definitiva, es la persona o entidad encargada de defender el interés general.
Además, el contrato prevé cómo
se financia ese control
Hay otro
aspecto especialmente importante.
Muchas veces
se intenta justificar la falta de medios municipales.
Pero el
propio contrato ya resolvió esa cuestión.
La misma
cláusula establece que cuando el Ayuntamiento designe una persona física o
jurídica ajena para ejercer esa función:
"Tanto
la retribución del Responsable del Contrato (...) como la realización de
estudios, análisis o controles puntuales (...) serán por cuenta del
Concesionario por un importe del 0,85 % del importe facturado por éste en cada
anualidad."
Es decir:
el coste de
la supervisión no debía salir del bolsillo de los vecinos.
Lo paga la
empresa concesionaria.
Cada año.
Con cargo a
un porcentaje de su facturación.
Y el
contrato añade incluso algo más.
La empresa
puede exigir posteriormente al Ayuntamiento que demuestre que ese dinero se ha
destinado efectivamente a esa finalidad.
Es decir, no
se trata de un fondo genérico.
Tiene un
destino muy concreto:
garantizar
que exista un control efectivo del contrato.
Entonces surge la gran
pregunta
Si durante
estos tres años no ha existido ese Responsable del Contrato...
¿Quién ha
estado realizando todas esas funciones?
¿Quién ha
supervisado las inversiones?
¿Quién ha
comprobado el cumplimiento de los plazos?
¿Quién ha
verificado las obligaciones técnicas?
¿Quién ha
controlado la reposición anual del 12,5 % de los contadores prevista en el
contrato?
¿Quién ha
comprobado la ejecución del Plan de Inversiones Inicial?
¿Quién ha
controlado los indicadores del servicio?
¿Quién ha
realizado los informes de seguimiento?
Son
preguntas muy sencillas.
Pero siguen
sin respuesta.
Solo una inversión ejecutada
Durante este
trabajo de revisión también hemos comprobado otro dato preocupante.
Dentro del
contrato, Hidralia asumió un Plan de Inversiones Inicial de 3.664.751,29
euros, que debía ejecutarse durante los cuatro primeros años de la
concesión.
Sin embargo,
a día de hoy, la única actuación ejecutada, que no acabada, de ese plan ha sido
la conexión del anillado de abastecimiento de la Ronda Circunvalación Este-Sur.
El resto de
actuaciones comprometidas continúan pendientes.
Esto no
significa necesariamente que toda la responsabilidad corresponda a la empresa.
Precisamente
por eso la fiscalización resulta tan importante.
Porque sin
un seguimiento serio del contrato es imposible conocer dónde se producen
realmente los retrasos y quién debe asumir cada responsabilidad.
Un cambio de discurso
Hay otro
aspecto que llama la atención.
Cuando
comenzaron las obras de la Ronda Circunvalación, el alcalde presentó
públicamente la actuación como un logro del Ayuntamiento.
Sin embargo,
cuando aparecieron los problemas para obtener la autorización necesaria para
atravesar una carretera de Villanueva de Córdoba y las obras quedaron
paralizadas, el discurso cambió.
Entonces la
responsabilidad pasó a atribuirse exclusivamente a la empresa concesionaria.
Desde
Izquierda Unida creemos que gobernar implica asumir responsabilidades tanto
cuando las cosas salen bien como cuando aparecen dificultades.
Y, sobre
todo, ejercer un seguimiento activo para que los contratos públicos se cumplan.
Lo que terminó reconociendo el
alcalde
Después de
meses preguntando por el Responsable del Contrato, finalmente, en el Pleno de
junio, el alcalde respondió que van a iniciar el procedimiento para
contratar a una empresa que realice esa función.
Esa
afirmación tiene una enorme importancia política.
Porque
supone reconocer que ese mecanismo de control todavía no estaba implantado.
Es decir, no
hablamos de una interpretación de Izquierda Unida.
Lo reconoce
el propio equipo de gobierno.
Y esa
admisión llega únicamente después de que llevemos meses insistiendo sobre este
asunto en comisiones, registros de entrada y Plenos.
Si no
hubiéramos realizado este trabajo de fiscalización, probablemente este
incumplimiento seguiría pasando desapercibido.
Otra cuestión pendiente:
la actualización de las tarifas
La falta de seguimiento del contrato no solo afecta al control de las inversiones.
También afecta a uno de sus aspectos económicos más importantes.
El contrato establece que durante los dos primeros años de la concesión las tarifas permanecerían sin revisión.
A partir del tercer año, el procedimiento cambia y puede iniciarse la actualización de las tarifas conforme a lo previsto en el propio contrato.
Ese momento ya llegó.
Y sabemos que Hidralia presentó formalmente al Ayuntamiento la solicitud de revisión de las tarifas, tal y como prevé el contrato.
Sin embargo, el Ayuntamiento todavía no ha aprobado esa revisión.
Es decir, existe una solicitud presentada por la empresa y un procedimiento que continúa sin resolverse.
Esto plantea nuevas preguntas.
Porque la empresa tiene obligaciones, pero también derechos derivados del contrato.
Si el Ayuntamiento retrasa indefinidamente la tramitación de una revisión económica prevista contractualmente, es necesario explicar qué consecuencias puede tener esa decisión.
Desde Izquierda Unida preguntamos:
¿Por qué no se ha resuelto todavía la revisión de las tarifas?
¿En qué situación administrativa se encuentra el expediente?
¿Está asumiendo el Ayuntamiento algún tipo de compensación económica derivada de este retraso?
Si no existe compensación, ¿puede esta situación desembocar en una futura reclamación económica por parte de la concesionaria?
A poco menos de un año de las próximas elecciones municipales, resulta inevitable plantearse otra cuestión.
¿Se está retrasando la aprobación de unas tarifas que supondrán una subida importante para evitar el coste político que ello conlleva?
Si esa fuera la estrategia, que es lo que todo indica, estaríamos ante una forma de gestionar que no resuelve el problema, sino que simplemente lo aplaza para el que venga después.
Porque los derechos económicos reconocidos en el contrato no desaparecen por dejar pasar el tiempo.
Retrasar una decisión hoy significa trasladar un problema mayor a la próxima corporación municipal, que tendrá que afrontar una situación más compleja y, posiblemente, con un mayor impacto económico para las arcas municipales.
La responsabilidad de un gobierno no consiste en posponer las decisiones difíciles hasta después de unas elecciones, sino en gestionar los contratos públicos conforme a la legalidad, con transparencia y pensando en el interés general.
¡Si no son capaces de enfrentarse a la subida que no hubiesen privatizado el servicio!
Fiscalizar también mejora la
gestión
Algunas
personas entienden la oposición únicamente como presentar mociones o intervenir
en los Plenos.
Pero una
parte muy importante de nuestro trabajo consiste en revisar expedientes,
estudiar contratos y decretos, comparar documentos y comprobar que las administraciones
cumplen la normativa.
Eso requiere
muchas horas.
Horas que no
se ven.
Horas de
lectura.
De análisis.
De
comparación.
De búsqueda
de documentación.
De
preparación de preguntas.
Y
precisamente ese trabajo es el que ha permitido sacar a la luz esta situación.
No buscamos
generar titulares.
Buscamos que
el Ayuntamiento funcione mejor.
Porque
cuando un contrato público se controla correctamente:
se protegen los recursos
públicos;
se garantiza que las
inversiones se ejecuten;
se vigila que la empresa cumpla
sus obligaciones;
y se ofrece un mejor servicio a
la ciudadanía.
Ahora toca llegar hasta el
final
El anuncio
realizado por el alcalde no cierra este asunto.
Al
contrario.
Abre una
nueva fase de fiscalización.
Desde
Izquierda Unida vamos a solicitar toda la documentación relativa a este
procedimiento.
Queremos
conocer:
la designación del Responsable
del Contrato;
la empresa o persona finalmente
contratada;
las funciones concretas que
desarrollará;
la financiación prevista
mediante el 0,85 % establecido en el contrato;
las actas de la Comisión de
Seguimiento;
la propuesta técnica presentada
por Hidralia durante la licitación;
y toda la documentación
relativa al seguimiento realizado desde el inicio de la concesión.
Porque tres
años sin ejercer plenamente un mecanismo de control previsto en la Ley de
Contratos del Sector Público y en el propio contrato no pueden quedar
simplemente en un "a partir de ahora lo haremos".
Si una
administración exige a cualquier empresa que cumpla el contrato, debe empezar
por cumplir ella misma las obligaciones que ese contrato le impone.
Y esa es,
precisamente, la labor que seguiremos realizando desde Izquierda Unida:
estudiar, preguntar, fiscalizar y exigir explicaciones para que los contratos
públicos se gestionen con el rigor, la transparencia y la responsabilidad que
merecen los vecinos y vecinas de Pozoblanco.