IULV-CA Pozoblanco: Mujeres al tajo por Selina Robles

Discriminación de género en el mundo rural
La pérdida de derechos laborales está siendo tan alarmante que las condiciones de trabajo para las mujeres llegan a ser de máxima explotación

El patriarcado también se manifiesta y oprime en el campo. Las mujeres rurales están sufriendo las consecuencias de la crisis-estafa del capitalismo que, con la reducción de los servicios públicos por los recortes en sanidad, educación y dependencia, sumado al aumento del desempleo masculino, son obligadas -por la vía de los hechos- a volver, si es que alguna vez salieron del todo, a las tareas domésticas y a la economía sumergida.

En el medio rural no se contratan mujeres porque para las tareas agrícolas están mejor capacitados los hombres; o porque ante la falta de oferta de empleo, si hay que decidir a quién se le da un puesto de trabajo disponible siempre caerá del lado del “cabeza de familia”.

Son dos argumentos machistas, carentes de todo fundamento si atendemos, primero, a que las mujeres han desarrollado y desarrollan las tareas más duras y peor pagadas en el campo. Cuando termina la jornada de trabajo para los hombres, son ellas, las mujeres las que continúan con la jornada en el hogar: las tareas domésticas y el cuidado de menores y mayores. Incluso en algunos casos, son asalariadas en otros sectores laborales.

Y, segundo, porque expulsando a las mujeres del mundo laboral y condenándolas a la precariedad se les niega su derecho a la autonomía y a su promoción social; lo que a su vez incrementa el empobrecimiento general de la población, aumentando la emigración juvenil con lo que aumenta el despoblamiento y el envejecimiento de las zonas rurales.

En los años de la burbuja inmobiliaria y el boom de la construcción, la demanda de mano de obra en este sector hizo que los hombres abandonaran el campo por un trabajo mejor pagado. Esto facilitó el acceso de las mujeres a tener empleo en este sector y todos -y principalmente todas- sabemos que un empleo es el primer paso para la independencia económica y personal de las personas que tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo.

Ahora, la vuelta de los hombres al campo por la caída de la construcción las desplaza de nuevo y las mantiene en la inseguridad que supone no llegar a los jornales necesarios, por falta de contrato, para poder cobrar el subsidio agrario; con lo que quedan expulsadas del Sistema Especial Agrario, no pudiendo cotizar para acceder en el futuro a una pensión contributiva por jubilación.

La pérdida de derechos laborales y de libertades está siendo tan alarmante que las condiciones de trabajo para las mujeres en este sector llegan a ser, en algunos casos, de máxima explotación, de casi esclavitud. Cabe recordar el caso que denunció recientemente la Unión Provincial de CCOO en la provincia de Sevilla. Cincuenta trabajadoras en dos naves en las que trabajaban sin dar de alta, cobrando lo que quisieran pagarles, haciendo aderezo para aceitunas y en el caso de que alguien extraño llamase a la puerta, las hacían permanecer en silencio y escondidas en contenedores de una fábrica abandonada contigua, con la puerta cerrada por fuera para que no pudieran abrir si alguien llamaba. La sanción para el empresario ha sido de quinientos mil euros, pero no todo se soluciona con dinero. Ninguna cantidad paga por la dignidad y los derechos de las personas.

Otro sector de mujeres rurales discriminado son las que forman parte de una pequeña explotación agraria familiar o aquellas que son propietarias de una pequeña explotación. Las primeras, no cotizan a la seguridad social porque su trabajo se considera complementario al de los hombres de la familia. Sí lo hacen los maridos, padres e incluso los hijos –aunque desempeñen una labor temporal-, repercutiendo para ellas negativamente esta situación en la independencia económica y en el derecho a una jubilación digna.

Para las pequeñas propietarias la situación no mejora sustancialmente ya que aunque sean propietarias, en muchos casos, la explotación de la propiedad la ejercen los hombres. Aquellas que sí ejercen la explotación del terreno, lo hacen sometidas a la discriminación por ser mujeres en un mundo muy masculinizado y machista.

La agricultura y la ganadería son el sector primario de la economía y cualquier país que sea -o quiera ser- una potencia económica, cuida y protege este sector principalmente porque contribuye, en gran medida, a aumentar su riqueza y a garantizar tanto la subsistencia de las personas, como la sostenibilidad medioambiental.

Pero los gobiernos españoles del bipartidismo (PP-PSOE) no han tenido ni la voluntad política ni la visión de futuro necesaria para implementar medidas de intervención, protección y mejora por un lado, de la producción del sector agrícola para hacer rentables los cultivos a las pequeñas producciones; por otro lado, de garantizar los derechos laborales y eliminar la discriminación de las trabajadoras del medio rural.

Al contrario, el retroceso es cada vez mayor y los tratados comerciales TTIP, TISA y CETA, negociados a espaldas de la ciudadanía, van a agrandar más las diferencias y a alejar más los derechos y la democracia.