El Gobierno de Rajoy no cuenta con la mayoría parlamentaria lo que le obliga a dialogar y negociar cualquier política que tenga que ver con la cuestión territorial, con la cuestión social y con cualquier otra que deba ser refrendada por el Parlamento.
Esta nueva situación política y económica que se ha abierto en el Estado español hace posible y necesario el Diálogo Social y la negociación, para que el crecimiento de la economía se ponga al servicio de la mayoría de la sociedad (trabajadores y trabajadoras, pensionistas, mujeres, jóvenes...) y no se siga beneficiando a los más ricos.
La solución a los graves problemas de la gente no puede esperar más. No se pueden acordar políticas contra los derechos y las condiciones de vida y trabajo de los más débiles. Hay que rechazar estas políticas basadas en la reducción del gasto que no tienen en cuenta las graves consecuencias sociales. El Gobierno y los partidos políticos con representación parlamentaria deben priorizar una política presupuestaria expansiva que recupere la economía, la sostenibilidad del modelo social y refuerce las redes de protección.
Es el momento de negociar, pero también de movilizar para que el diálogo social y la negociación tengan efectos tangibles, para que se atienda a los problemas de la ciudadanía.
Para CCOO los objetivos que deben guiar la acción del Gobierno son: consolidar el crecimiento; reducir el desempleo y recuperar la calidad del empleo; atajar la pobreza en sus múltiples manifestaciones; sostener el modelo social; y recuperar la calidad perdida de los servicios públicos.
Apostamos por un proceso de diálogo social con objetivos a corto plazo, en torno al debate de los Presupuestos Generales del Estado para el 2017. Por un lado, en una primera fase del diálogo social, el Gobierno debe incrementar las pensiones teniendo en cuenta la inflación y que no pierdan poder adquisitivo. Por otro, se debe iniciar la recuperación del empleo y los salarios en el sector público mediante una oferta de empleo público extraordinaria y un incremento de los salarios en línea con las propuestas que demandamos en el sector privado. Para ello urge la convocatoria de la Mesa de la Función Pública.
Además, incrementar el Salario Mínimo Interprofesional en 800 euros para el año 2017 y avanzar en el periodo de la legislatura a que el SMI alcance el 60% del salario medio, tal como recoge la Carta Social Europea. El SMI acordado estos días entre el PSOE y el Gobierno del PP, además de ser insuficiente y alejado de la demanda de CCOO significa un golpe al diálogo social entre interlocutores sociales y Gobierno, e ignorando la propuesta de ley aprobada en el parlamento en días anteriores a la que solo se opuso el PP.
La evolución de los salarios es determinante para el futuro del modelo social, en cuanto a sus efectos sobre el Sistema Público de Pensiones, y sobre la recaudación fiscal que financia el gasto público.
El reparto primario de la renta entre salarios y beneficios empresariales determina la capacidad del estado para desarrollar políticas sociales. Por ello, es el momento de incrementar las rentas salariales para mejorar el poder adquisitivo de los salarios y ganar participación en el reparto de las rentas, además de eliminar la brecha salarial.
A las demandas anteriores habría que añadir, el incremento de la inversión pública, la puesta en marcha de la prestación de ingresos mínimos y la reversión de los recortes sociales.
El proceso de concertación debe continuar a lo largo de la legislatura, para concretar los siguientes planes:
- Reducir el desempleo, con especial atención a las personas paradas de larga duración y a los jóvenes (el objetivo sería el de reducir el paro por debajo del 10 % en esta legislatura);
- Contra la pobreza y la exclusión social, con especial atención a la infancia, las carencias alimentarias, la pobreza energética, etc.
- Contra la violencia machista;
- Para fortalecer las redes de protección social, tanto en la vertiente de las pensiones como en lo que respecta a la protección por desempleo. La creación de empleo de calidad es condición necesaria pero no suficiente para garantizar en el futuro la calidad de las pensiones, para ello hay que derogar la reforma de 2013 e incorporar ingresos adicionales desde los presupuestos generales del Estado.
Es fundamental el desarrollo de un nuevo modelo productivo que apueste por la industria, la innovación y la ciencia, a la vez que impulse: un plan de inversión en infraestructuras, la rehabilitación urbana, las energías renovables, la agenda digital, etc. Hay que acordar sobre la formación y la cualificación, la prevención de riesgos laborales y sobre los autónomos.
No cabe duda de que la consecución de estos objetivos exige al Gobierno renegociar con Bruselas la senda de consolidación fiscal para defender los intereses de España y promover políticas sociales y económicas que beneficien a la mayoría de la sociedad.
CCOO situamos el escenario de concertación con objetivos reales y concretos, con plazos de ejecución definidos y posibles, en un diálogo social efectivo y verificable.
Queremos negociar, acordar, buscar soluciones, pero nos parece fundamental la participación de la ciudadanía, la movilización social.
En esta legislatura hay que recuperar derechos y atender a las personas. El Gobierno tiene que sentir la presión de la ciudadanía para cambiar las políticas y atender las necesidades sociales.
Los límites establecidos por Rajoy en la primera reunión mantenida con CCOO y UGT obstaculizan el diálogo y dificultan la negociación. La acción del Gobierno no debe mantenerse en el estrecho marco de los compromisos de consolidación fiscal que ha asumido y las reformas realizados en la legislatura anterior.
El diálogo social debe ser real y tener resultados materiales concretos, entre ellos: la reactivación económica y el empleo de calidad; la derogación de las reformas laborales, de la ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración Local, del artículo 315.3 del Código Penal, que reprime el ejercicio del derecho de huelga; de la LOMCE. Además, se deberán asegurar los servicios públicos, reformar la fiscalidad, garantizar las pensiones, reforzar los sistemas de protección social.
No cabe duda de que las movilizaciones convocadas este mes de diciembre inician la senda que nos debe conducir a revertir las políticas de austeridad.
Las personas y los derechos lo primero. Hay que defenderlos. Toca movilizarse.
Ramón Górriz. Secretario Confederal de Acción Sindical de CCOO
