Sánchez Mato valora que “con el techo de gasto de 118.337 millones de euros para el año próximo decidido por este Gobierno tramposo y antisocial, Mariano Rajoy alarga la senda de las políticas de austeridad para reducir el gasto público justo en un momento en el que tanto la OCDE, como el Banco Central Europeo (BCE) o hasta el G7, el G20 y los EE.UU recomiendan incrementos del gasto y de la inversión públicas para estimular la actividad económica”.
“El Ejecutivo del PP y sus compañeros de viaje del PSOE -afirma- se sitúan también así a contracorriente de las recomendaciones de la Comisión Europea, que va a iniciar un programa de estímulo fiscal de 50.000 millones de euros”, algo parecido a lo que, a su vez, persigue EE.UU con su anunciado plan de estímulo cercano al billón de euros.
El dirigente federal de IU avisa que “ya se ha recortado demasiado” y lo cifra en “cerca de 78.000 millones de euros en partidas sociales desde 2010, mucho más de lo que hay hoy día de déficit público”.
Frente al “camino equivocado e irracional” decidido por el equipo económico de Mariano Rajoy, Sánchez Mato entiende que “lo que se debe haber es un incremento para que el Estado gaste e invierta más. Nuestro país sufre un déficit crónico de gasto público, que es cerca de 6 puntos porcentuales del PIB menor que la media europea y 13 menos que países de nuestro entorno, como Francia”.
Apunta que “para incrementar el PIB y los ingresos de las familias y las empresas españolas necesitamos más gasto agregado en la economía. Como las empresas y familias no gastan ni invierten más porque están muy endeudadas y no atisban posibilidades de negocio es imprescindible que la subida en el gasto venga del sector público. Y esto debe ser así no para construir aeropuertos sin aviones o para dárselo a los ‘amiguetes’ de turno, sino para invertir en sectores económicos punteros y de alta tecnología, crear empleo directo, para cubrir los servicios esenciales de educación, sanidad, dependencia o las pensiones”.
Carlos Sánchez Mato recuerda que “precisamente en 2014, 2015 y 2016 el Gobierno del PP sí decidió aumentar por motivos electorales el gasto discrecional, es decir, el que consideran Rajoy, Montoro y De Guindos, no el que es resultado del ciclo económico, tal y como revelan y constatan los datos de la Comisión Europea. Por ello el PIB ha crecido y el déficit público se ha reducido, mientras que la deuda pública sobre el PIB se mantiene en torno al 100% “.
Subida de impuestosPor otra parte, el Consejo de Ministros también ha aprobado medidas tributarias para recaudar cerca de 7.500 millones de euros más, consistentes en eliminar determinadas desgravaciones en el Impuesto sobre Sociedades, el aumento de los impuestos especiales que gravan el alcohol y el tabaco, al tiempo que se crea una nueva figura impositiva para gravar las bebidas azucaradas.
Para el responsable económico de IU, “resulta vergonzoso que estos mismos hombres de confianza de Rajoy, que hace poco más de un año no tuvieron ningún empacho de aplicar una desastrosa bajada fiscal en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades sólo por objetivos electoralistas a costa de empeorar la situación económica, enjuaguen ahora el déficit utilizando los impuestos indirectos, que afectan en mayor medida a las rentas más bajas”.
“Su prepotencia y su enorme improvisación -critica Sánchez Mato- les lleva a no asumir responsabilidad política alguna pese a los bandazos que llevan a dar marcha atrás a decisiones anteriores como el incremento de los tipos a cuenta en el Impuesto de Sociedades”.
En su opinión, “el Gobierno del PP incrementa impuestos de forma injusta al tiempo que sigue perdonándole el fraude fiscal a las grandes fortunas. No podemos olvidar la amnistía fiscal que aplicó en 2012 y que supuso a sus beneficiarios regularizar un patrimonio oculto de 2.800 millones de euros a cambio de pagar únicamente en torno al 3% de media cuando, cualquier contribuyente paga porcentajes mucho más elevados por sus ingresos”.
Para el dirigente federal de IU, el Ejecutivo ‘popular’ “sigue penalizando fiscalmente sobre todo a los asalariados a través de este incremento en los impuestos especiales, mientras que realiza muy pocos esfuerzos para combatir el elevado fraude fiscal de las grandes empresas y grandes fortunas”.
Carlos Sánchez Mato avisa de que “mientras, informes de la propia patronal revelan que el fraude de las rentas empresariales está cercano al 47%, el de las rentas del capital inmobiliario, al 55%, y el de las rentas de acciones y bonos, al 60%”.
