La Comisión Europea ha multado con 485 millones de euros a Credit Agricole, HSBC y JP Morgan por su participación en este acuerdo ilegal que la propia comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, ha tachado como ‘muy lucrativo para los bancos’ y radicalmente contrario a las normas europeas en materia de competencia.
Los ‘traders’ de los bancos que han sido sancionados negociaban entre ellos el valor que cada entidad iba a ofrecer para calcular a diario el euríbor y sus estrategias de negociación. Así, la aparente fijación del valor del euríbor por parte del mercado era una pura ficción, sustituida por una artificial pantomima para maximizar los beneficios de las entidades que participaban en ella.
El responsable económico de IU muestra su “asombro” por el hecho de que “el tipo de interés al que están referenciados la inmensa mayoría de los contratos financieros, no sólo préstamos, sea un indicador privado, al ser una marca registrada por la Federación Europea Bancaria que agrupa a las principales entidades financieras de la Unión Europea.
De ahí que se pregunte si “¿alguien en su sano juicio podía pensar que los representantes del panel de bancos que participan en la fijación de precios no iban a actuar en beneficio propio y en perjuicio del conjunto de los ciudadanos?”
Sánchez Mato pone también sobre la mesa “la más contundente critica de Izquierda Unida al monto de las multas acordadas, absolutamente insuficiente con respecto a lo que puede haber supuesto la cantidad defraudada por el conjunto de las entidades. Es vergonzoso que la Comisión Europea no haya publicado los cálculos económicos del expolio cometido con la única intención de proteger a los delincuentes confesos”.
En este contexto, advierte de que “los incentivos para cometer nuevas malversaciones y para maquinar variaciones de precios en búsqueda de astronómicas ganancias siguen siendo enormes”.
Además, el dirigente federal de IU destaca una cuestión fundamental para la ciudadanía como es que “los términos técnicos de la decisión de la Comisión Europea excluyen de manera expresa futuras reclamaciones de los afectados en calidad de clientes por tener préstamos hipotecarios. De esta forma, la CE desde su aparente papel de ‘Robin Hood’ muestra su verdadero rostro ya que, aunque cabe la posibilidad de actuar de forma privada ante los tribunales por los daños ocasionados, la sanción no reconoce de manera automática el derecho a la reclamación”.
“Es decir -resume Sánchez Mato-, se reconoce un brutal expolio pero no se activan los medios que permitan resarcir los daños. De un plumazo evitan las devastadoras consecuencias económicas que la devolución de lo sustraído tendría sobre las entidades bancarias”. Pese a que la comisaria Vestager confirmó que las prácticas realizadas fueron ‘muy lucrativas para los bancos’, “no ha querido calcular en qué medida lo han sido y plantearse un cálculo del beneficio obtenido. Esta actuación es un perverso incentivo para los transgresores”.
Propuesta de Izquierda UnidaUna vez conocida la respuesta de las autoridades europeas, Izquierda Unida considera que “había otras opciones a barajar por parte de la Comisión Europea si en vez de utilizar su poder político para proteger a las entidades de las nefastas consecuencias de sus actuaciones hubiera velado por el interés de los ciudadanos”. Carlos Sánchez Mato expone que deberían haber tomado las siguientes decisiones:
1. Establecimiento del tipo de interés oficial del dinero por el Banco Central Europeo como único indicador legal para los contratos de préstamo en la Unión Europea. Ni ha sido la primera vez, ni hay garantías para los consumidores de que no se produzcan nuevas manipulaciones con mecanismos más sofisticados que los torpes manejos desvelados.
2. Es imprescindible que la Comisión Europea haga público el cálculo del fraude cometido. Técnicamente es perfectamente posible calcular la diferencia entre el índice falseado y el que hubiera resultado si se hubiera aplicado la media real de las operaciones efectuadas. Eso permitiría definir el perjuicio ocasionado.
3. Restitución inmediata de todos los fondos estafados, no sólo por las entidades que han reconocido formar parte del cártel que manipulaba los índices, sino también por todos los bancos que se han beneficiado de las irregularidades.
4. Imposición de una multa de, al menos, el 300% del importe defraudado y prohibición a las entidades participantes en el cártel de operar en los mercados financieros durante un período de 10 años.
