Enrique Díez, coordinador del Área Federal de Educación de Izquierda Unida, avisa de que con la continuidad del ministro “sigue muy vigente la pretensión del PP para convertir la educación pública en fuente de negocio para los de siempre, desviando alumnado y dinero público hacia la enseñanza privada, como hemos visto durante todo su mandato sin que les tiemble el pulso”
“La intransigencia de los gabinetes de Mariano Rajoy -explica-, junto a su incapacidad para escuchar a la comunidad educativa rivalizan con su firme ideología privatizadora y segregadora al servicio de las élites. Entendemos que sigue muy vigente su pretensión para convertir la educación pública en fuente de negocio para los de siempre, desviando alumnado y dinero público hacia la enseñanza privada, como hemos visto durante todo su mandato sin que les tiemble el pulso”.
Díez entiende que “se mantienen ahí la imposición de la LOMCE y de los drásticos recortes educativos, que han supuesto pasar de 53.375 millones de euros de inversión educativa en 2009 a 46.000 en 2014. Es un recorte de más de 7.000 millones que nos sitúa en el puesto 25 de los 35 países de la OCDE en inversión educativa y que ha supuesto que tengamos 30.000 docentes menos en la escuela pública para una población escolar que ha aumentado”.
El responsable del Área Federal de Educación de IU señala que “no es de extrañar, por eso, que ya se anuncien movilizaciones para el 24 de noviembre contra las reválidas, la LOMCE y los recortes educativos, continuando las que vaciaron las aulas y sacaron a las calles a la sociedad en la primera huelga educativa de este curso del pasado 26 de octubre, que reclamaba exactamente lo mismo y que el ministro ni escuchó, ni cambio un ápice. Esto nos da la medida de su ‘talante’ y del modelo que va a continuar: anunciar cambios que nada cambian”.
Enrique Díez indica que “Izquierda Unida mantiene intactas sus exigencias para la inmediata derogación de la LOMCE, que sólo apoya el PP, además de su apuesta por una nueva ley educativa que surja del acuerdo logrado por toda la comunidad educativa y plasmado en el Documento de bases para una nueva Ley de educación, Acuerdo social y político educativo, coordinado por el Foro de Sevilla”.
“De ahí que consideremos la ratificación de Méndez de Vigo como un paso atrás, una oportunidad perdida y una mala noticia para familias, estudiantes, docentes y la gran masa social que apoya un verdadero cambio político. Ahora más que nunca sigue siendo necesaria una ley estable que defienda una educación pública, laica, gratuita, inclusiva, sin reválidas ni rankings, y al servicio del desarrollo integral de las personas y de un mundo más justo y mejor”, apostilla.
