La proposición no de ley, que firma el diputado de IU Miguel Ángel Bustamante, portavoz de esta formación en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, se completa con la petición para “suspender de manera permanente la realización de maniobras militares y bombardeos del Ejército español y de ejércitos de los Estados miembros de la OTAN que se realizan en Bardenas, incluyendo la denominada ‘Operación Tormenta’”.
Esta operación tiene lugar anualmente y en ella, al igual que en los entrenamientos y maniobras efectuados habitualmente, se utiliza fuego real, tal y como indica en su propia web el Ejército del Aire.
Bustamante traslada en su iniciativa su preocupación por el hecho de que este tipo de bombardeos cotidianos se ejecutan por parte de las Fuerzas Armadas de nuestro país y del resto de miembros de la OTAN “sin que se conozca cuál es el armamento utilizado ni los riesgos que pueda entrañar para la población, la biodiversidad o el medio ambiente”.
Izquierda Unida tiene muy en cuenta para plantear esta iniciativa el hecho de que las Bardenas Reales “tienen una extensión de 42.500 hectáreas y son un espacio natural de mucha importancia biológica con una de las más altas figuras de protección ambiental, Parque Natural y Reserva Mundial de la Biosfera”.
Bustamante apostilla que “pese a tener este altísimo grado de protección ambiental, las Bardenas Reales tienen en su territorio desde 1951 el mayor polígono de tiro y bombardeo de la OTAN en Europa. Es el único campo de tiro aéreo del que disponen el Ejército español y la Alianza Atlántica en Europa. La población de los 19 municipios de la zona debe coexistir con las 2.222 hectáreas que ocupa el campo de tiro y bombardeo en el que se adiestran los aviones militares y que, al mismo tiempo, se apropian de 50 kilómetros a la redonda del espacio aéreo alrededor del campo”.
Las poblaciones del entorno nunca han tenido oportunidad de dar su opinión al respecto y siempre han tenido que convivir con el polígono de tiro. No obstante, el rechazo y la oposición popular a esta instalación militar han sido permanentes. A pesar de la represión sufrida, en noviembre de 1987 se constituyó la Asamblea Antipolígono que está apoyada, desde el principio, por partidos políticos y colectivos sindicales, culturales y sociales, entre los que está Izquierda Unida.
El uso continuado del polígono de tiro ha provocado decenas de accidentes graves, en buena parte de los cuales tanto los aviones accidentados como las bombas ‘perdidas’ han puesto en grave riesgo para la población civil de las zonas urbanas de su entorno.
Miguel Ángel Bustamante expone que su desmantelamiento “es una exigencia ciudadana que se sustenta en la defensa de la paz frente al militarismo y la guerra, en la necesidad de garantizar la seguridad de la población, así como la preservación de los valores ecológicos y ambientales de un territorio protegido”.
“Además -apostilla-, su cierre es también una necesidad social y económica. Sufrimos una despiadada crisis económica con insoportables niveles de paro y pobreza, y es más urgente todavía priorizar el gasto social frente al militar”.
Por todo ello, la proposición no de ley se completa con dos últimos puntos de carácter más genérico donde se plantea directamente “acordar la salida del Estado español de la OTAN, así como la retirada de las bases militares extranjeras”, además de “reducir drásticamente el presupuesto militar y renunciar a la venta de armas a países que violan los derechos humanos”.
