El portavoz parlamentario de IU detalla en una iniciativa registrada en el Congreso que “considerando que el gasto público por beneficiario del sistema es de cerca de 8.500 euros al año, las comunidades autónomas aportan 7.000 euros y la Administración General del Estado apenas 1.500 euros”
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas dirigida al Gobierno en funciones de Mariano Rajoy para que explique los motivos por los que “la Administración General del Estado aportó sólo el 18% de la financiación pública del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en 2015”.
Garzón basa su iniciativa parlamentaria en los datos aportados recientemente por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, cuyos responsables han expuesto que son las comunidades autónomas las que soportan el 82% del gasto. “Así, considerando que el gasto público por beneficiario del sistema es de cerca de 8.500 euros al año, las comunidades autónomas aportan 7.000 euros y la Administración General del Estado apenas 1.500 euros”, detalla.
El también coordinador federal de IU reclama, a su vez, que el Ejecutivo en funciones del PP aclare por escrito “¿Cómo valora las denuncias sobre la infrafinanciación del Sistema que viene realizando la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales?”, así como “¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para igualar la aportación autonómica en la financiación del sistema?”
Alberto Garzón recuerda que “la ley establece que el sistema debe ser financiado, en lo que respecta a recursos públicos, a partes iguales por la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Los datos que se manejan demostrarían que está infrafinanciado y que tienen razón de ser las denuncias que compartimos con distintos colectivos sobre los sucesivos recortes impuestos por el Gobierno desde 2012”.
El portavoz parlamentario de IU completa las cuestiones sobre las que interroga al Gobierno solicitando datos concretos sobre “¿cuál es el recorte de recursos acumulado por parte de la Administración General del Estado en la financiación del sistema desde la entrada en vigor del R.D.L. 20/2012? (de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad)” y “¿cuál es el número de personas dependientes que no recibe ninguna prestación o servicio?”
De ahí que Alberto Garzón apostille que “los datos que ofrece el Observatorio son difícilmente cuestionables y evidencian el débil compromiso del Gobierno con las comunidades autónomas, que son quienes responden ante las personas dependientes y con el sistema de atención a la dependencia”.