El portavoz adjunto del grupo, Alberto Garzón, había invitado previamente a los socialistas a sacar adelante una ley “totalmente diferente” y aprovechar esta “oportunidad para romper el eje vertebral de las políticas de austeridad y del dogma neoliberal que nos han traído consecuencias dramáticas para nuestra sociedad y nuestra economía
El Pleno del Congreso ha aprobado -20/octubre/2016- la proposición de ley del PP para reformar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y que un Gobierno en funciones pueda fijar los nuevos objetivos de déficit y de deuda en las distintas administraciones. PP y PSOE han sumado sus votos para tumbar tanto la enmienda a la totalidad con texto alternativo como las 32 enmiendas parciales registradas por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, defendidas previamente, entre otros, por el portavoz adjunto del grupo y de Izquierda Unida en la Cámara Baja, Alberto Garzón.
Garzón, con una exposición muy didáctica, invitó directamente al PSOE a sacar adelante “una Ley de Estabilidad totalmente diferente” y aprovechar así esta “oportunidad para romper el eje vertebral de las políticas de austeridad y del dogma neoliberal que nos han traído consecuencias dramáticas para nuestra sociedad y nuestra economía”.
“El PP no va a hacernos caso -recordó a los socialistas el coordinador federal de IU-, pero es que no suma la mayoría”. En esta misma línea, les apuntó que en caso de apoyar la treintena de enmiendas -que se han votado por separado y no en bloque para facilitar que fueran aceptadas- “que, por cierto, aparecen en su programa electoral, tendremos al final del día una ley totalmente diferente a la que ha traído el PP, mucho mejor para la mayoría social trabajadora de este país”.
En la exposición de motivos de sus enmiendas, Unidos Podemos explica que esta Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ahora reformada puntualmente -que aprobó originalmente el Gobierno del PP en 2012, poco después de llegar al poder- es consecuencia de la reforma urgente del artículo 135 de la Constitución pactada por ‘populares’ y socialistas, “una reforma frontalmente antisocial” que fija la “prioridad absoluta” de pagar la deuda y sus intereses antes que garantizar servicios públicos esenciales como educación, sanidad o la dependencia.
Entre las enmiendas debatidas y rechazadas estaba la de introducir en la norma una excepcionalidad en su cumplimento basada en la situación financiera. Los límites presupuestarios quedarían suspendidos en caso de registrarse una tasa de desempleo superior al 10% y durante un período en el que la tasa de población en riesgo de pobreza se situara en los cinco años precedentes por encima de la media europea. Se valoraba que el déficit es consecuencia de registrar una tasa de paro muy alta y que “la mejor forma de reducirlo es a través de la creación de empleo”.
También se contemplaba ampliar la posibilidad de incurrir en déficit estructural -desde el 0,4% establecido hasta el 1%-, considerándolo “inversiones que tendrán en el futuro un importante impacto positivo en la economía, en el empleo, y en los ingresos fiscales de las administraciones públicas”.
Otras enmiendas iban dirigidas a eliminar los mecanismos de intervención previstos en la ley, las “medidas punitivas y coercitivas” y que se tenga que reducir el déficit un 0,8% anual, teniendo en cuenta que “el pacto de estabilidad y crecimiento estipula que el déficit se tiene que reducir un 0,5%”.
