Iglesias estaba citado a mediodía de ayer para prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo por las denuncias que realizó sobre su caso personal, tras sumarse a la querella argentina por los crímenes de genocidio y lesa humanidad cometidos durante el franquismo, causa que instruye la jueza de ese país María Servini.
El ex coordinador de IU, como había informado la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), iba a ser el primer asturiano en declarar por esta querella interpuesta en 2010. Iba a ser así hasta que ayer mañana, apenas unos minutos antes de las 12,00h. en que había sido citado, se les comunicó tanto a él como a su abogada, Ana Messuti, que la titular del juzgado ovetense suspendía la declaración.
López Barceló denuncia “la absoluta falta de respeto y el trato degradante” recibido por Gerardo Iglesias, que pese a sus problemas de salud había hecho el esfuerzo de desplazarse hasta el juzgado, cuyos responsables podrían haberle comunicado la suspensión con la debida antelación para evitar problemas.
Se da la circunstancia de que ni Iglesias ni su representante legal han recibido una explicación oficial de las razones de la suspensión. Izquierda Unida ha conocido por diversos medios que el motivo es una instrucción de obligado cumplimiento remitida por la Fiscalía General del Estado el pasado 30 de septiembre. En ella se ordena a todos los representantes del ministerio público en los distintos juzgados del Estado que actúen para suspender las declaraciones de los distintos querellantes citados en esas sedes judiciales competentes.
Para la responsable de Memoria Democrática de IU “se está obstruyendo una investigación judicial que se lleva a cabo en el marco de los tratados de cooperación y asistencia judicial firmados por España y Argentina. Esta actitud obstruccionista puede situar al Estado español en una posición vulneradora de tales acuerdos”.
A su juicio, “la ya conocida falta de colaboración por parte de la Fiscalía y del Ministerio de Justicia en este caso, denunciada ya por lo afectados, sobrepasa ahora cualquier ‘línea roja’ con este nuevo episodio. De nuevo, algo inaceptable”.
“La hipocresía política del Gobierno en funciones del PP roza ya la esquizofrenia y el ridículo”, denuncia Esther López Barceló. La dirigente de IU señala que “por un lado el Ministerio de Justicia no tiene más remedio que tramitar los exhortos remitido por la jueza María Servini para seguir la investigación de esta causa en distintos juzgados del Estado español, mientras que por otro, a través del control que ejerce de la Fiscalía General, obstaculiza e impide de forma torticera las declaraciones de decenas de afectados, como ha ocurrido hoy con Gerardo Iglesias”.
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