- La responsable federal de Memoria Democrática de Izquierda Unida, Esther López Barceló, está en contacto con varios abogado/as de los querellantes, a quienes ha ofrecido todo el respaldo de esta organización para que sigan adelante con esta causa
- Considera que “el argumento de la Ley de Amnistía o la supuesta prescripción de los hechos no puede servir para evitar la declaración de testigos”, como justifica el ministerio público su actuación para impedir que presten testimonio
La dirigente federal de IU se refiere así a la orden dada por la Fiscalía General del Estado para provocar la suspensión de las declaraciones de los querellantes que la jueza Servini había citado ante diversos juzgados del Estado español para determinar si los crímenes cometidos durante la dictadura franquista pueden considerarse de genocidio y lesa humanidad.
Esta orden se ha canalizado a través de una instrucción de obligado cumplimiento remitida el pasado 30 de septiembre para que todos los representantes del ministerio público en todos los juzgados actúen para suspender esas declaraciones. El primer afectado práctico por todo esto ha sido Gerardo Iglesias, fundador y ex coordinador general de Izquierda Unida, además de ex secretario general del PCE, al que ayer se impidió declarar en un juzgado de instrucción asturiano en relación a las torturas que sufrió durante la dictadura franquista.
Iglesias estaba citado formalmente y llegó a acudir a las dependencias del Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo pese a sus problemas de salud, pero momentos antes de la hora prevista para la declaración se les comunicó tanto a él como a su abogada, Ana Messuti, que la titular del juzgado ovetense la suspendía.
Se da también la circunstancia de que esta suspensión de declaraciones alcanza también a las que deberían hacer la casi veintena de cargos y representantes del franquismo imputados en Argentina por sus responsabilidades durante la dictadura. La Fiscalía alega para ello la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977, la supuesta prescripción de los delitos y el argumento de que el franquismo, en caso de poder ser juzgado, debería serlo en nuestro país y no en ningún otro como Argentina.
López Barceló ha mantenido en las últimas horas contactos con lo/as abogado/as de los querellantes, a quienes les ha ofrecido todo el respaldo de Izquierda Unida para que sigan adelante con esta causa.
Considera que, legalmente, “el argumento de la Ley de Amnistía o la supuesta prescripción de los hechos no pueden servir para evitar la declaración de testigos, como es el caso. Que los hechos hayan sido amnistiados o estén prescritos es algo que tendrá que decidir el juez, a la vista de las investigaciones y actuaciones pertinentes, entre ellas la declaración de los testigos”.
“Esto no puede utilizarse de antemano por la Fiscalía -apostilla la responsable de Memoria Democrática de IU- para, precisamente, impedir la investigación. La amnistía y la prescripción se declaran al final del proceso, no en su inicio”.
Esther López Barceló muestra su preocupación por el hecho de que “parece que en este país sigue siendo más fácil ser ‘Billy el Niño’ que Gerardo Iglesias”, en alusión a Antonio González Pacheco, conocido torturador e inspector de policía durante el franquismo y la transición, para quien la jueza Servini pidió la extradición, rechazada por la Audiencia Nacional en 2014. “Es lamentable que a día de hoy haya que seguir recordando la necesidad de legislar a favor de las víctimas de la dictadura, mientras que parece que se sigue garantizando su impunidad”, señala la dirigente de IU.
“Esta actuación de la Fiscalía -insiste- es muy grave, primero porque debe ser garante de los derechos fundamentales y aquí actúa como todo lo contrario, ya que niega la posibilidad de que los querellantes ejerciten sus derechos en el marco de un proceso judicial. En segundo lugar, porque está obstruyendo una investigación judicial que se lleva a cabo en el marco de los tratados de cooperación y asistencia judicial firmados por España y Argentina. Su actitud obstruccionista puede situar al Estado español en una posición vulneradora de tales acuerdos”.
