Gracias al trabajo de control de IU a la gestión del gobierno del PP, en relación al contrato del Ciclo Integral del Agua, se destapa un incumplimiento que el propio alcalde ha acabado reconociendo
Durante los
últimos años, desde Izquierda Unida Pozoblanco hemos venido realizando un
seguimiento exhaustivo del contrato del ciclo integral del agua, uno de los
contratos públicos más importantes del Ayuntamiento tanto por su duración como
por su importe económico.
No se trata
de una concesión cualquiera.
Estamos
hablando de un contrato de 25 años que regula un servicio esencial para
todos los vecinos y vecinas de Pozoblanco y que obliga a la empresa
concesionaria no solo a prestar el servicio, sino también a ejecutar
importantes inversiones, renovar infraestructuras y cumplir numerosas
obligaciones técnicas y económicas.
Precisamente
porque hablamos de un contrato de esta magnitud, la legislación y el propio
pliego establecen mecanismos muy claros para garantizar que el Ayuntamiento
ejerza un control permanente sobre su ejecución.
Sin embargo,
tres años después de su adjudicación, todo apunta a que ese control simplemente
no ha existido.
Y lo más
llamativo es que ha sido el propio alcalde quien, tras meses de preguntas por
nuestra parte, ha terminado reconociendo en el Pleno de junio que ahora van
a iniciar el procedimiento para contratar a la empresa que ejercerá esa función.
Es decir,
han admitido implícitamente que durante estos tres años esa supervisión no se
ha realizado en la forma prevista en el contrato.
Un trabajo que comenzó hace mucho
Este asunto
no surge de una ocurrencia ni de un titular fácil.
Detrás de
esta publicación hay muchas horas de trabajo.
Durante meses
hemos:
- estudiado el contrato completo;
- revisado el Pliego de
Prescripciones Técnicas;
- analizado el Pliego de
Cláusulas Administrativas;
- comprobado el Plan de
Inversiones Inicial;
- solicitado documentación
mediante registros de entrada;
- preguntado reiteradamente en
las Comisiones de Urbanismo;
- planteado preguntas en Pleno.
Al
principio, las respuestas eran siempre las mismas.
Que ya nos
informarían.
Que lo
estaban viendo.
Que había
una comisión.
Que lo
estudiarían.
Pero nunca
se respondía a la pregunta principal.
¿Quién está
controlando el contrato?
Lo que dice el contrato
La respuesta
no depende de opiniones políticas.
Está escrita
en el propio contrato.
La cláusula
20.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas establece expresamente:
"De
acuerdo con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Contratos del Sector
Público, el Ayuntamiento designará un Responsable del Contrato al que
corresponderá supervisar su ejecución y adaptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la
prestación pactada."
Es decir, no
se trata de una posibilidad.
No es una
recomendación.
No es algo
que pueda hacerse cuando interese.
El contrato
establece que el Ayuntamiento designará un Responsable del Contrato.
Y además
determina cuáles son sus funciones.
Entre ellas:
- supervisar la ejecución del
contrato;
- vigilar el cumplimiento de
todas las obligaciones;
- dictar instrucciones al
concesionario;
- canalizar todas las
comunicaciones oficiales con la empresa.
En
definitiva, es la persona o entidad encargada de defender el interés general.
Además, el contrato prevé cómo
se financia ese control
Hay otro
aspecto especialmente importante.
Muchas veces
se intenta justificar la falta de medios municipales.
Pero el
propio contrato ya resolvió esa cuestión.
La misma
cláusula establece que cuando el Ayuntamiento designe una persona física o
jurídica ajena para ejercer esa función:
"Tanto
la retribución del Responsable del Contrato (...) como la realización de
estudios, análisis o controles puntuales (...) serán por cuenta del
Concesionario por un importe del 0,85 % del importe facturado por éste en cada
anualidad."
Es decir:
el coste de
la supervisión no debía salir del bolsillo de los vecinos.
Lo paga la
empresa concesionaria.
Cada año.
Con cargo a
un porcentaje de su facturación.
Y el
contrato añade incluso algo más.
La empresa
puede exigir posteriormente al Ayuntamiento que demuestre que ese dinero se ha
destinado efectivamente a esa finalidad.
Es decir, no
se trata de un fondo genérico.
Tiene un
destino muy concreto:
garantizar
que exista un control efectivo del contrato.
Entonces surge la gran
pregunta
Si durante
estos tres años no ha existido ese Responsable del Contrato...
¿Quién ha
estado realizando todas esas funciones?
¿Quién ha
supervisado las inversiones?
¿Quién ha
comprobado el cumplimiento de los plazos?
¿Quién ha
verificado las obligaciones técnicas?
¿Quién ha
controlado la reposición anual del 12,5 % de los contadores prevista en el
contrato?
¿Quién ha
comprobado la ejecución del Plan de Inversiones Inicial?
¿Quién ha
controlado los indicadores del servicio?
¿Quién ha
realizado los informes de seguimiento?
Son
preguntas muy sencillas.
Pero siguen
sin respuesta.
Solo una inversión ejecutada
Durante este
trabajo de revisión también hemos comprobado otro dato preocupante.
Dentro del
contrato, Hidralia asumió un Plan de Inversiones Inicial de 3.664.751,29
euros, que debía ejecutarse durante los cuatro primeros años de la
concesión.
Sin embargo,
a día de hoy, la única actuación ejecutada, que no acabada, de ese plan ha sido
la conexión del anillado de abastecimiento de la Ronda Circunvalación Este-Sur.
El resto de
actuaciones comprometidas continúan pendientes.
Esto no
significa necesariamente que toda la responsabilidad corresponda a la empresa.
Precisamente por eso la fiscalización resulta tan importante.
Porque sin
un seguimiento serio del contrato es imposible conocer dónde se producen
realmente los retrasos y quién debe asumir cada responsabilidad.
Un cambio de discurso
Hay otro
aspecto que llama la atención.
Cuando
comenzaron las obras de la Ronda Circunvalación, el alcalde presentó
públicamente la actuación como un logro del Ayuntamiento.
Sin embargo,
cuando aparecieron los problemas para obtener la autorización necesaria para
atravesar una carretera de Villanueva de Córdoba y las obras quedaron
paralizadas, el discurso cambió.
Entonces la
responsabilidad pasó a atribuirse exclusivamente a la empresa concesionaria.
Desde
Izquierda Unida creemos que gobernar implica asumir responsabilidades tanto
cuando las cosas salen bien como cuando aparecen dificultades.
Y, sobre
todo, ejercer un seguimiento activo para que los contratos públicos se cumplan.
Lo que terminó reconociendo el
alcalde
Después de
meses preguntando por el Responsable del Contrato, finalmente, en el Pleno de
junio, el alcalde respondió que van a iniciar el procedimiento para
contratar a una empresa que realice esa función.
Esa
afirmación tiene una enorme importancia política.
Porque
supone reconocer que ese mecanismo de control todavía no estaba implantado.
Es decir, no
hablamos de una interpretación de Izquierda Unida.
Lo reconoce
el propio equipo de gobierno.
Y esa
admisión llega únicamente después de que llevemos meses insistiendo sobre este
asunto en comisiones, registros de entrada y Plenos.
Si no hubiéramos realizado este trabajo de fiscalización, probablemente este incumplimiento seguiría pasando desapercibido.
Otra cuestión pendiente:
la actualización de las tarifas
La falta de seguimiento del contrato no solo afecta al control de las inversiones.
También afecta a uno de sus aspectos económicos más importantes.
El contrato establece que durante los dos primeros años de la concesión las tarifas permanecerían sin revisión.
A partir del tercer año, el procedimiento cambia y puede iniciarse la actualización de las tarifas conforme a lo previsto en el propio contrato.
Ese momento ya llegó.
Y sabemos que Hidralia presentó formalmente al Ayuntamiento la solicitud de revisión de las tarifas, tal y como prevé el contrato.
Sin embargo, el Ayuntamiento todavía no ha aprobado esa revisión.
Es decir, existe una solicitud presentada por la empresa y un procedimiento que continúa sin resolverse.
Esto plantea nuevas preguntas.
Porque la empresa tiene obligaciones, pero también derechos derivados del contrato.
Si el Ayuntamiento retrasa indefinidamente la tramitación de una revisión económica prevista contractualmente, es necesario explicar qué consecuencias puede tener esa decisión.
Desde Izquierda Unida preguntamos:
- ¿Por qué no se ha resuelto todavía la revisión de las tarifas?
- ¿En qué situación administrativa se encuentra el expediente?
- ¿Está asumiendo el Ayuntamiento algún tipo de compensación económica derivada de este retraso?
- Si no existe compensación, ¿puede esta situación desembocar en una futura reclamación económica por parte de la concesionaria?
A poco menos de un año de las próximas elecciones municipales, resulta inevitable plantearse otra cuestión.
¿Se está retrasando la aprobación de unas tarifas que supondrán una subida importante para evitar el coste político que ello conlleva?
Si esa fuera la estrategia, que es lo que todo indica, estaríamos ante una forma de gestionar que no resuelve el problema, sino que simplemente lo aplaza para el que venga después.
Porque los derechos económicos reconocidos en el contrato no desaparecen por dejar pasar el tiempo.
Retrasar una decisión hoy significa trasladar un problema mayor a la próxima corporación municipal, que tendrá que afrontar una situación más compleja y, posiblemente, con un mayor impacto económico para las arcas municipales.
La responsabilidad de un gobierno no consiste en posponer las decisiones difíciles hasta después de unas elecciones, sino en gestionar los contratos públicos conforme a la legalidad, con transparencia y pensando en el interés general.
¡Si no son capaces de enfrentarse a la subida que no hubiesen privatizado el servicio!
Fiscalizar también mejora la
gestión
Algunas
personas entienden la oposición únicamente como presentar mociones o intervenir
en los Plenos.
Pero una
parte muy importante de nuestro trabajo consiste en revisar expedientes,
estudiar contratos y decretos, comparar documentos y comprobar que las administraciones
cumplen la normativa.
Eso requiere
muchas horas.
Horas que no
se ven.
Horas de
lectura.
De análisis.
De
comparación.
De búsqueda
de documentación.
De
preparación de preguntas.
Y
precisamente ese trabajo es el que ha permitido sacar a la luz esta situación.
No buscamos
generar titulares.
Buscamos que
el Ayuntamiento funcione mejor.
Porque
cuando un contrato público se controla correctamente:
- se protegen los recursos
públicos;
- se garantiza que las
inversiones se ejecuten;
- se vigila que la empresa cumpla
sus obligaciones;
- y se ofrece un mejor servicio a
la ciudadanía.
Ahora toca llegar hasta el
final
El anuncio
realizado por el alcalde no cierra este asunto.
Al
contrario.
Abre una
nueva fase de fiscalización.
Desde
Izquierda Unida vamos a solicitar toda la documentación relativa a este
procedimiento.
Queremos
conocer:
- la designación del Responsable
del Contrato;
- la empresa o persona finalmente
contratada;
- las funciones concretas que
desarrollará;
- la financiación prevista
mediante el 0,85 % establecido en el contrato;
- las actas de la Comisión de
Seguimiento;
- la propuesta técnica presentada
por Hidralia durante la licitación;
- y toda la documentación
relativa al seguimiento realizado desde el inicio de la concesión.
Porque tres
años sin ejercer plenamente un mecanismo de control previsto en la Ley de
Contratos del Sector Público y en el propio contrato no pueden quedar
simplemente en un "a partir de ahora lo haremos".
Si una
administración exige a cualquier empresa que cumpla el contrato, debe empezar
por cumplir ella misma las obligaciones que ese contrato le impone.
Y esa es,
precisamente, la labor que seguiremos realizando desde Izquierda Unida:
estudiar, preguntar, fiscalizar y exigir explicaciones para que los contratos
públicos se gestionen con el rigor, la transparencia y la responsabilidad que
merecen los vecinos y vecinas de Pozoblanco.
