Esta sentencia supondrá que las empresas eléctricas recibirán una compensación de más de 500 millones de euros “con lo que se echa de nuevo una mano al oligopolio eléctrico, que se añade a las inmensas regalías de las que ya disfrutan gracias a las decisiones que acaban reflejadas en el Boletín Oficial del Estado”, lamenta el dirigente federal de IU.
“El Tribunal Supremo -explica Sánchez Mato- sigue la senda iniciada en 2013 cuando consideró que no había justificación para que los grandes oligopolios del sector hicieran frente a los 190 millones de euros anuales que cuesta la subvención del 25% del precio del recibo de la luz a los pensionistas con prestación mínima, a las familias con todos sus miembros en paro y a las familias numerosas con una potencia mínima contratada”.
El responsable económico de IU reitera que “una vez más, las grandes empresas ganan. La legislación comunitaria y estatal juega a su favor y las decisiones de los gobiernos del PP, y antes del PSOE, no hacen otra cosa que facilitar que siga haciéndose un lucrativo negocio con un servicio básico como es el recibo de la luz”.
Carlos Sánchez Mato plantea en nombre de Izquierda Unida que “es imprescindible que el ‘bono social’ y su coste se sufrague vía impuestos a través de los Presupuestos Generales del Estado. No puede existir penuria energética en centenares de miles de hogares y que el Ministerio de Industria se abstenga de intervenir como si no fuera un gravísimo problema”.
El dirigente federal de IU explica que “no obstante, debe quedar claro que esos recursos tributarios deben obtenerse de los enormes beneficios que tienen las empresas del sector. De hecho, las tres grandes compañías eléctricas que operan en España (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa) han ganado más de 57.000 millones de euros desde que comenzó la crisis. Desde 2008 su beneficio neto asciende a más de 20 millones diarios. Mientras tanto, el recibo de la luz se ha encarecido un 52%, el doble que la media de la Unión Europea”.
“Para Izquierda Unida -detalla-, la energía y el acceso a la misma es un bien básico y un sector estratégico para el desarrollo. Para garantizar su distribución y acceso equitativo, ha de ser un sector público prioritario. Empresas que fueron públicas y fueron privatizadas por Felipe González y José María Aznar deben volver al sector público para garantizar la prestación de un servicio esencial”.
Para ello, “IU trabajará sin las servidumbres de las llamadas ‘puertas giratorias’, que limitan la acción gubernamental en este ámbito”, señala Sánchez Mato, al tiempo que recuerda que “no en vano son muchas las primeras figuras políticas que vienen del sector o que, tras finalizar su actividad en primera línea, pasan a engrosar las filas de las grandes compañías eléctricas: Aznar, González, Ángel Acebes, Ana Palacio, Miquel Roca, Luis de Guindos, Elena Salgado o Pedro Solbes. De todos esos polvos, vienen estos lodos”.
El responsable económico de IU analiza los antecedentes de esta cuestión y recuerda que “igual que en la reforma precedente el Supremo no consideró adecuado que Endesa, Iberdrola y Gas Natural fueran los principales perjudicados, la nueva modificación legal aplicada por el Gobierno del PP que cargó el coste no solamente a las empresas generadoras sino también a las distribuidoras y a las comercializadoras vuelve a no ser del agrado del Alto Tribunal”.
