Los 350 diputados y los 208 senadores electos el 26J van a recibir una remuneración media de 4.538 euros por 14 pagas. La “asignación constitucional” básica del parlamentario es de 2.813 euros, más 1.823 de “indemnización” a los de fuera de Madrid y 870,56 a los 36 electos en la circunscripción capitalina. A ello se suman otras remuneraciones, según las funciones que les asignen en las Cámaras, así como los viajes gratis por toda España y los desplazamientos pagados en taxi por Madrid. Las prestaciones de la “empresa” Cortes Generales son tan completas que ni siquiera tendrán que gastar un euro en teléfono y otros sistemas de comunicación.
De momento, la decisión interna de Podemos de reducir el sueldo de sus parlamentarios al triple del Salario Mínimo Interprofesional (1.965 euros en vez de los 2.813 establecidos) no ha sido secundada por ninguna otra formación política. Los recursos detraídos a sus señorías van al partido, por lo que la mengua salarial de los representantes del partido de Pablo Iglesias y de otras formaciones de izquierda que también aplican reducciones salariales o cuotas extraordinarias a sus diputados y senadores no incide a la baja en el erario público.
Ningún partido parlamentario contempla expresamente en su programa el tratamiento fiscal de las indemnizaciones (los 870 euros a los de Madrid y los 1.823 euros a los del resto de circunscripciones), que siguen exentas del pago del IRPF. Esto se debe a que nadie es hipócrita en sus intereses. Tampoco incluyen la equiparación de diputados y senadores con los demás asalariados en lo atinente a la cotización al desempleo. Una medida de estas características daría derecho a los exdiputados a cobrar el subsidio de paro si al cesar en su función no encuentran trabajo. Y otro tanto ocurriría con los altos cargos de la Administración General del Estado (AGE) y sus empresas, entidades y organismos autónomos, con el consiguiente ahorro para el erario público.
Claro que la prestación máxima por desempleo, algo más de mil euros, les alejaría de las indemnizaciones privilegiadas con las que sólo UP está dispuesto a acabar. En la actualidad, los diputados y senadores reciben una indemnización equivalente a una mensualidad de asignación constitucional (2.813 euros) por cada año de mandato o fracción superior a seis meses, hasta un límite máximo de dos años. Igualmente, los altos cargos de la AGE, desde los ministros hasta los directores generales, pasando por los presidentes y altos directivos de empresas y organismos públicos, tienen derecho a dos años de indemnización, incompatible con otras remuneraciones públicas o privadas.
Retribución exenta de IRPF
La incompatibilidad salarial, establecida por el Ejecutivo del PP, ha sido la medida más avanzada hasta el momento, aunque no ha impedido a los miembros del Gobierno y altos cargos que son diputados añadir a sus sueldos ministeriales las indemnizaciones mensuales del Congreso de los Diputados. La incompatibilidad de dos retribuciones públicas tampoco ha tocado a los ministros en funciones José Manuel García Margallo y Marfil e Íñigo Méndez de Vigo y Montojo, que han compatibilizado sus remuneraciones con la pensión y la indemnización como exdiputados europeos. La incompatibilidad tampoco afecta al cobro de los trienios de parlamentarios y altos cargos que son funcionarios.
Se da entonces la paradoja de que, en España, las retribuciones acumuladas por un abogado del Estado con nueve trienios superan los 6.000 euros anuales de renta de supervivencia que puede recibir un trabajador en paro que haya agotado las prestaciones por desempleo. El erario público paga la remuneración por trienios con independencia de que, como ocurre en el caso del exministro y actual comisario europeo Miguel Arias Cañete o del también exministro y número uno de la promoción de Cañete, Eduardo Serra, apenas hayan completado dos trienios como funcionarios, dedicando casi toda su vida profesional al sector privado.
La paradoja se acentúa hasta el límite de calificar de “defraudadores” a los desempleados que añaden al menguante subsidio algún ingreso por tareas no declaradas. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, llegaron a calificar de defraudadores en el Congreso de los Diputados a dos millones de desempleados. Su afirmación falaz y falsaria, por haber sumado a los contados casos de fraude al desempleo los retrasos de los parados en sellar el cupón y en comunicar las bajas al conseguir trabajo, no ha sido rectificada desde 2013 a pesar de las protestas de la oposición y los sindicatos. La paradoja presenta rasgos surrealistas cuando las denunciantes del fraude se embolsan indemnizaciones parlamentarias exentas de IRPF, además de sus sueldos gubernamentales.
Sanción a los tramposos
Aunque el PP cree haber hecho lo suficiente en materia de incompatibilidad de retribuciones de parlamentarios y altos cargos -de eso alardea en su programa electoral-, el PSOE plantea expresamente que quienes compatibilicen un cargo público con una responsabilidad en su partido sólo puedan recibir un sueldo y que se incluyan en las declaraciones de actividades y bienes patrimoniales los intereses específicos o sectoriales del parlamentario, así como todas las actividades desarrolladas ajenas a esa condición. Nada nuevo que, según se ha visto en los casos de diputados del PP tan relevantes como Federico Trillo o Vicente Martínez Pujalte como asesores nicodémicos (por detrás) de la obtención de licencias de parques eólicos en Castilla y León, no pueda ser escamoteado sin sanción. De ahí que los socialistas hayan añadido ahora un penúltimo punto a su programa: “Establecer sanciones para aquellos cargos públicos o electos que no hagan públicas sus declaraciones de bienes patrimoniales, abriendo el expediente de responsabilidad correspondiente”.
Más avanzado, el programa de Unidos Podemos anuncia expresamente: “Eliminaremos las indemnizaciones por cese, derogaremos las llamadas “pensiones de oro” de los exparlamentarios y equipararemos sus derechos y deberes laborales a los del resto de las personas trabajadoras”. Para acabar con las puertas giratorias plantea un periodo de incompatibilidad de 10 años para los exaltos cargos frente a los cinco que propone el PSOE a fin de evitar que exministros y expresidentes pasen a ser lobbistas de grandes empresas y grupos económicos privados ante los responsables de la gestión y administración pública.
En un país donde el jefe de Gobierno gana la mitad que el de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dos tercios menos que el gobernador del Banco de España, de Bankia o del ICO, amén de estar por debajo de la retribución de los presidentes del Poder Judicial y del Poder Legislativo, aunque luego disponga de 300.000 euros anuales para gastos por razón del cargo, el PSOE entiende “aprobar un programa de racionalización” de las retribuciones de los altos cargos y los directivos del sector público estatal y propone un gran acuerdo para implicar a autonomías y ayuntamientos.
Más contundente, UP propone una “reducción drástica de altos cargos políticos, tanto de organismos como de empresas públicas, de manera que únicamente sean altos cargos las personas titulares de los ministerios o asimilados y los viceministerios o asimilados”. Según el programa de Podemos, los secretarios generales y directores generales de los ministerios han de ser técnicos y no políticos. El objetivo es establecer una relación de puestos de trabajo de carácter directivo y seleccionar a las personas más adecuadas para ocuparlos. Esto requiere un sistema de provisión que garantice la independencia mediante el acceso por igualdad, mérito y capacidad. Con ello se acabaría además con el nepotismo familiar y de partido.
Luego ya, mientras C’s, el PSOE y UP plantean el fin de los aforamientos y de los indultos para los casos de corrupción política, el PP prolonga el fuero hasta la apertura de la vista oral a los procesados y hace mutis por el foro sobre los indultos. Una interpretación coherente de la Constitución impediría al Ejecutivo indultar a los miembros del propio Gobierno y de otros gobiernos con funciones ejecutivas (ministros, subdelegados y delegados del Gobierno, alcaldes y miembros de los gobiernos autonómicos) cuando fueren condenados por delitos de corrupción en el ejercicio de sus cargos públicos. Pero eso sería tanto como renunciar a indultar a Rato, Pujol, Matas o Urdangarin en el momento oportuno, razona un dirigente parlamentario del PP antes de añadir que ningún gobierno puede abdicar de ese derecho de gracia consignado en la Carta Magna.
Escrito por: LUIS DíEZ
Publicado en cuartopoder
