Maíllo: “El PP quiere hacer de los ayuntamientos terminales del Ministerio de Hacienda para sus políticas de deuda y austeridad”.
Texto completo de la Declaración de los Palacios
El coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo ha presidido el V Foro de Alcaldías de IU Andalucía, celebrado en Los Palacios y Villafranca (Sevilla), ha llamado a la participación en la movilización del 28 de mayo, convocada por la Marcha de la Dignidad en todas las capitales de provincia del país para reivindicar “un gobierno amigo de los ayuntamientos” con vistas a las elecciones del 26J para que “los ayuntamientos sean líderes en creación de empleo y en servicios sociales”.
Las 78 alcaldías de IU llamarán a que el conjunto de la población participe de las manifestaciones unitarias, que entre otras cuestiones, reivindicarán la autonomía local y la solución a los problemas financieros y económicos de los ayuntamientos, que dificultan la prestación de los servicios públicos. “El lema de las Marchas, Pan, Trabajo, Techo y Dignidad es el eje del trabajo de IU en los Ayuntamientos”, enfatizó Maíllo.
Para Maíllo, esta movilización va a servir para denunciar “la asfixia de las entidades locales a manos del gobierno del PP” que busca convertirlos “en meras terminales del Ministerio de Hacienda para aplicar las políticas de deuda y austeridad impuestas por la Unión Europea”. “El gobierno del PP es enemigo de los Ayuntamientos”, recalcó el coordinador andaluz.
En este sentido, tanto Maíllo como Juan Manuel Valle, alcalde de Los Palacios y Villafranca situaron como objetivo de la confluencia Unidos Podemos acabar con las dos normas que “acogotan” a los Ayuntamientos: las reformas laborales y la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Además otra reivindicación “ya de carácter histórico” es el aumento de la financiación por parte del gobierno central vía Participación de los Ingresos del Estado (PIE).
Además, Valle situó el riesgo de los ayuntamientos de tener que pagar el doble de intereses tras el “engaño o error” del Ministerio de Hacienda en el diseño del Plan de Pago a Proveedores, que puede obligar a los consistorios a pagar los intereses comerciales a los proveedores y al mismo tiempo los intereses bancarios, y los problemas derivados del incumplimiento por parte de la Junta del aumento de la PATRICA recogido en la ley autonómica de 2010.
