Si hay una cosa que se debe exigir en toda propuesta política es coherencia. Y prácticamente ninguno de los puntos programáticos que presentamos sería posible sin el número 43: “No al TTIP y no al CETA”. No sería coherente decir que aspiramos a reforzar el Estado de Bienestar, fortalecer los servicios públicos, luchar contra la precariedad, paralizar los desahucios o luchar contra el cambio climático, si no nos comprometemos también a trabajar para que los tratados que está negociando la Unión Europea, como el TTIP con EEUU o el CETA con Canadá no lleguen a firmarse.
Podemos tomar la posición sobre el TTIP como el barómetro que nos permite comprobar el grado de credibilidad de los programas con los que las diferentes candidaturas se presentan a las nuevas Elecciones Generales. Las negociaciones sobre el TTIP están siendo avaladas y apoyadas en el Parlamento Europeo por el grupo Socialdemócrata (PSOE), el grupo del Partido Popular Europeo (PP) y el grupo de los Liberales (Ciudadanos).
No se puede decir en el Estado español que defiendes la educación y la sanidad públicas si en Bruselas votas a favor del TTIP, porque este es un acuerdo que avanza en las políticas privatizadoras de los servicios públicos, ya que las multinacionales tienen ahí un nuevo nicho de negocio que quieren explotar.
No se puede decir aquí durante la campaña electoral que pretendes avanzar en la protección a los consumidores cuando en las instituciones europeas PSOE, PP y Ciudadanos están avalando un tratado que relajará los estándares fitosanitarios, permitiendo que entren en el mercado medicamentos o cosméticos cuyos componentes no hayan sido debidamente testados para abaratar costes, con el riesgo que esto supone para la salud.
Pero cuando hablamos de los privilegios de las multinacionales nos referimos a esto, al hecho de que su capacidad de obtener beneficios ahorrando costes de cualquier manera esté por encima de nuestros derechos, desde los derechos laborales a los medioambientales.
Resulta necesario recordar que muchos de los derechos que hoy tenemos como trabajadoras y trabajadores son fruto de una larga lucha y podrían desaparecer si no los protegemos. A través de la cooperación reguladora, que es como llaman a igualar a la baja las regulaciones europea y estadounidense, estaremos acercando nuestra legislación laboral a la de Estados Unidos, un país que no es firmante de la mayoría de los convenios sobre derechos laborales de la Organización Internacional del Trabajo.
Estados Unidos no ha firmado los convenios relativos a la libertad sindical y protección del derecho de sindicación, ni los de negociación colectiva, ni los relativos a las políticas contra la discriminación en el empleo. Ni tan siquiera ha ratificado el convenio contra los trabajos forzosos. Sin derecho a bajas remuneradas de más de siete días y con las jornadas laborales más largas del mundo industrializado (48 horas semanales de media), resulta sorprendente que los gobiernos europeos vean en los Estados Unidos un modelo al que acercarse. Sin embargo, este modelo permite a las empresas acumular mayores beneficios, una prueba más de quién está realmente detrás del tratado.
Existen experiencias anteriores, tratados de carácter similar, cuyos nefastos resultados refuerzan nuestra posición contraria al TTIP y al CETA. Algunos de los instrumentos que incorpora, como los tribunales de arbitraje entre empresas y Estados, han sido causantes de que empresas privadas hayan recibido cantidades ingentes de dinero público por ver limitada su capacidad de obtener beneficios.
Un claro ejemplo es el de Veolia, que recibió 82 millones de dólares de Egipto cuando el Estado decidió subir el salario mínimo, generando un mayor gasto a la multinacional francesa al tener que subir el salario a la inmensa mayoría de su plantilla, que pasó a recibir 155 euros mensuales. Mientras, el director ejecutivo de Veolia, Antoine Frérot, ingresa una media de 176.000 euros cada mes.
Lo que nos demuestran estas situaciones de desigualdad y pérdida de derechos es que el TTIP y el CETA son la máxima expresión del modelo económico y social que se nos está intentando imponer desde la Union Europea controlada por los mercados. Existe un intento programado de destruir las conquistas obtenidas hasta el momento, los escasos beneficios en materia de derechos sociales y servicios públicos que tenemos las trabajadoras y trabajadores, y de aumentar el poder de las grandes corporaciones por encima del de los Estados.
Esto generaría una situación de desprotección muy difícil de revertir y lo saben, por eso ponen el plan en marcha ahora que el modelo político hegemónico peligra en Europa y existen posibilidades de que fuerzas transformadoras accedan a gobiernos, como puede ocurrir en el Estado Español. Por eso, el primer objetivo de la izquierda política y social debe ser tumbar estos tratados.
Ya nos estamos movilizando contra ellos en las calles, y es necesario seguir informando, generando conciencia, y llenando las plazas para visibilizar nuestro rechazo. La posibilidad histórica que podemos tener tras las elecciones del 26 de junio para frenar sus tratados tiene que verse acompañada de movilización, pues sólo juntos y juntas podemos combatir y ganar a un enemigo de este tamaño.
Marina Albiol, eurodiputada de IU y portavoz de la Izquierda Plural en el Parlamento Europeo.
Publicado en cuartopoder.es
