El coordinador general de IU Andalucía llama en nombre de toda la organización a “sentar en el banquillo a los responsables” porque “no se puede permitir que quienes estafan a las familias españolas con un modelo especulativo de luz se llenen los bolsillos con beneficios económicos escandalosos”
Antonio Maíllo, coordinador general de IU Andalucía, ha valorado “muy positivamente” que la Fiscalía haya iniciado una investigación “ante posibles prácticas fraudulentas” por el incremento de precios del recibo eléctrico registrados hace unas semanas en el mercado energético como consecuencia, entre otras razones, del bajo nivel de funcionamiento de las centrales de gas de ciclo combinado, razón por la que ha llamado a “sentar en el banquillo a los responsables de la estafa”. Esta actuación de la Fiscalía es consecuencia de la denuncia presentada el pasado 20 de enero por parlamentarios federales y andaluces -entre ellos la firma el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón-, alcaldes y cargos públicos de esta formación.
En declaraciones a los medios de comunicación después de que trascendiera esta apertura de diligencias por parte del Ministerio Público, Maíllo ha explicado que el motivo principal de la denuncia es “no permitir que quienes estafan a las familias españolas y andaluzas con un modelo especulativo de luz se llenen los bolsillos con beneficios económicos escandalosos”.
La denuncia de Izquierda Unida establece “la constatación y sospecha de que coincidan las condiciones meteorológicas de la ola de frío con la bajada de producción de los ciclos combinados de las centrales eléctricas y la consecuente subida de precios de la subasta”.
IU busca abordar el debate para cambiar el actual modelo del mercado energético “como objeto especulativo” y para que la luz se reconozca “como lo que es, un derecho vital, no una subasta permanente”.
Esta formación defiende que “las eléctricas tienen que volver a ser de titularidad estatal, vinculadas a la voluntad popular de los parlamentos, que tienen velar por el blindaje de los derechos fundamentales de las personas”.
La Fiscalía ha decidido abrir una investigación sobre este asunto y derivar el caso, por indicación del fiscal superior de Andalucía, al fiscal coordinador autonómico, por considerarle competente para un asunto que en el escrito conocido ahora califica de “especial trascendencia”.
Será Fernando Santos Urbaneja el encargado de investigar si las eléctricas actuaron ilegalmente, tal y como sostiene IU, subiendo abusivamente el precio del recibo eléctrico en enero, en plena ola de frío. También deberá averiguar si las compañías suministradoras que cuentan con una deficitaria red de infraestructuras en determinadas zonas, especialmente en las denominadas ‘zonas blancas’, “pudieran estar incumpliendo su obligación de garantizar el acceso a la energía eléctrica a toda la ciudadanía en condiciones adecuadas, estables y sin interrupciones del servicio imputables a las referidas empresas”. De ser así, se habrían violado los derechos de los consumidores y usuarios.
Antonio Maíllo ha señalado que Izquierda Unida seguirá trabajando para exigir “un mínimo de garantía vital para las familias y personas más empobrecidas que controlan el consumo de luz ante el miedo al pago de facturas”. Insistió en que “los responsables de esta estafa se tienen que sentar en el banquillo”.
