El Congreso aprueba por unanimidad una enmienda transaccional que el portavoz parlamentario de IU llevaba varios días negociando con otros grupos para que no variaran los puntos marcados en la propuesta original de ‘Comisión de Investigación sobre las posibles responsabilidades derivadas de la actuación y gestión de las entidades financieras durante la crisis’, firmada por él y registrada el 11 de enero en nombre de Unidos Podemos
El coordinador federal y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Alberto Garzón, se ha felicitado por la aprobación (22/02/2017), finalmente por unanimidad, en el Congreso de la creación de una comisión de investigación para analizar el origen de la crisis financiera desde 2000, la ‘burbuja inmobiliaria’ y la gestión del rescate de las entidades financieras. Para Garzón, “el objetivo es descubrir la verdad, conseguir entender lo que ha ocurrido en nuestro país, que ha tenido unas consecuencias y esas sí las conocemos de una forma muy clara”.
El máximo responsable de IU intervino en el Pleno en nombre de todo el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al igual que el resto de portavoces de los otros grupos, después de que se alcanzara un acuerdo sobre el contenido de una enmienda transaccional donde se plasman las condiciones de esta comisión.
Garzón llevaba varios días negociando esta enmienda, principalmente con PSOE y Ciudadanos, para que no variaran los objetivos marcados en la propuesta original de ‘Comisión de Investigación sobre las posibles responsabilidades derivadas de la actuación y gestión de las entidades financieras durante la crisis’ firmada por él y registrada el pasado 11 de enero en nombre de Unidos Podemos.
Entre los puntos acordados finalmente están que la comisión empiece sus trabajos antes de 60 días para tener un informe listo en el plazo de seis meses, aunque éste podría prorrogarse si se acuerda así. Los/as investigadores/as estudiarán también qué medidas pueden adoptarse para que haya la máxima transparencia en la gestión de las entidades rescatadas (como Bankia y BMN) para que se devuelva la mayor cantidad de dinero público posible empleada en este rescate.
En su intervención en el Pleno, Garzón recordó que “hace cinco años yo mismo subí a esta tribuna para presentar la propuesta de una comisión de investigación sobre la crisis. La mayoría absoluta del PP la tumbó. Hoy, cinco años después, esta aritmética parlamentaria nueva permite que se abra la primera comisión. Es una buena noticia porque hay otros países que no tuvieron tantos reparos y que lo hicieron más rápido”. Puso aquí el ejemplo de EE.UU “donde circularon hasta 700 comparecencias, con un amplio abanico de trabajo de un año y medio, que acabó en conclusiones muy interesantes”.
Reconoció, eso sí, las “limitaciones del Reglamento de esta Cámara y de las comisiones de investigación”, aunque apunto que “sin embargo, siguen siendo un instrumento para averiguar qué ha sucedido en nuestro país”. Utilizó el interrogante a modo de ejemplo de “qué ha sucedido con los agujeros patrimoniales”. Explicó que se dio el caso de una serie de cajas de ahorro y bancos en que su directivos “ofrecían créditos a promotoras y constructoras absolutamente arriesgados y fuera de todos los estándares. Con el tiempo fracasaron y generaron un enorme agujero patrimonial que han pagado la Sanidad pública, la Educación pública, las pensiones públicas, las prestaciones y la mayoría social trabajadora de nuestro país”.
“Hoy sabemos perfectamente -advirtió- quiénes han pagado la crisis económica, lo que no sabemos es quién la ha causado. Tenemos algún nombre, algún apellido suelto, algún tribunal que ha dado alguna pista, incluso alguno que ha hablado más de la cuenta y ha dicho cómo actuó para el fraude hipotecario, para los tipos de interés, cómo actuó en tantas otras cuestiones que afectan a la vida cotidiana de la ciudadanía”.
Garzón incluyó también en su relato que “si algo hemos aprendido en todos estos años es que el Estado no es neutral y que sus gobiernos han intervenido de forma directa y muy poco pasiva para el beneficio de una parte de la población y el perjuicio de otra”.
“Habrá que ver por qué ha sido así -se fijó como objetivo-, cuáles han sido las consecuencias concretas y quiénes han sido con nombres y apellidos los responsables de que se tomara esa opción política. La economía no es una arte oscuro, es una forma de hacer política e implica tomar partido, y en nuestro país se tomó partido. Nosotros sí sabemos las consecuencias: desempleo, desigualdad, pobreza, destrucción del modelo productivo precario que ya teníamos y una serie de cuestiones que todos conocemos muy bien”.
Junto a los actores políticos y de las entidades bancarias, no olvidó el papel de los organismos supervisores que debían velar por el buen funcionamiento del sistema y no lo hicieron. De ahí que se preguntara retóricamente “¿por qué el Banco de España, mejor dicho sus directivos, no han investigado en todo este tiempo cada uno de esos contratos, uno a uno, para averiguar quién fue el que le puso al constructor el contrato con todas esas condiciones? ¿por qué no se ha conocido todo eso? y ¿por qué ni siquiera el propio Banco de España ha dicho absolutamente nada?”
