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| Vicenç Navarro |
Como resultado de aquel enorme desequilibrio entre los partidos conservadores por un lado, y los paridos demócratas liderados por las izquierdas, por el otro, las leyes y la Constitución Española, producto de aquella transición, estuvieron sesgadas a favor de los primeros a costa de los segundos desde el principio. Todavía hoy, cuarenta años después de la transición, medidas como la posibilidad de hacer referéndums a nivel estatal, autonómico y municipal son extremadamente limitadas, sujetas siempre a la aprobación por el Estado central. Y el Estado del Bienestar resultado de aquella transición es un Estado poco financiado, con un gasto público social (que incluye el dinero público asignado a sanidad, educación, servicios sociales, vivienda social, escuelas de infancia –mal llamadas guarderías-, servicios domiciliarios y un largo etcétera) por habitante que continúa siendo de los más bajos de la Unión Europea de los Quince -UE-15-, el grupo de países de semejante nivel de desarrollo al español (ver mi libro Bienestar insuficiente, democracia incompleta. De lo que no se habla en nuestro país. Anagrama, 2002).
La constante referencia a la necesidad de respetar la ley en la democracia
Una de las consecuencias del dominio que las fuerzas conservadoras han tenido en el desarrollo de las leyes en España (y en el aparato jurídico que las sustenta) es la constante referencia a la ley como punto de autoridad, ley que sistemáticamente las favorece. Lo hemos visto en múltiples ocasiones durante el periodo democrático. Y el caso más reciente ha sido la respuesta del establishment político-mediático del país, centrado en la capital del Reino (que tiene muy poco que ver con el Madrid popular), el cual, frente a las demandas expresadas por el gobierno de la Generalitat de Catalunya de realizar un referéndum en el que se pudiera expresar la voluntad de la ciudadanía española que vive en Catalunya sobre su articulación con el resto de España, ha prohibido a esta de realizarlo, utilizando gran número de medidas represivas.
Y el justificante para tal represión es, una vez más, la necesidad de respetar la ley (que, como resultado de su enorme poder, está jugando a su favor). De ahí el enorme respeto hacia el orden y la ley dentro del discurso conservador, lo cual ocurre en la mayoría de países occidentales. Pocos saben en Europa, por ejemplo, que el 1º de Mayo, celebrado en todo el mundo como el día del trabajo (en homenaje a los trabajadores de Chicago que fueron asesinados por las fuerzas policiales del orden, en su defensa de lo que se transformó en norma de trabajo -trabajar 8 horas al día-), se conoce en EEUU, según una ley aprobada por el Congreso Estadounidense, como el día del Orden y de la Ley, siendo el único país en el mundo en el que no se celebra el 1º de Mayo.
La llamada al orden y a la obediencia a la ley por parte del Monarca
Ley y orden han sido siempre los reclamos del poder. Quedó claro en el discurso profundamente conservador del Monarca Felipe VI en el día de la celebración de las primeras elecciones democráticas tras la dictadura. El elemento destacado en su discurso fue su llamada al respeto y al cumplimiento de la ley en un momento de gran agitación social, resultado de un gran descontento y rechazo hacia las políticas neoliberales impuestas a la población por el gobierno conservador presidido por el Sr. Rajoy (y digo impuestas pues no estaban en sus programas electorales), y de movilización popular en Catalunya pidiendo un referéndum para consultarle a la población su parecer sobre si desea o no seguir perteneciendo al Estado español borbónico. Aun cuando el discurso no hizo ninguna referencia explícita a tal agitación social, el mensaje principal era la necesidad de respetar el orden y la ley, mensaje dirigido a aquellas opciones políticas consideradas potencialmente como la mayor amenaza a su permanencia en el poder, categoría en la cual se colocan las izquierdas y los partidos nacionalistas llamados “periféricos”. El Monarca no citó que dicho orden y dicha ley han estado discriminando a tales partidos, produciendo durante el periodo democrático una enorme sub-representación parlamentaria del Partido Comunista y de sus alianzas (como IU) y una continua imposición de una visión uninacional del Estado español, en la que el establecimiento de las CCAA era visto como un paso (el café para todos) para impedir el desarrollo de la plurinacionalidad del Estado español.
Las leyes no representan la voluntad popular, sino las relaciones de poder en el momento en que se aprueban
Este sesgo en las leyes (incluyendo en la Constitución) a favor de las fuerzas conservadoras en el país ha continuado durante todo el periodo postdictatorial. Cualquier observador de los sistemas democráticos existentes en los países capitalistas con un nivel de desarrollo económico semejante al español, puede fácilmente detectar las muchas limitaciones que se perciben en la democracia española, las cuales reducen en gran medida las posibilidades de decisión y participación de la ciudadanía en el campo de tales leyes, que consideran injustas. Esta llamada al acato a la ley se justifica con el argumento de que la ley siempre es el producto de la soberanía popular, y que, como tal, traduce los deseos de la ciudadanía. Pero la evidencia cuestiona este supuesto de que la ley representa la voluntad popular, mostrando que en realidad es la síntesis de las coordenadas de poder reflejadas en el momento en el que la ley es aprobada. Y estas coordenadas de poder, en el sistema llamado democrático español, distan mucho de reflejar la voluntad de la ciudadanía, lo cual requeriría que cada ciudadano debería tener la misma capacidad de decidir sobre el quehacer público. La evidencia de que ello no es así es clara, contundente y abundante. Los gobiernos españoles (y autonómicos, como es el caso de Catalunya) constantemente aprueban leyes que no tienen la mayoría de los ciudadanos a su favor, debido a la escasa proporcionalidad de las leyes electorales del país. En realidad, las fuerzas liberales (el partido Convergencia Democrática –CDC–, hoy PDeCAT) y conservadoras (el partido cristianodemócrata Unió Democràtica –UDC-, hoy desaparecido) que han gobernado Catalunya durante la mayoría del periodo democrático han mantenido, sin cambiarlas, muchas de las leyes transferidas del Estado español, como la ley electoral, a fin de mantener su escasa proporcionalidad, que favorece a los partidos gobernantes. Como consecuencia de ello, la coalición de partidos independentistas Convergència (ahora PDeCAT), ERC y la CUP, que constituyen la mayoría del Parlament de Catalunya, representan una minoría del electorado, que gobierna en contra de la mayoría de la población catalana. Sumando los votos de los tres partidos independentistas, dan una cifra menor (1.966.508 votos) que sumando los votos de los no independentistas (2.147.736 votos).
Pero el problema es incluso más grave que lo descrito hasta ahora, debido a la enorme influencia que los grupos de presión tienen sobre el proceso legislativo, lo que claramente sesga el resultado de dicho proceso a su favor. Y el caso más claro se produjo precisamente durante la aprobación de la supuesta sacrosanta Constitución. La gran mayoría de la ciudadanía española deseaba el fin de la dictadura y el inicio de la democracia. Y aun cuando tal Constitución contenía muchos elementos de escasa popularidad –como el mantenimiento de la Monarquía-, fueron aceptados pues la alternativa que se presentaba era la continuación de la dictadura. El continuo temor hacia el establishment político-militar, que marcó el contexto en el que se aprobó la Constitución, explica su aprobación por la ciudadanía. Es lógico, por lo tanto, que nuevas generaciones que han perdido el miedo y el temor deseen cambios sustanciales en el sistema democrático español y en su Constitución que recojan el sentir de las nuevas generaciones en un nuevo contexto en el que el miedo y el temor ya no existan.
Relevancia de lo dicho para entender la situación en Catalunya
La oposición por parte del gobierno de Rajoy a lo que se llama el referéndum de Catalunya, aduciendo que la Constitución no lo permite, es predecible. Tal prohibición no permite entonces realizar un referéndum, pues las garantías que configuran el contexto democrático necesario para realizar un referéndum no son posibles en tal situación. Desde el establecimiento de un censo electoral hasta la necesidad de apoyo institucional por parte de los municipios, además de la necesaria diversidad en los medios públicos que refleje todas las opiniones existentes en el debate (cosa que no ocurre hoy), son requisitos para el desarrollo de un contexto auténticamente democrático que permita el referéndum. Un proceso democrático es mucho más que votar en unas urnas, hecho que deliberadamente se olvida o manipula en el argumentario de muchas fuerzas pro-independentistas. En realidad, la prohibición de realizar el referéndum y alcanzar un pacto permite, e incluso favorece, que tales fuerzas actúen sin dichas garantías, instrumentalizando en exceso tal proceso de consulta, transformándolo en algo distinto a un referéndum, dejando a este fuera de juego, siendo sustituido por algo distinto: un proceso de movilización popular a favor de la independencia (liderada por aquellos partidos) que probablemente concluya con unas elecciones. Es, pues, más una estrategia electoralista que no una consulta o referéndum, dentro de una ley electoral escasamente representativa, que, como he indicado anteriormente, les da una mayoría parlamentaria que no es representativa de la mayoría del electorado.
Esta situación, escasamente democrática, se acentúa todavía más por la exclusión de otros partidos y movimientos sociales, como los sindicatos, favorables al referéndum (reunidos en el Pacto Nacional), en la gestión del proceso. Su gestión del proceso alcanza niveles de clara manipulación, pues controlan todos los aparatos de la Generalitat de Catalunya, incluyendo sus medios de comunicación. Es más, en contra de lo que aparenta, los partidos independentistas son los más favorecidos por la prohibición del referéndum, convirtiendo el mal llamado referéndum en una campaña de movilización en apoyo de tales partidos. Nos encontramos, pues, con que la captura del soberanismo (que es el derecho a decidir) por parte del independentismo está haciendo un flaco favor a tal soberanismo, pues el posible fracaso del independentismo se interpretará y presentará como el fracaso del soberanismo. Ahora bien, los que están a favor del referéndum tendrán que comenzar de nuevo el día 2 de octubre, recuperando el proyecto soberanista, colaborando con otras fuerzas hermanas a lo largo del territorio español en cambiar España, facilitando así que, en una redefinición de España, pueda aceptarse la plurinacionalidad, y con ello el derecho a decidir de todos los pueblos y naciones de España. Y esto no es lo que desea el PDeCAT, el partido que lidera Junts pel Sí. Hay que recordar que el PDeCAT no votó a favor de expulsar al gobierno Rajoy en la moción de censura hecha por Unidos Podemos. Lo que más desea tal partido, por encima de todo, es continuar en el poder, y seguir controlando la mayoría de los aparatos de la Generalitat de Catalunya, haciendo olvidar la enorme responsabilidad que ha tenido en el deterioro social de las clases populares de Catalunya (ver mi artículo “El mayor problema que tiene hoy Catalunya del cual no se habla: la crisis social”, Público, 30.06.17).
Debería ser obvio, pues, que sin un cambio en España será dificilísimo realizar un referéndum en Catalunya en condiciones democráticas. Ni que decir tiene que este cambio se presenta como imposible por las direcciones del movimiento independentista. Se ignoran así hechos como el enorme crecimiento de nuevas fuerzas políticas a lo largo del territorio español, de clara vocación republicana, y de compromiso con la plurinacionalidad del Estado español, las cuales han mostrado ya su compromiso con el ejercicio del derecho a decidir. Ignorar esta realidad es esencial para aquellas fuerzas políticas que quieren movilizar y expandir sus bases electorales a base de aumentar la tensión entre Catalunya y España. La transformación de Catalunya está ligada a la transformación del Estado español. Los que no lo vean así, desde los dos polos opuestos en el espectro político y nacional, están retrasando la solución de la enorme crisis social y política que tienen tanto Catalunya como España.
Ha sido también profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU) donde ha impartido docencia durante 48 años. Dirige el Programa en Políticas Públicas y Sociales patrocinado conjuntamente por la Universidad Pompeu Fabra y The Johns Hopkins University. Dirige también el Observatorio Social de España.
Es uno de los investigadores españoles más citados en la literatura científica internacional en ciencias sociales
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