La diputada de IU por Málaga y portavoz del Grupo Confederal de Unidos Podemos (18/07/2017) en la Comisión de Interior reclama al ministro que ponga en marcha un “plan integral” para aumentar los recursos humanos y materiales “para afrontar lo que previsiblemente vendrá en las próximas semanas y meses”
Zoido ha comparecido (18/07/2017) en una sesión extraordinaria de la Comisión de Interior de la Cámara Baja, técnicamente a petición propia, pero forzado por la petición de comparecencia impulsada por IU el pasado 5 de julio, tras conocerse el naufragio de una patera en el Mar de Alborán con el trágico resultado de 49 personas migrantes muertas. García Sempere le recordó que la responsabilidad política del Gobierno del PP ante éstas y otras muchas muertes en la desesperada búsqueda por alcanzar las costas españolas “no lo decimos sólo nosotros, lo dicen también las principales organizaciones no gubernamentales del país”.
En este punto, la parlamentaria andaluza denunció directamente que “parece que su partido no quiere escuchar esto, hasta tal punto que la presidenta del Congreso -Ana Pastor- nos obligó a no dejar esta afirmación por escrito en la petición de comparecencia si queríamos que fuera calificada. Pero aquí se lo decimos: estas políticas son responsables de muertes como éstas”.
Eva García Sempere recordó que “más de 16.000 personas han muerto en los últimos cuatro años en el Mediterráneo, según la Organización Internacional para las Migraciones. El horror es inasumible”.
Pero, más allá de cifras globales, la diputada de Izquierda Unida descendió a los casos concretos más recientes para denunciar mejor así las graves carencias existentes a la hora de tratar este delicado asunto. Recordó que menos de una semana después de las 49 muertes en el Mar de Alborán “tres personas murieron en Alhucemas al caer de la zodiac en que viajaban. Los supervivientes denunciaron, mientras se encontraban detenidos a la espera de la deportación, que la Marina marroquí había embestido contra ellos”.
Frente a la satisfacción mostrada por el ministro del Interior español por la labor que llevan a cabo las autoridades marroquíes en materia de migraciones, García Sempere le recordó con ironía que estaba hablando de “ese país tan ‘ejemplar’, ‘defensor’ como todas sabemos de los derechos humanos” y al que el Gobierno español “ha encargado la externalización de la frontera sur” para evitar la llegada de personas migrantes.
Además, la parlamentaria andaluza puso también sobre la mesa el delicado tema de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE). Según denuncian diversas ONG, los supervivientes de los naufragios de pateras en nuestro país ‘suelen pasar a disposición judicial, pasando 72 horas en un calabozo para luego ser encerrados en un CIE por orden judicial’. “Incluso ante la falta de medios de transporte en los puertos de recepción -señaló-, se obliga a menudo a los barcos a prolongar su travesía hasta tres o cuatro horas para llegar directamente a un puerto donde haya un CIE”.
García Sempere recordó a Zoido que “la propia Defensora del Pueblo, una persona de su partido, solicitó el año pasado que no se encerrara a los supervivientes de naufragios en los CIE y que, al menos, se les ofreciera asistencia psicológica. Estas peticiones no han sido atendidas por el Gobierno. Si no escuchan a los suyos, menos a los demás”.
“Le pregunto directamente y espero que me conteste: ¿van a seguir encerrando a los supervivientes en los CIE? ¿Van a seguir dejándoles siquiera sin asistencia psicológica? ¿Van a ser capaces de ofrecerles una garantía de protección internacional tras el calvario sufrido o seguirán optando por calabozos, encierros y deportaciones?”, trasladó al ministro directamente.
El Estado español este año ya ha superado a Grecia incluso como receptor de inmigrantes “de los que ustedes denominan ‘irregulares’. 2017 será para España el año de más recepción de inmigrantes desde 2006. La tendencia hacia España es clara y más allá de los desacuerdos políticos globales que expresamos hoy aquí, queremos decirle que necesitamos un plan integral para afrontar lo que previsiblemente vendrá en las próximas semanas y meses”, indicó Eva García Sempere.
“Necesitamos -detalló- que el gran trabajo que hacen los miembros de Salvamento Marítimo se vea apoyado por este Gobierno con los recursos suficientes para el primer rescate, con la preparación completa de las emergencias en la primera llegada. Necesitamos ampliar el sistema en su conjunto y necesitamos hacerlo ya. Este verano puede ser dantesco en cuanto a muertes en la costa”.
Por ello, insistió en interrogar al ministro sobre si “¿están ustedes dispuestos a presentar en estos días un plan integral que refleje este incremento de personal? ¿Entienden que estamos ante la mayor tragedia de nuestra época y los medios que ponen son ridículos?
Señaló que el Ejecutivo del PP “está siendo especialmente diligente en dejar de manera testimonial este derecho al asilo, no dudando para ello en incumplir incluso los mínimos compromisos adquiridos en el seno de la Unión Europea”.
Esta es una de las razones de que la actual política migratoria “esté favoreciendo a las mafias de trafican con personas y explotan a algunas de las más vulnerables del mundo con fines de lucro. Su ‘negocio’ goza de una estupenda salud gracias a la falta de vías legales y seguras para que las personas puedan acceder a Europa a la protección que necesitan”.
“No olvidamos tampoco las ‘devoluciones en caliente’ -apostilló García Sempere-, que violan directamente la Convención de Ginebra de 1951 sobre la no devolución de una persona a un país del que huye, por guerra, conflicto u otros riesgos. Estas devoluciones han sido censuradas también por Naciones Unidas”.
Eva García Sempere enfrentó también la “lentitud, como tónica general, en la acogida de refugiados a través de los mecanismos de reubicación y reasentamiento” frente al hecho de que “nuestro país recibe sólo alrededor del 1% de las peticiones de asilo de la Unión Europea. Es necesario recordarlo porque esto hace más sangrante aún, si cabe, la lentitud y la falta de voluntad política en resolver un problema humanitario de primer orden”.
La situación del sistema de asilo español, a la luz de informes incluso de la Defensora del Pueblo tan recientes como el del pasado año, es más que preocupante. “Entre otras cuestiones, insistimos, porque ni siquiera se cuenta con un reglamento que desarrolle la Ley de Asilo de 2009. Se establecía un periodo de seis meses para desarrollar sus disposiciones reglamentarias. Siete años después se comprometieron a traerlo en enero de este año y, vistas les fechas en que estamos, es de suponer que tampoco este año habrá reglamento”.
Además, como también denuncia la Defensora del Pueblo en su informe, el sistema de acogida español depende de una red de centros públicos y de otros gestionados por ONG. Con la exigencia de cofinanciación en las subvenciones a estas organizaciones “se corre el riesgo de provocar un colapso en el sistema, justo cuando existe un repunte importante en las solicitudes que no ha sido compensado con incrementos en la red pública”.
Teniendo en cuenta que, además, son las ciudades y municipios quienes tienen un papel clave en la acogida, como plantearon conjuntamente las ciudades europeas de Barcelona, París, Lesbos y Lampedusa en noviembre de 2015, luego suscrito por otras muchas ciudades, “es necesario que los Estados faciliten los recursos y competencias necesarias para facilitar esta acogida de personas. Ciudades como Barcelona está ya invirtiendo recursos económicos propios en acoger refugiados ante el desinterés del Gobierno central. Por tanto, es necesario tanto una efectiva coordinación entre las distintas administraciones, como el acceso a los recursos previstos en el FAMI”, aseguró.
Eva García Sempere recordó para acabar su intervención que “estos días la sociedad civil se ha organizado para acudir en una caravana denominada ‘Abriendo fronteras’ con rumbo a Melilla, y hoy ya están allí. Han pasado por lugares que quedarán ya para siempre marcados por la tristeza y la injusticia, como el CIE de Algeciras. Se han organizado para conocer de primera mano lo que allí sucede y protestar ante lo que consideran intolerable. ‘No en nuestro nombre’ es lo que decimos muchos en el Estado español. De nuevo la ciudadanía muestra que está muy por encima de sus gobernantes. Escúcheles, señor ministro, reflexione y actúe con celeridad”.
