La responsable federal de Relaciones Internacionales y portavoz de IU en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, señala en la misiva que firma que “los numerosos observadores internacionales de organizaciones en defensa de los derechos humanos que han asistido a las diferentes vistas del juicio han constatado que el proceso carece de cualquier tipo de garantías”
Izquierda Unida, a través y con la firma de su responsable federal de Relaciones Internacionales y portavoz en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha remitido (14/07/2017) sendas cartas al ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, y al embajador de España en Marruecos, Ricardo Díez-Hochleitner. En las misivas les solicita que el Gobierno español se implique en “tareas de observación” y contribuya a la presencia de miembros del Cuerpo Diplomático en la reanudación del juicio a los 25 activistas saharauis detenidos durante los sucesos de Gdeim Izik, que llevan detenidos sin garantías desde hace más de siete años por las autoridades de Marruecos..
Albiol expone a Dastis y, por añadidura, a Díez-Hochleitner en su escrito que “como sabrán, desde hace meses viene retrasándose de forma sucesiva el juicio a los 25 activistas saharauis detenidos durante los sucesos de Gdeim Izik. Estas personas llevan siete años encarceladas sin una sentencia firme y acusadas de una serie de delitos asociados al desmantelamiento, por parte de las fuerzas ocupantes marroquíes, del llamado Campamento de la Dignidad de Gdeim Izik”.
El Campamento de la Dignidad fue establecido en 2010 en las afueras de la ciudad de El Aaiún para reclamar una serie de derechos, tanto socioeconómicos como nacionales, para la población del Sáhara Occidental, actualmente ocupado ilegalmente por el Reino de Marruecos.
La responsable de Relaciones Internacionales de IU reitera a ambos diplomáticos la denuncia que esta formación lleva haciendo desde hace meses sobre que “se da la circunstancia de que los delitos de los que se acusa a los detenidos son más que cuestionables, no habiéndose presentado ninguna prueba o, ni tan siquiera, los certificados de defunción de los miembros de las fuerzas ocupantes supuestamente asesinados. A esto se le suma el hecho de que las autoridades judiciales se han negado a un peritaje de las supuestas pruebas presentadas”.
“Los numerosos observadores internacionales de organizaciones en defensa de los derechos humanos que han asistido a las diferentes vistas del juicio -advierte Albiol- han constatado que el proceso carece de cualquier tipo de garantías. No se ha respetado el derecho de los acusados a una defensa real y los abogados sufren constantes intimidaciones e, incluso, agresiones, como ocurrió con dos de las letradas de la defensa durante una sesión celebrada el pasado mes de junio”.
La dirigente federal de IU expone con especial vehemencia a Dastis que más bien “parece que las autoridades marroquíes estén dispuestas a descabezar cualquier movimiento social o político del territorio saharaui ocupado, e infundir miedo entre la población para evitar nuevas protestas. Teniendo en cuenta el estatus del Sáhara Occidental como territorio pendiente de descolonización, la situación resulta muy preocupante”.
Marina Albiol señala también que “el hecho de que el juicio se celebre en Marruecos ya es en sí mismo una violación del Derecho Internacional, puesto que los acusados fueron detenidos en el Sáhara Occidental y los hechos que se les imputan ocurrieron ahí. El proceso de Gdeim izik está desarrollándose de forma extraterritorial”.
Tras los múltiples aplazamientos del juicio, queda claro que las autoridades marroquíes no lo consideran un tema menor. Ha sido suspendido y reanudado dependiendo de los intereses políticos del Reino de Marruecos, como demuestra el aplazamiento antes de la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas donde debía decidirse sobre la renovación de la misión de la MINURSO.
La eurodiputada y responsable de Relaciones Internacionales de IU justifica la petición hecha a sus interlocutores recordándoles que “la presencia de observadores internacionales juega asimismo un papel clave que incomoda a Rabat. En la última sesión del juicio, el pasado 11 de julio, la vista se suspendió a las pocas horas de comenzar por la presencia de observadores de organizaciones independientes y de representantes de las embajadas finlandesa, danesa, sueca, holandesa, noruega y suiza”.
“En Izquierda Unida -expone en la misiva- consideramos que este juicio es de vital importancia por la implicación que tiene para la población saharaui que lucha por su derecho a la autodeterminación. Un derecho, no lo olvidemos, consagrado en numerosas resoluciones de Naciones Unidas. Teniendo en cuenta, además, la responsabilidad histórica del Estado español en la ocupación del Sáhara Occidental, es imprescindible que desde la representación española ante el Reino de Marruecos haya un compromiso firme por la defensa de la legalidad internacional”.
Por todo ello, Marina Albiol reitera al ministro Dastis y al embajador Díez-Hochleitner su petición para que “desde la Embajada española se participe también en las tareas de observación de las garantías judiciales de este proceso. La próxima sesión tendrá lugar el día 18 de julio en el Tribunal de Primera Instancia de Salé y la presencia de miembros del Cuerpo Diplomático, también del español, puede ser una garantía para evitar un nuevo aropello a la justicia”.
