- La Secretaría de Política Internacional de IU se une a las múltiples organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales y formaciones políticas que consideran que tras estos hechos se esconcde un crimen planificado por la oligarquía paraguaya
Hace unos días se hicieron públicas las mencionadas sentencias -de entre 4 y 31 años de cárcel- contra varios campesinos y campesinas vinculados a este caso. Los hechos ocurrieron el 15 de junio de 2012, con el resultado de 11 campesinos y 6 policías muertos tras una acción de allanamiento y desalojo policial, en la que participaron cerca de 350 agentes, después de una protesta campesina en la que se ocupó una parcela del Estado.
Dicha ocupación de tierras se enmarcaba en las reivindicaciones del movimiento campesino paraguayo, permanentemente criminalizado, que desde hace décadas lucha por una reforma agraria que mejore su situación de extrema pobreza y que redistribuya las tierras de una manera más justa que la actual concentración en manos de unas pocas grandes fortunas familiares.
IU considera que tras este caso se desarrolló una “trampa política” elaborada desde una trama mafiosa. Todo ello desembocó en un ‘juicio político exprés’ al presidente Fernando Lugo, que no contó con las mínimas garantías de imparcialidad. La Policía y fuerzas políticas de la derecha paraguaya basaron las acusaciones de ‘radicalización política’ contra Lugo en testimonios de algunos campesinos que, con posterioridad, denunciaron haber hecho esas afirmaciones bajo tortura. El presidente fue destituido ilegalmente de manera fulminante, en un contexto en el que IU coincidió con múltiples denuncias internacionales que lo calificaron como “golpe de Estado palaciego”.
La Secretaría de Política Internacional de Izquierda Unida hace “extensible su solidaridad a los familiares de los campesinos condenados, así como a las organizaciones agrarias, sociales y de derechos humanos que les han acompañado en su lucha durante todo este tiempo”.
Izquierda Unida se suma así a “todos aquellos que han denunciado que no ha habido un juicio justo e imparcial, en un proceso en el que se han sucedido encarcelamientos arbitrarios y sin pruebas”. Mientras, ningún oficial de la Policía paraguaya ha sido investigado por la muerte de los 11 campesinos pese a la presunción, incluso, de que varios de ellos pudieron haber sido ejecutados extrajudicialmente.
Varias misiones internacionales de observación de los Derechos Humanos han denunciado estas circunstancias en diversos informes. Entre ellas está la organización norteamericana SOA Watch, que recibió múltiples testimonios de ‘torturas en contra de los campesinos detenidos’, así como investigaciones paralelas a la de la Fiscalía, donde se denuncian ejecuciones sumarias de varios de los campesinos. Diversos testigos han corroborado que ‘los campesinos no llevaban armas de fuego’ y la prueba de la parafina realizada a los campesinos muertos dio negativo, tal y como denunció en el juicio Víctor Azuaga, uno de los abogados defensores.
Ante este cúmulo de circunstancias, Izquierda Unida valora todo el proceso como un “verdadero escándalo jurídico”, al tiempo que exige “la revisión legal de la causa, así como la nulidad del juicio y de la sentencia por falta de imparcialidad y vicios de todo tipo. Todo ello debe incluir la inmediata libertad de los campesinos condenados”.
