Más de 300 sindicalistas bajo amenaza de ir a prisión por haber ejercido un derecho recogido en la Constitución
La eurodiputada de Izquierda Unida (IU) Paloma López ha exigido al Gobierno y a las Cortes que “tomen nota” de las recomendaciones de la Comisión Europea (CE) y “deroguen de forma inmediata” el artículo 315.3 del Código Penal, por el que “más de 300 sindicalistas siguen hoy bajo amenaza de ir a prisión” por el mero hecho de “haber ejercido un derecho recogido en la Constitución” como es el derecho a huelga.
Así se ha expresado la europarlamentaria tras haber recibido una respuesta de la CE en la que denunciaba la reforma de dicho artículo y la criminalización que se está haciendo de los trabajadores. “La Comisión ratifica el carácter fundamental del derecho a huelga, evidenciando que su represión generalizada mediante el artículo 315.3 contradice los valores europeos”, ha explicado.
La eurodiputada, que impulsó en el Parlamento Europeo a principios de enero una campaña de apoyo con los ‘Ocho de Airbus’ y a favor de la derogación del 315.3, advierte que “tal y como recuerda la CE y han denunciado los sindicatos, el Gobierno de España debe respetar sus compromisos internacionales en el seno de la Organización Internacional del Trabajo y el Consejo de Europa”.
En su respuesta, la CE dice tener conocimiento de la reforma del artículo 315 del Código Penal y asegura que “el derecho de huelga es un derecho fundamental y cualquier limitación de su ejercicio debe tener carácter excepcional y estar debidamente justificada”.
Recuerda asimismo que el artículo 28 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE “reconoce el derecho de los trabajadores a emprender acciones colectivas para defender sus intereses, incluida la huelga”. Por último, se refiere a la obligación de los Estados miembros a “aplicar el derecho de huelga de acuerdo con sus compromisos internacionales, en particular en el marco de la OIT y el Consejo de Europa”.
“Hoy –ha afirmado López- el derecho a huelga es la última trinchera en la lucha de los trabajadores contra la austeridad” y “ningún Gobierno de Europa puede encontrar una causa justificada para reprimir a los trabajadores en el hecho de que estos muestren su resistencia a las reformas laborales impulsadas desde la UE, como vimos este jueves en Francia”.
“Esperemos que las Cortes y el Gobierno de España revisen la legislación penal y pongan fin a la persecución de los trabajadores que se organizan en defensa de sus derechos”, porque “como no nos vamos a cansar de repetir: hacer huelga no es delito”.
Así se ha expresado la europarlamentaria tras haber recibido una respuesta de la CE en la que denunciaba la reforma de dicho artículo y la criminalización que se está haciendo de los trabajadores. “La Comisión ratifica el carácter fundamental del derecho a huelga, evidenciando que su represión generalizada mediante el artículo 315.3 contradice los valores europeos”, ha explicado.
La eurodiputada, que impulsó en el Parlamento Europeo a principios de enero una campaña de apoyo con los ‘Ocho de Airbus’ y a favor de la derogación del 315.3, advierte que “tal y como recuerda la CE y han denunciado los sindicatos, el Gobierno de España debe respetar sus compromisos internacionales en el seno de la Organización Internacional del Trabajo y el Consejo de Europa”.
En su respuesta, la CE dice tener conocimiento de la reforma del artículo 315 del Código Penal y asegura que “el derecho de huelga es un derecho fundamental y cualquier limitación de su ejercicio debe tener carácter excepcional y estar debidamente justificada”.
Recuerda asimismo que el artículo 28 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE “reconoce el derecho de los trabajadores a emprender acciones colectivas para defender sus intereses, incluida la huelga”. Por último, se refiere a la obligación de los Estados miembros a “aplicar el derecho de huelga de acuerdo con sus compromisos internacionales, en particular en el marco de la OIT y el Consejo de Europa”.
“Hoy –ha afirmado López- el derecho a huelga es la última trinchera en la lucha de los trabajadores contra la austeridad” y “ningún Gobierno de Europa puede encontrar una causa justificada para reprimir a los trabajadores en el hecho de que estos muestren su resistencia a las reformas laborales impulsadas desde la UE, como vimos este jueves en Francia”.
“Esperemos que las Cortes y el Gobierno de España revisen la legislación penal y pongan fin a la persecución de los trabajadores que se organizan en defensa de sus derechos”, porque “como no nos vamos a cansar de repetir: hacer huelga no es delito”.
