La diputada Eva García Sempere, firmante del acuerdo en nombre de IU, afirma que “buscamos dar un vuelco radical y acabar con el incremento sin precedentes de las desigualdades en materia de salud en todo el Estado”
La diputada de Izquierda Unida Eva García Sempere ha firmado (12/09/2017) en nombre de esta formación en dependencias del Congreso el denominado ‘Pacto político y social por un Sistema Nacional de Salud Público y Universal’, que también suscriben otras formaciones políticas de la oposición con representación parlamentaria, así como más de 70 organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y asociaciones.
Este pacto, cuyo contenido no cuenta con el respaldo ni del PP ni de Ciudadanos, recoge el compromiso de todas las formaciones firmantes para adoptar lo antes posible las medidas legislativas necesarias para garantizar un Sistema Nacional de Salud solidario y de calidad que vuelva a convertirse en un pilar del Estado social de derecho, frente a los sucesivos recortes y pérdida de derechos impuestos por el Gobierno de Mariano Rajoy en los últimos años.
García Sempere coincide con los promotores del acuerdo en que “medidas concretas impuestas a la gente desde 2012 como la reducción de la cartera básica de servicios, el aumento de los copagos o la exclusión sanitaria de colectivos como las personas migrantes en situación irregular han supuesto una grave merma de derechos para las clases más desfavorecidas que entonces pagaron la crisis y aún lo siguen haciendo”.
Para la diputada de Izquierda Unida, “lo que buscamos es dar un vuelco radical y acabar con el incremento sin precedentes de las desigualdades en materia de salud en todo el Estado”.
Izquierda Unida prosigue así con esta actuación su largo camino de actuaciones reivindicativas iniciadas ya durante la última etapa del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, en la que se iniciaron los recortes.
La última reforma ejecutada por el PP -a través del RDL 16/2012- la impuso el Ejecutivo de Rajoy sin debate público con las asociaciones del sector, sus profesionales y los portavoces de los principales colectivos afectados, además de sin la necesaria memoria económica que explicara los recortes que se imponían.
Tal y como constata la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012, esta reforma dejó fuera del sistema sanitario a cerca de 900.000 personas, a quienes se les retiró la tarjeta sanitaria, a lo que García Sempere añade que “justificó también los grandes recortes del PP en inversión pública en materia de salud, rebajó la calidad del servicio, empeoró las condiciones laborales de los profesionales del sector, propició miles de despidos y allanó aún más el camino al sector privado para sacar partido del dinero público en los que respecta a la sanidad”.
Izquierda Unida, junto al resto de organizaciones y formaciones políticas firmantes hoy del pacto, constata que todas juntas representan una voluntad política y social mayoritaria para recuperar la dignidad de la sanidad pública y construir conjuntamente un Sistema Nacional de Salud público y de calidad para todas las personas.
