La portavoz en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, señala que "dijimos desde el principio que el acuerdo nacía muerto porque no era vinculante" y pide "menos hipocresía" a la Comisión Europea. Denuncia la reforma de las políticas de asilo y la externalización de fronteras para apuntalar la Europa fortaleza
La responsable federal de Relaciones Internacionales y portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha exigido – ayer - a la Comisión Europea (CE) que “aplique sanciones” a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) por no cumplir con sus cuotas de acogida de refugiados, justo cuando se cumple el plazo estipulado para la reubicación y el reasentamiento de 160.000 personas. La eurodiputada ha destacado que “si los gobiernos europeos pueden incumplir este acuerdo no es más que la consecuencia de unas políticas migratorias europeas diseñadas para conseguir que no entre nadie”, por lo que ha pedido “menos hipocresía” a la Comisión Europea y que “cumpla y haga cumplir las obligaciones internacionales en materia de asilo y protección internacional”, en lugar de “aumentar la inversión para apuntalar la Europa fortaleza”.
“Dijimos desde el principio que este acuerdo para acoger a las personas refugiadas nacía muerto porque no era vinculante para los Estados miembros y, además, que era insuficiente porque la Unión Europea tiene la posibilidad de acoger a muchísimas más personas de las estipuladas”, explicó Albiol.
“Pues bien -apostilló- hoy (ayer) se acaba el plazo y lo que vemos es que los Estados no cumplen, que el Estado español, por ejemplo, sólo ha acogido a un 11% de las personas que se comprometió, por lo que esperamos que la Comisión Europea, lo mismo que se emplea con firmeza para imponer y hacer cumplir sus políticas económicas, haga lo propio con unos gobiernos que se niegan a respetar la Convención de Ginebra”.
No obstante, Albiol ha recordado que “la Comisión Europea no puede resguardarse en un discurso hipócrita y culpar a los Estados del fracaso del plan, porque las políticas económicas que diseña están orientadas a lo contrario de la acogida y el respeto del Derecho internacional”. La UE se dirige “hacia un modelo en el que nadie tenga la posibilidad de entrar legalmente”, así que “si vamos hacia ahí, parece difícil que ni Juncker ni Tusk puedan exigir nada” a los gobernantes europeos.
La portavoz de IU en la Eurocámara insistió en que “escuchamos con frecuencia los toques de atención de Juncker” a los Estados miembros, pero “de lo que no se habla es de la perversión del sistema”. La UE “está inmersa en una reforma de sus políticas de asilo que discriminan a las personas y reducen el estatus de refugiado a aquellas que huyen de lo que la UE considere un conflicto armado”, además de poner en tela de juicio que incluso “personas perseguidas por motivos políticos, religiosos o de género puedan tener acogida en la UE”.
En este sentido, Albiol ha aclarado que, por ejemplo, los ciudadanos de Mali, donde hay un conflicto armado con tropas francesas desplegadas sobre el terreno, no tendrían este derecho porque la UE no le da categoría de guerra.
Por otro lado, lamentó el “éxito” de la Comisión y el Consejo a la hora de introducir “una diferenciación grave entre lo que ellos consideran migrantes económicos o personas que pueden pedir asilo político”. Para la eurodiputada “dividir a las personas que se juegan la vida en el mar o en las vallas para llegar a la UE ignora todas las recomendaciones y reglas internacionales” y, además, “institucionaliza la xenofobia”.
Albiol acusó también a ambas instituciones de “dar rienda suelta al cinismo más absoluto” y de “jugar con la vida de millones de personas”. “No se puede criticar a Erdogan de cara a la galería y luego mantener el ‘acuerdo de la vergüenza’ con Turquía, no se pueden verter ‘lágrimas de cocodrilo’ por los muertos en el Mediterráneo y apoyar financiera, logística y militarmente a las milicias que actúan como guardacostas libios”.
“La externalización de las fronteras en Turquía, Libia y Marruecos”, los acuerdos “a espaldas de la ciudadanía con países como Sudán o Níger”, los “chantajes a Afganistán para que acepte el retorno de miles de afganos y afganas” a cambio de mantener la ayuda al desarrollo o “la militarización de mares y fronteras” son “contrarios a la acogida y la solidaridad”, dijo
La apertura de “vías legales y seguras, los visados en origen y la cooperación en forma de ayuda al desarrollo y no de armas, material antidisturbios y control militar fronterizo son la solución”. En definitiva, “respetar la Convención de Ginebra y el Derecho internacional”, insistió.
