El responsable federal de Empleo y Relaciones Laborales de IU asegura que la “cifra más preocupante es el derrumbe de la afiliación a la Seguridad Social, que cae en 179.485 personas, el peor dato desde 2008 en el mes de agosto”
El responsable federal de Empleo y Relaciones Laborales de Izquierda Unida, José Antonio García Rubio, valora que los “pésimos datos de crecimiento del paro en agosto y el fuerte descenso de cotizantes a la Seguridad Social hechos públicos ayer por los servicios públicos de empleo “han agotado la machacona propaganda del Gobierno de Mariano Rajoy PP sobre la supuesta bonanza de su política económica y laboral, que no es tal”.
Para García Rubio, “la enorme precariedad y estacionalidad de nuestro sistema de contratación ha vuelto a imponerse al término del verano. El dato más preocupante es el derrumbe de la afiliación a la Seguridad Social, que ha tenido una caída en agosto de 179.485 personas, la peor cifra desde 2008 en ese mes. Tan sólo en el último día del mes se produjeron 313.141 bajas”.
“Además -subraya el dirigente federal de IU-, nos encontramos con un aumento de quienes pierden su puesto de trabajo en 46.400 personas. Esto supone la peor cifra desde 2011 y tres veces más que en el mismo mes del año pasado”.
El responsable federal de Empleo y Relaciones Laborales de IU añade, además, que “un marco de referencia significativo es que el 12,5% de todos los contratos hechos en los primeros seis meses de este año ha sido de camareros. Botón de muestra del modelo productivo perverso que impulsa el Partido Popular”.
García Rubio advierte especialmente sobre que “los dos meses centrales del verano configuran un escenario catastrófico, todo ello a pesar de unas cifras récord en la llegada de turistas a nuestro país y del incremento de las pernoctaciones, lo que parece que no se traduce en creación real de empleos y sólo en un mayor beneficio para los empresarios. Los datos de agosto han acabado siendo rotundos”.
El dirigente federal de Izquierda Unida expone también que “la destrucción de empleo aumentó muy significativamente en las comunidades autónomas más pobladas, como Andalucía y Cataluña, así como en importantes sectores como la educación, algo que demuestra de forma inequívoca la permisividad de la ley para que se ponga fin a determinados contratos y los empresarios se ahorren pagar el periodo de vacaciones y lo carguen al dinero público del desempleo”.