Maíllo le propondrá que la fiscalidad y la gestión de los servicios públicos formen parte del diálogo
La portavoz adjunta grupo parlamentario de IU Andalucía, Elena Cortés, ha expuesto en rueda de prensa las propuestas que su formación llevará a la reunión prevista para el próximo lunes con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en la que se abordará la postura de Andalucía en el debate sobre el modelo de financiación autonómica.
Cortés ha adelantado que el coordinador y portavoz de IU Andalucía, Antonio Maíllo, presentará a Díaz tres propuestas. La primera es que Andalucía “debe liderar” que haya una "negociación conjunta de la financiación autonómica y la local". No es posible, explica Cortés, que los ayuntamientos que “son tan Estado como las comunidades autónomas vuelvan a quedar olvidados", respecto cómo se financian los servicios públicos que también se prestan desde los ayuntamientos.
En segundo lugar Maíllo propondrá a la presidenta andaluza una reforma fiscal "integral" para que se adapte a las necesidades y deficiencias que sufre Andalucía. Y en tercer lugar, propondrá abrir un debate sobre la gestión de los servicios públicos con el objeto de "evitar" que el gobierno de Díaz y Rajoy "implanten la privatización de los servicios públicos".
La parlamentaria de IU Andalucía ha asegurado que, analizado el informe de expertos sobre modelo de financiación autonómica, se ratifica que el proceso de consolidación fiscal aprobado por el gobierno de Rodríguez Zapatero, "sólo nos trajo dolor y sufrimiento al pueblo trabajador".
El propio informe certifica que, a pesar del aumento de financiación autonómica en los últimos dos años, todavía no se han recuperado los niveles de gasto real del 2007, año previo a la crisis económica por tanto. Entonces - señala- se aprobó un modelo de financiación que obviaba los inicios de la profunda crisis económica. Entre las consecuencias negativas, Andalucía tiene que devolver liquidaciones negativas del 2008 y 2009 (en torno a 6.000 millones euros) que lastran aún hoy la configuración de los presupuestos cada año para garantizar los servicios públicos fundamentales.
En este sentido ha ejemplarizado con las105.000 personas que teniendo derecho a la ley de dependencia, no la reciben, con la reducción del 50 % del gasto educativo de los alumnos andaluces respecto a los del País Vasco o por ejemplo, las residencias cerradas a cal y canto porque la comunidad autónoma no tiene dinero para abrirlo.
