La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha solicitado por carta a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y al Consejo de Europa (CE) el envío de una misión permanente de observación de los derechos humanos a las fronteras de la UE donde se pueden estar produciendo violaciones de los derechos humanos de los refugiados y las personas migrantes, tras las últimas decisiones de determinados gobiernos europeos y la forma en la que están impidiendo el paso de estas personas.
En la misiva, dirigida al Relator Especial de la ONU para los Derechos Humanos de los migrantes, François Crépeau, y al comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, Albiol expresa su “preocupación” por las violaciones de los derechos humanos de los migrantes y refugiados en una UE que no ha activado “mecanismos para facilitar la protección internacional” a la que tienen derecho, pese a que “el número de personas que intenta llegar huyendo de las guerras, la violencia, el hambre y la desesperación, no tiene precedentes”.
La eurodiputada expone que la actual situación, focalizada ahora en la frontera entre Grecia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM), es fruto de la política de cierre de las fronteras terrestres o la militarización del Mediterráneo y el Egeo con misiones de la OTAN. Esto, apunta, ha obligado a las personas migrantes a cruzar a Europa por mar y, por ejemplo, “el año pasado alrededor de 3.800 personas murieron o desaparecieron” en la travesía, ya que las fronteras terrestres entre la UE y el Sur, en Evros, Ceuta o Melilla, “llevan años selladas”.
“Ahora se están cerrando las fronteras terrestres internas de Europa, obligando a las personas migrantes a buscar rutas alternativas que se hacen progresivamente más peligrosas”, continúa Albiol, que señala la muerte de tres personas en las últimas 48 “intentando buscar nuevas vías a través de ARYM”.
La portavoz de IU explica que dentro de las fronteras de la UE “la situación no es mucho mejor” y que se dan situaciones como la que viven 45.000 personas atrapadas en Grecia “sin que la UE les esté ofreciendo una alternativa”, y que tratan de sobrevivir en campamentos improvisados sobre el barro a la espera del resultado de la cumbre UE-Turquía del jueves y del viernes.
“Hemos recibido información frecuente sobre maltrato policial y la violencia contra los migrantes a través de la Ruta de los Balcanes y hemos visto a gobiernos incurriendo en serias violaciones de los derechos humanos, atacando a migrantes con gas lacrimógeno, poniéndolos en trenes sin destino, o identificándolos a través de números escritos en sus brazos”, recuerda.
“Se viola de manera abierta el principio de no-devolución, e incluso uno de los Ministros de Interior de un Estado miembro ha sugerido el hundimiento de los barcos llenos de migrantes”, denuncia.
Albiol termina su carta señalando a Muiznieks y Crépeau que “la situación ya no es sostenible”, y que estas violaciones de derechos humanos “corren el riesgo de disminuir todos los estándares y la legislación internacional”, como la Convención de Ginebra, “hasta el punto de dejarlos sin valor si los diferentes Gobiernos firman tratados que los violan abiertamente”.