Izquierda Unida ha comenzado a “estudiar los cauces legales necesarios” para actuar contra el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y contra el Consejo Europeo, tras la firma del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía sobre los refugiados. Un acuerdo que, “a pesar de que lo hayan querido disfrazar, sigue siendo a todas luces ilegal”, ha afirmado la portavoz en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, que desde hace varios días analiza codo con codo con el portavoz de IU-UP en el Congreso de los Diputados, Alberto Garzón, y un equipo experimentado de juristas, los pasos a seguir “para poner freno por la vía jurídica a este pacto criminal”.
“La firma de este acuerdo pone en riesgo la vida de millones de personas. Es un acuerdo que incumple claramente la legalidad internacional y por eso creemos que Rajoy y el Consejo son responsables de la vulneración de los derechos humanos y las muertes que se van a producir”, sostiene Albiol.
Ambos sostienen que el texto definitivo viola al menos los siguientes tratados:
- La Convención de Ginebra para los Refugiados,
- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
- La Carta Social Europea
- El Convenio Europeo de Derechos Humanos
- Los propios Tratados de la Unión Europea
- La Carta de Derechos Fundamentales
Incluso las Constituciones de los Estados miembros.
Básicamente, comenta Garzón, Rajoy, “con su voto favorable en el Consejo, está otorgando a Turquía el papel que desde hace años le ha concedido a Marruecos: ser el guardia de fronteras de la UE, mirando a otro lado cuando se violan los derechos humanos”.
Por su parte, Albiol sostiene que el hecho de que se vayan a estudiar de manera individualizada las peticiones de asilo de aquellas personas que lleguen a Grecia a partir del próximo domingo, “no garantiza absolutamente nada”. Para la eurodiputada, “resolver una solicitud de asilo exige tiempo” y además “se debe respetar el derecho a recurrir en el caso de que no se acepte”. “No estamos para nada convencidos de que esto vaya a ser así, cuando, para empezar, se está discriminando a migrantes y refugiados por su nacionalidad”, insiste.
Además, “se mantienen las expulsiones colectivas de aquellas personas que sean interceptadas en el mar, expulsiones que podrán considerarse devoluciones en caliente y que entre otras cosas pueden violar la Convención de Montego Bay sobre derecho del mar”. Garzón cree que “esto refleja la verdadera cara del Gobierno de Rajoy, que tiene como ministro de Exteriores en funciones a una persona como Margallo, que el miércoles llegó a Bruselas diciendo que no se aceptarían deportaciones masivas, pero que finalmente ha terminado firmando”.
El portavoz de IU-UP se ha preguntado si la UE hará “como en Ceuta y Melilla”, donde “el Gobierno permite que la Guardia Civil devuelva uno a uno a Marruecos a las personas que tratan de llegar a Europa”. Además, advierte de que el proyecto para que “Turquía se convierta en la gran muralla exterior de la UE”, provocará “que los refugiados y migrantes que huyen de las guerras, el hambre o la discriminación, busquen nuevas vías, poniendo de nuevo en riesgo sus vidas”.
Albiol señala, por otro lado, que las deportaciones a Turquía en sí, “sean individuales o colectivas, contravienen la legislación internacional, que establece que se debe devolver a estas personas a un país seguro” y “como llevamos insistiendo desde el principio de las negociaciones, Turquía no lo es”.
La portavoz de IU en Bruselas recuerda que Turquía ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2.812 ocasiones. Asimismo, explica Garzón, sólo ha ratificado la Convención sobre los Refugiados de 1951 -que hablaba únicamente de refugiados europeos- “pero no ha firmado el protocolo de 1967”, por lo que “excluye de protección a cualquier ciudadano no comunitario”.
Ambos advierten que el acuerdo no específica tampoco qué sucederá con las personas devueltas a Turquía, y especialmente “con aquellos que ahora son considerados migrantes irregulares”, o los refugiados que provienen de Irak, Afganistán y Eritrea, “que parece que ya no tienen derecho a protección internacional”.
Con todo esto, creen probado que este acuerdo “no está en absoluto pensado para las personas que llegan a Europa”, sino para que Turquía sea quien “se manche las manos de sangre, a cambio de una promesa para acelerar su entrada en la UE”.
