Maeztu acepta “muy gustosamente la posibilidad” que le plantea IU y asegura que “debe suspenderse definitivamente la instalación de almacenamiento de gas” en Doñana
Maíllo indica que “el Gobierno central abusa de sus competencias” y emplaza al Gobierno andaluz a llevar a Gas Natural al Tribunal de Justicia, en Estrasburgo
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha aceptado en la mañana de ayer la solicitud de IU Andalucía que la emplazaba a comparecer en Bruselas en relación al proyecto de Gas Natural en Doñana, aprobado por el Gobierno central y denunciado por una amplia diversidad de organizaciones, entre ellas IU. El coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, que ha estado acompañado por miembros de los responsables de organización, política institucional y acción política de su dirección, Francisco Javier Camacho, Inmaculada Nieto y Gertudris Vargas, además de los portavoces de Medio Ambiente en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Andalucía, Eva García Sempere y José Antonio Castro, ha recibido el beneplácito de Maeztu, que ha asegurado que “hemos concluído que debe suspenderse definitivamente la instalación de los almacenes de gas, incluido el de Marisma occidental”.
Maeztu ha declarado que “acepta muy gustosamente la posibilidad que me brinda IU para presentar en Bruselas la defensa de las posiciones de esta institución, que va en la misma línea de la defensoría de las Cortes Generales” y ha recordado que “la singularidad de Doñana hay que respetarla”, teniendo en cuenta además que “no hay una evaluación conjunta e integrada para poder dar autorización al proyecto” y existen indicios y argumentos firmes de que conlleva “riesgos que nadie después querrá asumir”.
Para el coordinador general de IU Andalucía, “hay que pasar a la acción y tenemos que emplazar al Gobierno andaluz a que lleve a Gas Natural al Tribunal de Justicia Europeo en Estrasburgo”. “Susana Díaz tiene que dar un salto y denunciar algo que nosotros queremos advertir: el Gobierno central está abusando de sus competencias”.
Maíllo, en relación a la posible suspensión del proyecto de Gas Natural, ha asegurado que IU luchará para que “no se produzca ahora una fuente de negocio de quienes sin escrupuloso utilizan la sensibilidad social que hay con respecto a Doñana para buscar ahora indemnizaciones millonarias”.
A falta únicamente de la aprobación definitiva de esta comparecencia por parte de la Comisión de Peticiones, Maeztu expondrá, acompañado por el coordinador general de IU Andalucía, el informe que emitió a finales del pasado ejercicio en el que solicita al Gobierno que haga una evaluación conjunta impacto que pueden tener sobre el Parque Natural de Doñana los cuatro proyectos existentes para la extracción y almacenamiento de gas natural, que arroje los riesgos sísmicos y la posible contaminación del Acuífero 27.
Este encuentro se produce apenas unos días después de que la portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, pidiese a la Comisión de Peticiones europea, que incluyese el informe como información complementaria a la Petición 0051/2013, todavía abierta y que denuncia el desarrollo del proyecto de Gas Natural en Doñana, autorizado por el Gobierno central.
El informe, emitido también por el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández, sugiere que se revisen las declaraciones de impacto ambiental y alerta sobre los riesgos sísmicos que podrían conllevar ciertas prácticas.
Tanto Maeztu como Fernández recogieron las denuncias que se han venido haciendo desde algunas organizaciones ecologistas y políticas, entre ellas IU, desde que se anunciara el proyecto de Gas Natural en Doñana. Entre ellas, la necesidad de hacer una evaluación acumulativa del impacto que tendrían en el Parque las cuatro actuaciones previstas: Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcazar.
La solicitud de IU, que ya ha comparecido en la Comisión de Peticiones en hasta cuatro ocasiones aportando datos y solicitando tanto la paralización del proyecto como que una Misión de Investigación visitará Doñana, se produce una semana después de que se diese a conocer el informe técnico del IGME cuyas conclusiones cerradas en diciembre de 2017 alertan de que uno de los almacenes subterráneos de gas que Gas Natural desarrolla en Doñana tiene un riesgo de inundación "más elevado del inicialmente admitido".
