Entrevista a Responsable de IU de Estrategias para el conflicto
Sira Rego: A nosotras, más que de pobreza energética nos gusta hablar de soberanía energética. Entendemos que el acceso a la energía forma parte de las necesidades básicas, por tanto debe ser un derecho garantizado. En ese sentido hay dos elementos fundamentales. En primer lugar, la cuestión de la propiedad: defendemos la nacionalización y el carácter público del sector. Y en segundo, la apuesta por un modelo basado en energías renovables, descentralizado y con un impulso claro del autoconsumo. Defendemos la garantía de un acceso universal y suficiente.
M.O.: ¿Por qué en España pagamos los recibos más caros de la Unión Europea?
S.R.: En España el sector eléctrico es un paradigma de la subalternidad del poder político al económico. Desde la liberalización de sector eléctrico se han ido acometiendo reformas de la normativa que han blindado los intereses del oligopolio frente a los intereses de las familias trabajadoras, de tal modo que además de pagar a través de nuestra factura todos los desmanes de las grandes compañías del sector se han desplazado las energías renovables que son las más baratas. En definitiva es el resultado de una ley del sector eléctrico que lo permite.
M.O.: IU viene combatiendo desde hace años por la soberanía energética. ¿Cómo se está trabajando el tema en los Ayuntamientos donde participa en el gobierno?
S.R.: A nivel municipal somos parte activa de la red de municipios por la soberanía energética, espacio que lleva poco más de un año tratando de impulsar un espacio organizado entre municipios en el que reivindicamos el papel del municipalismo en este asunto. Entendemos que los ayuntamientos son clave como Administración más cercana, no sólo en el cumplimiento de derechos, sino en el potencial para desarrollar un modelo descentralizado basado en renovables. Por supuesto sin olvidar las múltiples experiencias locales puestas en marcha en los municipios donde somos o hemos sido gobierno. Como ejemplos tenemos el avance en torno a la compra directa de energía, el uso de instalaciones públicas para producir energía solar, o propuestas en torno a la viabilidad de operadores eléctricos locales y de carácter público.
M.O.: ¿Qué impacto puede tener el hecho de que la fiscalía abra una investigación contra las eléctricas por supuesto fraude tras la denuncia de IU en Andalucía?
S.R.: Es una iniciativa muy potente que revela al menos dos cuestiones en lo inmediato. El primero, la obligación de los poderes públicos de defender los derechos de la mayoría social, y por tanto la inhibición del gobierno al respecto, puesto que el PP está más preocupado de nombrar a sus amiguetes en los consejos de administración de las empresas del sector que de controlar sus abusos. Y, el segundo, cómo el sector eléctrico constituye una de las grandes estafas legalizadas en este país. Sin duda desde IU seguiremos señalando a los culpables.
Escrito por Gema Delgado
Publicado en Mundo Obrero 2017
