En 2017 se aumentó esta partida en 100 millones de euros y se dejaron de gastar 44 millones.
El cacareado aumento del gasto en dependencia en los PGE 2018 es de 46 millones de euros.
Los 46 millones de incremento NO SE PUEDEN GASTAR por las CCAA si estas no aportan a su vez otros 184 millones. Por cada millón que aporta la AGE actualmente obliga a gastar como mínimo 4 millones más a las CCAA.
Incorporar 46 millones de euros en la partida 231I de la Seguridad Social (transferencias a las comunidades autónomas para atención a la dependencia por el nivel mínimo garantizado) no supone absolutamente NADA.
Es papel mojado porque ni siquiera se asegura que dichos fondos se transfieran al nivel autonómico ya que, para recibir un euro del Estado, las autonomías deben acreditar cuatro euros de gasto en personas atendidas (algo que hoy no pueden cumplir gracias al modelo de financiación).
Es papel mojado porque se trata de una partida ampliable que se suplementa automáticamente en la medida en que la gestión del sistema avance. De hecho, en 2016 se suplementó con 37 millones de euros. Y en 2017 le sobraron en esta partida al gobierno 44 millones de euros.
Es papel mojado porque el aumento del gasto de 46 millones, lo que significa que teniendo en cuenta que la atención media de una dependiente cuesta 6.665 euros al año, en el mejor de los casos se podrían atender a unos 6.900 de la lista de espera, lo que condena al 98% restante de la lista de espera a no recibir prestación o servicio de la ley de dependencia durante este año.
Es indignante y cruel porque supone que las administraciones seguirán incumpliendo la Ley y violando derechos subjetivos. En lo que resta de año fallecerán más de 30.000 personas que tenían un derecho reconocido sin recibir servicios o prestaciones. Eso sí, bajará la “lista de espera”.
No podemos negar que esta política ha sido desde el inicio catalogada por el Presidente del Gobierno como no prioritaria y según sus palabras “insostenible”. Ha cumplido en el abandono anunciado. Lo que no procede es engañar con pactos de subidas presupuestarias que, incluso siendo ínfimas dadas las necesidades del sistema, han sigo un auténtico engaño por parte de quienes suscribieron los mismos y se hicieron, eso sí, una buena foto.
Estos son los datos oficiales de la vergüenza del abandono estatal: El recorte acumulado para el gasto público ha sido de 4.600 millones de euros.
Presupuesto dependencia AGE para 2010 = 1.582 millones para 479.888 atendidos de 737.958 con derecho (258.070 en lista de espera) a 1 de enero de 2010
Presupuesto dependencia AGE para 2018 = 1.401 millones para 954.831 atendidos de 1,264.951 con derecho (310.120 en lista de espera) a 1 de enero de 2018
… si sacan este asunto de la agenda política, tarde o temprano, cientos de miles de personas dependientes y sus familias sacarán a estos políticos de su agenda.
Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. e-mail directoressociales@hotmail.com
Del gasto público directo en dependencia en 2017, la Administración General del Estado soportó el 20 % y las comunidades autónomas el 80% restante. Muy lejos de la pretendida aportación al 50%, el reparto de la carga debería ser similar para ambos niveles de la administración según las previsiones iniciales.
La supresión del Nivel Acordado y la minoración del Nivel Mínimo (13% inicial; ahora mayor para los Grado I) han supuesto un quebranto acumulado para las arcas autonómicas cercano a los 2.703 millones de euros. A esta cifra, habría que agregar el ahorro para el Estado de la supresión de las cotizaciones a la seguridad social de cuidadoras no profesionales de cinco ejercicios completos (2013 a 2017) equivalente a 1.900 millones de euros acumulados para el supuesto de que no se hubieran incorporado nuevos cotizantes.
Elaboración propia. Los importes de nivel acordado se refieren al importe anclado en 2011. La minoración del Nivel Mínimo a percibir por las CCAA se calcula con el 13% de promedio de reducción por este concepto contenido en el RD-Ley20/2012. Las cotizaciones a la seguridad Social se han tomado del análisis de gasto por este concepto que figura en el Informe Memoria 2012 del SAAD, publicada en el BOE nº 184 de 2 de agosto de 2013 (pág. 56485) tomando el importe de 2011 como referencia.
Sin entrar en otros aspectos, el impacto acumulado para el gasto público de las medidas de recorte del Real Decreto-Ley 20/2012, hasta diciembre del 2017, ha sido de 4.600 millones de euros.
Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales
