La diputada de IU Isabel Salud registra varias iniciativas parlamentarias, además de la petición de comparecencia de la ministra de Empleo, entre la que está reclamar toda la información disponible sobre la evolución tanto de los siniestros mortales como con baja laboral ocurridos durante la jornada de trabajo en los últimos cinco años
La diputada de Izquierda Unida Isabel Salud ha registrado varias iniciativas parlamentarias ante el grave incremento de las muertes debidas a accidentes laborales, así como de los propios accidentes de estas características en los últimos meses. Entre estas actuaciones ha formalizado la petición de comparecencia de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, para que detalle en el Congreso “las causas del aumento del número de accidentes y fallecimientos en el trabajo”. También quiere que aclare qué “medidas” piensa poner en marcha el Gobierno del PP “para disminuir la precariedad y siniestralidad laborales”.
De la misma forma, Salud ha registrado también una ‘Solicitud de datos, informes y documentos’, tal y como permite el Reglamento de la Cámara Baja, en la que recaba toda la información disponible sobre la evolución del número tanto de siniestros mortales como con baja laboral ocurridos durante la jornada de trabajo en los últimos cinco años, desagregando los datos por comunidades autónomas y sector de actividad.
Isabel Salud advierte de que hablamos de “muertes silenciadas”, provocadas principalmente “por la inaceptable precariedad del empleo y la falta de medidas de seguridad”.
“Los accidentes laborales mortales -incide- son fruto de un sistema económico cuyo único interés es obtener el máximo beneficio, sin tener en cuenta ni la vida ni el bienestar de las personas”. La diputada apunta que según determinadas cifras en el conjunto del Estado fallecieron en 2017 un total de 618 trabajadores y trabajadoras, es decir, cerca de 12 a la semana.
La parlamentaria de Izquierda Unida destaca que “no podemos consentir este goteo incesante de muertes en el trabajo. Las personas trabajadoras no pueden ir cada día con miedo a no volver de sus tareas. La precariedad mata y el Gobierno es el responsable directo de velar y garantizar que las empresas respeten la legislación sobre seguridad”.
