El intelectual turco-alemán critica con dureza al Ejecutivo del PP, del que esperaba haber recibido un “tratamiento más adecuado” y no “penoso”, al tiempo que comenta satisfecho que Izquierda Unida ha sido la “única” formación política de nuestro país que se ha interesado directamente por su situación
El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha arropado (30/08/2017) en nombre de esta formación desde el Congreso al escritor y periodista turco-alemán Dogan Akhanli, que está en nuestro país en situación de libertad condicional tras ser detenido el 19 de agosto en el hotel donde veraneaba en Granada en virtud de la tramitación por Interpol de una orden internacional de busca y captura solicitada por el régimen turco del presidente Recep Tayyip Erdogan. Éste exige su extradición a su país. Garzón ha denunciado que Akhanli es “víctima de una mala disposición jurídica en el ámbito español y una falta de acción adecuada por parte del Gobierno” de Mariano Rajoy, del que lamentó que “más que un país aliado de los Derechos Humanos, España se ha convertido en un aliado con Turquía y Erdogan”.
El máximo responsable de IU hizo esta valoración en una rueda de prensa celebrada en dependencias de la Cámara Baja -tras acabar el Pleno extraordinario para exigir a Rajoy explicaciones sobre los casos de corrupción en los que está inmerso el PP-, junto al propio Dogan Akhanli y su abogado, Gonzalo Boye.
Akhanli, de 60 años, es ciudadano comunitario -posee pasaporte alemán, país donde reside desde finales de 1991- y en las próximas semanas se juega ser extraditado a Turquía, cuyas autoridades le persiguen por criticar y documentar el genocidio armenio, así como por sus denuncias de los desmanes de Erdogan. No puede abandonar territorio español hasta que se resuelva todo el proceso, en el que el régimen turco le acusa de una supuesta pertenencia a banda armada y terrorista.
Durante su análisis, Garzón denunció que mientras el Gobierno alemán sí ayuda a Akhanli con todos sus medios para impedir que el Ejecutivo español permita su extradición, desde el Gabinete de Rajoy no sólo “no se está haciendo nada en este sentido”, sino que está ayudando a generar un “problema legal, vinculado con los lazos políticos” con el Gobierno turco, lo que “no es coherente con lo que se defiende en la Unión Europea”.
“Queremos denunciar la vulneración de los derechos de Akhanli y de otros intelectuales críticos con el Gobierno autoritario del presidente turco Erdogan”, subrayó Garzón, que no ocultó la voluntad de IU para “servir de altavoz” en la defensa de estos derechos que tratan de vulnerar.
Alberto Garzón señaló que para él “no es tan sorpresiva” la forma de actuar del Ejecutivo del PP tanto en lo que tiene que ver con Akhanli, como en el caso del periodista turco-sueco Hamza Yalçin, detenido el 3 de agosto en el aeropuerto barcelonés de El Prat y que sigue desde entonces en prisión pendiente también de que se tramite su extradición a Turquía. Por ello, exigió para ambos casos una “acción directa del Gobierno español” para impedir su entrega a las autoridades turcas.
Durante la rueda de prensa Akhanli reconoció que vive una “situación desagradable” y criticó con dureza al Gobierno de Rajoy, del que afirmó que esperaba haber recibido un “tratamiento más adecuado” y no “penoso”, sobre todo tras el apoyo de las autoridades alemanas y de múltiples instituciones y asociaciones internacionales.
Lamentó también que la Unión Europea se haya convertido en un “club económico” que ha olvidado que nació como una “asociación democrática”, mientras el Gobierno español estudia extraditarle a Turquía, “un país que va hacia el fascismo”, algo que los españoles han conocido en el pasado.
”Yo soy turco y alemán -dijo-; soy parte de la Unión Europea y, en ese sentido, pensaba que tenía los mismos derechos que un español”. Apostilló que “al principio no estaba tan enfadado con la postura del Gobierno español, aunque me metieron como a un criminal en una celda, con esposas, y realmente fue muy desagradable”.
El escritor recordó que el régimen turco reclama a día de hoy a cerca de 60.000 exiliados, la mayoría de los cuales abandonó el país tras el golpe de Estado de 1980. Informó que muchas de estas personas “se han suicidado” en estos años tras conocer que eran reclamados por su país de origen y se preguntó si el Gobierno español “está esperando a que haya una víctima mortal” para cambiar su postura respecto de las extradiciones.
Comentó satisfecho que Izquierda Unida ha sido la “única” formación política de nuestro país que se ha interesado directamente por su situación. Indicó también con cierta ironía que no tendría problemas en reunirse con el PP, ya que no vino a España “por motivos políticos, sino de vacaciones” atraído por la cultura y la literatura españolas.
Por su parte, el abogado Gonzalo Boye confió en que el Gobierno alemán hará todo lo posible para que Akhanli no sea extraditado, y se remitió “a las declaraciones de Angela Merkel”, de la que aseguró que “cumple lo que dice, aunque muchas veces no nos guste lo que dice”.
Al igual que previamente había denunciado Alberto Garzón, responsabilizó a las autoridades españolas de permitir convertirse en una “jurisdicción de conveniencia donde es muy fácil ser extraditado”.
