A pesar de reconocer la existencia de una “crisis migratoria” internacional y de lo que autodenomina como “compromiso para reubicar/reasentar” a “personas en clara necesidad de protección internacional”, el Ejecutivo sólo señala que Andalucía y Castilla y León han ofrecido 30 plazas de acogida, de las que sólo se han formalizado siete (7)
El Gobierno informa al diputado de Izquierda Unida y portavoz de esta formación en la Comisión parlamentaria de Interior, Ricardo Sixto, que hasta el pasado 31 de marzo, última fecha contabilizada, y según los datos obrantes en la Comisaría General de Extranjería y Fronteras del Ministerio del Interior, “se encontraban registrados en el RMENA (Registro de Menores No Acompañados) un total de 3.387 menores extranjeros, de los cuales 431 son mujeres y 2.956 hombres”.
El Gobierno responde así a una pregunta por escrito registrada por Sixto el pasado mes de enero en la que, entre otras cuestiones, se interesaba por saber “¿cuál es el último dato conocido sobre menores extranjeros que se encuentran en España sin sus padres?” y si ¿existe algún tipo de coordinación entre las distintas administraciones públicas para abordar este problema?”
La respuesta del Ejecutivo del PP muestra que en los últimos 15 meses contabilizados se ha producido un ligero incremento de los menores extranjeros en esta situación en nuestro país. El diputado de IU señalaba en su pregunta que en el último registro, correspondiente a finales de 2015, el número de menores de edad ascendía a 3.342 -45 menos que la última cifra facilitada ahora-, observándose un descenso entre las menores, que pasan de 452 a las 431 contabilizadas ahora, mientras que suben en 166 casos los varones.
Ricardo Sixto alertó al Gobierno de que nos enfrentamos a “un drama de enormes dimensiones” dado que “la desprotección de estos menores puede ser aprovechada para su explotación sexual o laboral”.
Para el parlamentario de IU, hay que evitar el riesgo de que “las mafias puedan traficar directamente con ellos o chantajear a sus madres para que se prostituyan si quieren volver a verlos. Los casos que conocemos por informaciones periodísticas son espeluznantes”.
El Gobierno, por su parte, especifica que “toda actuación pública en España en relación con los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA), independientemente de su nacionalidad o situación administrativa, está presidida por el interés superior del menor”. Señala que el registro RMENA tiene “efectos exclusivos de identificación” y depende “del Ministerio del Interior y es coordinado por la Fiscalía General del Estado”.
Además, aclara a Ricardo Sixto en su respuesta parlamentaria que “todo menor extranjero no acompañado en España, como menor en desamparo, se encuentra bajo la tutela de los servicios de protección del menor de las Comunidades Autónomas (al igual que los menores españoles)”.
Para dicha acogida, “las administraciones autonómicas cuentan con sus presupuestos propios, de acuerdo con la distribución que cada año se realiza en el marco de la financiación autonómica”.
De la misma forma, el Ejecutivo del PP informa a Sixto que “en el marco de la actual crisis migratoria” y dentro de lo que autodenomina como “compromiso del Gobierno de reubicar/reasentar las cifras de personas en clara necesidad de protección internacional, priorizando los casos humanitarios y de especial vulnerabilidad”, entre los que están los menores no acompañados, en octubre de 2016, dentro del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI), comunicó “la disponibilidad de España para reubicar a MENAs”, eso sí, indicando expresamente que “para lo cual el Estado cuenta con la imprescindible colaboración de las Comunidades Autónomas que acogen y tutelan a estos menores”.
No obstante, de la información que facilita el Ejecutivo al diputado de Izquierda Unida se desprende que los ofrecimientos no han sido especialmente generosos. “Así -especifica la respuesta parlamentaria-, el 23 de septiembre de 2016, del ofrecimiento y disponibilidad de acogida por parte de la Junta de Andalucía, de 24 MENAs, llegaron 7, que han sido acogidos por dicha Administración autonómica en el marco de sus competencias para la protección de menores. En el mes de abril se ha recibido el ofrecimiento de la Junta de Castilla y León de acoger hasta 6 menores no acompañados en su Comunidad, del que el Gobierno dará traslado a las correspondientes autoridades griegas”.
