Toni Morillas, responsable federal de Democracia Participativa Interna, señala que el texto aprobado “es el resultado de un largo proceso de debate interno tras una amplia consulta a la militancia, a nuestros/as simpatizantes y a los partidos que conforman la organización, además del trabajo de los diversos órganos de dirección competentes”
La Asamblea Político Social (APS) de Izquierda Unida -máximo órgano de debate y decisión entre congresos- ha aprobado en la tarde de ayer el texto definitivo del denominado ‘Reglamento para la promoción y solicitud de referendos revocatorios de mandatos de cargos orgánicos y públicos de IU’, un documento en el que la organización llevaba meses trabajando y que ha pasado por distintos procesos hasta lograr ofrecer el máximo de garantías tanto a la militancia como a los cargos que la componen.
Tal y como se ha encargado de explicar Toni Morillas, responsable federal de Democracia Participativa Interna, a la APS antes de la votación de ayer tarde, el texto aprobado “es el resultado final de un largo proceso de debate interno en el que ha habido una amplia consulta a la militancia, a nuestros/as simpatizantes y a los partidos que conforman la organización, además del trabajo realizado por los diversos órganos de dirección competentes”.
El conocido más sencillamente como ‘Reglamento de Revocatorios’ ha experimentado una “profunda revisión” a partir de las “cerca de 200 aportaciones recibidas desde distintas asambleas, federaciones, corrientes, partidos y personas a título particular”, según Morillas. El borrador previo que se tomó como base fue aprobado por la Coordinadora Federal el pasado 22 de abril.
El tiempo y el trabajo transcurridos desde entonces han servido para “detectar colectivamente las carencias y errores de la redacción inicial y para mejorarlo sustancialmente. Se cumple así también con el mandato estatutario para llevarlo a acabo”, indica la dirigente federal de IU, a raíz de las indicaciones emanadas de la XI Asamblea Federal de la Organización celebrada en junio de 2016.
En cuanto a los principales cambios incorporados, se establece un mínimo de participación del 20% para que el resultado del referendo revocatorio sea válido. Además, a efectos de conservación del cargo, se establecen diferencias para los casos en que los/as afectados procedan de varias candidaturas, a efectos de evitar que el revocatorio se utilice contra las minorías. Se establece una especie de ‘mecanismo de ponderación’ de tal manera que la persona sobre la que se ha planteado la revocación seguirá en su cargo si logra al menos el 80% de los votos a favor que logró la candidatura minoritaria en su día.
La exposición de motivos ha sido redactada de nuevo para simplificar las referencias a los estatutos, que algunas aportaciones consideraban reiterativas o innecesarias. Toni Morillas destaca que “se introducen dos reflexiones muy repetidas: que el revocatorio debe ser una medida de último recurso y, en el caso concreto de los cargos públicos, debería ser una figura regulada por la ley, puesto que es el electorado y no sólo su formación política quien los ha elegido”.
Por otra parte, se elimina la idea de creación de un órgano permanente para la gestión de los revocatorios, al tiempo que se encarga a la Coordinadora Federal (o al órgano equivalente en cada ámbito territorial) que se nombre una comisión ‘ad hoc’ en cada caso. “Para evitar la parcialidad y su utilización contra las minorías, se exige también una mayoría muy reforzada para aprobar su composición”, apunta Morillas.
Otras de las modificaciones introducidas aclaran sustancialmente el censo de referencia que debe usarse en cada una de las situaciones contempladas en el reglamento, al tiempo que se incrementan los porcentajes del grupo promotor para solicitar el inicio del proceso de revocatorio y se añade, para las asambleas de menor tamaño, el requisito mínimo de cinco personas.
En lo que tiene que ver con la solicitud de inicio del proceso y para garantizar el principio de último recurso, se introduce como requisito previo acreditar que se han agotado el resto de vías políticas y disciplinarias para poder admitir a trámite la solicitud. Se aclara también que para considerar que hay incumplimiento de programas o acuerdos debe percibirse una voluntad clara de apartarse de los mismos.
Para Toni Morillas, “Izquierda Unida sigue avanzando así en el principio de radicalidad democrática por el que apostamos, tanto en la forma de actuar a nivel interno en nuestra organización, como para avanzar hacia una sociedad más justa y democrática, dentro del proyecto para un nuevo país que defendemos”.
