El coordinador federal de IU señala durante la presentación pública del texto registrado poco antes en la Audiencia Nacional que la ex máxima responsable 'popular' en Madrid “no ha dimitido presionada por el PP, sino sabiendo lo que va a salir en este caso de corrupción”, momento en el que “quedará reflejado que no era una persona que simplemente pasaba por allí”
El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha asegurado que la querella criminal registrada ayer en la Audiencia Nacional a raíz de las actuaciones de la denominada ‘Operación Lezo’ por el desfalco de dinero público del Canal de Isabel II busca “contribuir a esclarecer la verdad”. Por ello, plantea nuevas imputaciones y que el juez instructor tenga en cuenta la presunta comisión de otros delitos, perpetrados presuntamente por el Partido Popular y por algunos de los que fueron destacados dirigentes suyos en Madrid y personas de su entorno.
Garzón participó ayer tarde en la presentación pública de la querella impulsada por IU junto a otras asociaciones -el texto fue registrado telemáticamente ayer mañana- en un acto simbólico en la puerta de la sede social de la empresa pública que abastece de agua a la población de la Comunidad de Madrid. Explicó, entre otras cuestiones, por qué el texto incluye la petición al magistrado instructor, Eloy Velasco, para que investigue por estos hechos a 13 personas, entre ellas la ex presidenta madrileña, Esperanza Aguirre.
Señaló que existen indicios suficientes para justificar la imputación de Aguirre, debido a que “tiene una responsabilidad fundamental” en los hechos que se investigan por las desviación de fondos del Canal de Isabel II.
”Creo que Aguirre -valoró- no ha dimitido presionada por el PP, sino sabiendo lo que va a salir en este caso de corrupción, que va a ser uno de los más grandes de toda España. Cuando toda la información vaya siendo a la luz quedará reflejado que no era una persona que simplemente pasaba por allí”.
Con este trabajo, IU y el resto de organizaciones querellantes -entre ellas Ecologistas en Acción, Equo, Paz con Dignidad-OMAL, ATTAC-Madrid, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Anticapitalistas, Corazón Verde de Chamberí y la Federación de los Verdes- consideran acreditada la necesidad de que se les permita poder ejercer la acusación popular en esta investigación de la ‘Operación Lezo’.
La querella criminal solicita también que se investigue a Ignacio González, a su hermano Pablo González, al ex presidente de Inassa (filial del Canal en Latinoamérica) Edmundo Rodríguez Sobrino, al ex gerente del Canal Ildefonso de Miguel, al ex director de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM), José Martínez Nicolás, y al consejero de OHL Javier López Madrid, todos ellos detenidos la semana pasada por orden del magistrado instructor.
También solicitan la imputación del ex presidente de OHL Juan Miguel Villar Mir, del ex ministro de Trabajo Eduardo Zaplana, del actual secretario de Estado de Seguridad y ‘número dos’ de Interior, José Antonio Nieto, de los ex tesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, y del presidente de ‘La Razón’, Mauricio Casals, cuya causa fue archivada (25/04/2017) por el juez tras haber declarado como investigado por presuntas coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
Se atribuyen los delitos de organización criminal, malversación de caudales públicos, alteración del precio en concursos y subasta públicas, blanqueo, cohecho, apropiación indebida, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la Hacienda pública, fraude, apropiación indebida y revelación de secretos.
La querella criminal apunta que el objetivo de los integrantes de esta trama sería “apropiarse de caudales públicos y allegar fondos al PP”, los cuáles, a su vez, “se desviaron a cuentas opacas”. También recogen que “irregularmente” se otorgaron contratos “u otro tipo de favores” a distintas empresas que previamente habían entregado “cantidades ilícitas” actuando en el territorio nacional y en el extranjero.
Se denuncia la adjudicación irregular de contratos dentro de la empresa pública Mercasa, el cobro de adjudicaciones de obras como la construcción del tren a Navalcarnero -para lo cual López Madrid habría abonado 1,4 millones de euros a González en 2007-, así como la adjudicación irregular a “familiares o amigos” a raíz de la “disparatada” instalación de un campo de golf en Chamberí que fue a parar al consorcio ‘Green Canal Golf’ formado por sociedades participadas por el hermano de González y su cuñado, José Juan Caballero.
