La responsable federal de Política Internacional de Izquierda Unida reafirma la “apuesta de nuestra formación por el respeto a la soberanía popular y a la democracia, así como a la división de poderes en el marco del respeto al Estado de Derecho”
La responsable federal de Política Internacional de Izquierda Unida, Marina Albiol, reclama a la comunidad internacional “especialmente a la Unión Europea y a Estados Unidos”, que mantenga un “respeto escrupuloso del principio de no injerencia recogido por el Derecho Internacional, así como por la institucionalidad y la Constitución venezolanas”, tras la suspensión temporal de competencias de la Asamblea Nacional.
“Es necesario recordar que en los últimos tiempos han sido sobradamente probados los planes de injerencia exterior contra el Gobierno de Venezuela, en una constante campaña por derrocar por vías ilegales y no democráticas al presidente Maduro, legítimamente elegido en las urnas”, subraya Albiol.
La dirigente de IU destaca que la citada suspensión temporal, ordenada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela, es “una consecuencia no deseada motivada por el desacato permanente de la mayoría de la Asamblea Nacional, de una oposición golpista, a la legalidad y la Constitución venezolanas. De hecho, el Consejo de Defensa de la Nación, a petición del presidente, ha pedido la revisión de las sentencias”.
La responsable de la Secretaría de Política Internacional de Izquierda Unida recuerda que tras la victoria electoral de Macri en Argentina, “un triunfo ilegítimo por cuanto ahora se dedica a aplicar un programa que ocultó a sus electores” y del golpe de Estado contra Dilma Roussef en Brasil “se ha redoblado la presión sobre Venezuela como principal potencia de la región contra el orden que imponen los poderes económicos mundiales”.
Prueba de ello son las permanentes injerencias que “en contra del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas” se llevan a cabo en los últimos meses. Albiol señala que “Venezuela vive un momento complicado y solamente se puede desear que se restauren pronto las competencias de la Asamblea Nacional tras el acatamiento por parte de la oposición de las sentencias judiciales, el respeto a la institucionalidad y a la Constitución, así como el fin de la utilización del poder legislativo para derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro, elegido democráticamente”.
“Para ello -insiste- se necesita el máximo respeto de la comunidad internacional y que Gobierno y la oposición avancen en el proceso de negociaciones y de diálogo nacional para que así las venezolanas y los venezolanos puedan superar las dificultades socioeconómicas que atraviesan”.
Marina Albiol reafirma la “apuesta de Izquierda Unida por el respeto a la soberanía popular y a la democracia, la división de poderes en el marco del respeto al Estado de Derecho y, sobre todo, la defensa del principio de no injerencia”.
Algunas informaciones sobre las instituciones y órganos de poder en Venezuela
Internacional
1. Venezuela no tiene un sistema parlamentario como los europeos.
2. Tiene cinco poderes en lugar de tres (ejecutivo, legislativo, judicial, ciudadano y electoral).
3. Contrariamente a lo que ocurre en los regímenes parlamentarios el parlamento no tiene en Venezuela la misma significación que en los sistemas europeos.
4. Se rige por una Constitución que le establece las funciones así como a los demás poderes públicos.
5. El órgano contralor y máximo intérprete de la Constitución es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo.
6. Es de este órgano de donde han emanado las sentencias controversiales.
7. Las sentencias han sido emitidas a solicitud de recurso de interpretación sobre los acontecimientos institucionales que vive el país a partir del momento en el cual la oposición pasó a ser mayoría en el parlamento venezolano.
8. El parlamento se ha extralimitado en sus funciones, ha desviado el poder y la autoridad que como institución tiene, ha usurpado en algunos casos las funciones del poder ejecutivo y desacata las medidas judiciales tomadas con competencia constitucional para ello por el Tribunal Supremo de justicia.
9. Desde el mes de enero de 2017 se ha declarado en rebeldía absoluta.
10. Las sentencias pretenden ordenar jurídica e institucionalmente el estado frente a un poder que desobedece al Tribunal Supremo y crea conflictos con los otros poderes.
11. En la última sentencia la Sala Constitucional ha establecido que temporalmente hasta cuando el Poder Legislativo vuelva a la normalidad algunas de las funciones de ese poder, necesarias para el funcionamiento del estado, serán asumidas por el Tribunal Supremo.
12. Las funciones parlamentarias se incumplen por omisión o por actos no ajustados a derecho. La sentencia pretende asumir las funciones que por omisión impidan el funcionamiento del estado (ejemplo aprobar inversiones petroleras con compañías privadas para lo cual es necesario un protocolo que debe ser aprobado conjuntamente por el poder ejecutivo y el legislativo).
13. La constitución está intacta, el parlamento no ha sido disuelto, hay total respeto a los derechos humanos, existe plena libertad de expresión dentro del país, la participación política es plural dentro del país, los partidos existen y hay libre acceso a la justicia. Estos hechos demuestran que no hay golpe de estado en Venezuela.
2. Tiene cinco poderes en lugar de tres (ejecutivo, legislativo, judicial, ciudadano y electoral).
3. Contrariamente a lo que ocurre en los regímenes parlamentarios el parlamento no tiene en Venezuela la misma significación que en los sistemas europeos.
4. Se rige por una Constitución que le establece las funciones así como a los demás poderes públicos.
5. El órgano contralor y máximo intérprete de la Constitución es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo.
6. Es de este órgano de donde han emanado las sentencias controversiales.
7. Las sentencias han sido emitidas a solicitud de recurso de interpretación sobre los acontecimientos institucionales que vive el país a partir del momento en el cual la oposición pasó a ser mayoría en el parlamento venezolano.
8. El parlamento se ha extralimitado en sus funciones, ha desviado el poder y la autoridad que como institución tiene, ha usurpado en algunos casos las funciones del poder ejecutivo y desacata las medidas judiciales tomadas con competencia constitucional para ello por el Tribunal Supremo de justicia.
9. Desde el mes de enero de 2017 se ha declarado en rebeldía absoluta.
10. Las sentencias pretenden ordenar jurídica e institucionalmente el estado frente a un poder que desobedece al Tribunal Supremo y crea conflictos con los otros poderes.
11. En la última sentencia la Sala Constitucional ha establecido que temporalmente hasta cuando el Poder Legislativo vuelva a la normalidad algunas de las funciones de ese poder, necesarias para el funcionamiento del estado, serán asumidas por el Tribunal Supremo.
12. Las funciones parlamentarias se incumplen por omisión o por actos no ajustados a derecho. La sentencia pretende asumir las funciones que por omisión impidan el funcionamiento del estado (ejemplo aprobar inversiones petroleras con compañías privadas para lo cual es necesario un protocolo que debe ser aprobado conjuntamente por el poder ejecutivo y el legislativo).
13. La constitución está intacta, el parlamento no ha sido disuelto, hay total respeto a los derechos humanos, existe plena libertad de expresión dentro del país, la participación política es plural dentro del país, los partidos existen y hay libre acceso a la justicia. Estos hechos demuestran que no hay golpe de estado en Venezuela.
Fuente Mundo Obrero, edición digital
