El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos ha registrado (11/01/2017) en el Congreso una solicitud de informe sobre el empleo de los fondos que la Conferencia Episcopal recibe a través de la casilla de la declaración de la Renta (IRPF). La iniciativa viene motivada por la negativa del Tribunal de Cuentas, gracias al voto en contra de los consejeros en este organismo a propuesta del Partido Popular, a fiscalizar cuál es el uso concreto de estos fondos.
En la solicitud, tramitada a través de la Comisión Parlamentaria Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, se solicita “la información suficiente y detallada sobre la naturaleza económica de las operaciones financiadas con los recursos públicos a través del IRPF que recibe la Iglesia Católica y de su gestión económico-financiera”.
El portavoz de Unidos Podemos en la Comisión Mixta para la Relación con el Tribunal de Cuentas, Segundo González, ha declarado que “todas las instituciones que reciben financiación pública tienen que ser sometidas a una fiscalización rigurosa para que la ciudadanía conozca a qué se destina hasta el último euro”.
“Es incomprensible que la politización del Tribunal de Cuentas, compuesto por consejeros afines al Partido Popular y al Partido Socialista, obstaculice la publicación de informes sobre determinadas cuestiones”, ha asegurado González.
La dirección de la Iglesia Católica recibe cada año cerca de 250 millones de euros procedentes de las declaraciones del IRPF, que son utilizados para diversas cuestiones como la pagar campañas contra el aborto o financiar la televisión 13TV.
Por su parte, la vocal de Unidos Podemos en esta misma comisión Eva García Sempere recuerda que “fue la vicepresidenta socialista María Teresa Fernández de la Vega quien en 2007, en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, acordó el actual sistema de financiación de la Conferencia Episcopal, incrementando el porcentaje transferido mediante la casilla específica de la declaración de la Renta del 0,52% al 0,7%”.
“Como mínimo -indica García Sempere- la Iglesia debería rendir cuentas por este dinero público hasta que se revisen sus mecanismos de financiación, cosa que también creemos necesaria 35 años después de la firma de un Concordato que recogía su compromiso de autofinanciación”.
