RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES
La aplicación y desarrollo de la formación profesional para el empleo en Andalucía
- Ha tenido un presupuesto inicial de al menos 4.313.895.107 euros consignados en partidas del PJA desde 2003 a 2016.
- Se constata una ausencia de conocimiento, coordinación y evaluación de las políticas públicas de empleo en general; y de la formación profesional para el empleo en particular.
- Ausencia de objetivos concretos. No se detecta más objetivo que el de gastar el dinero público previsto para la formación.
- No hay adaptación a la realidad andaluza en los programas y partidas destinadas a la formación; la aplicación de los programas es acrítica.
- Existe una falta de evaluación permanente, a pesar de las alarmantes cifras de desempleo; y a pesar de las advertencias de la Cámara de Cuentas sobre la Formación Profesional para el Empleo en su primer informe en 2007.
- Ausencia de personal público suficiente para hacer efectivo el deber de seguimiento y control de las subvenciones otorgadas.
- Un ambiente de impunidad política aprehendida que hizo posible una banalización del ejercicio de gestión de gobierno.
- Generación de una red clientelar política.
- Un fraude político respecto del deber de buen gobierno y buena administración
- La Consejería con competencias en materia de empleo ha sido la responsable de la aplicación y desarrollo de la formación profesional, la misma que ejecutó los ERE entre 2001 y 2010.
- Al igual que los ERE, la formación ha perseguido el mantenimiento de la “paz social” que ha acompañado al proceso de desindustrialización de Andalucía y a la eliminación de puestos de trabajo.
- Persiste, por tanto, en el modelo económico andaluz histórico, en el que el beneficio empresarial se garantiza gracias, precisamente, al elevadísimo desempleo que posibilita la supervivencia de una economía de bajos salarios y baja productividad.
- La desindustrialización de Andalucía y el pago de la paz social ha tenido consecuencias sobre la juventud andaluza: En los polos industriales, los puestos de trabajo se han fulminado. Si bien los Ere o la Formación han servido para mantener algunos ingresos en las unidades familiares, los hijos e hijas de los trabajadores que deben incorporarse al mercado de trabajo ya no pueden hacerlo, porque los puestos de trabajo ya no existen.
- Respecto de la paralización de las convocatorias una vez conocido el presunto fraude, IULVCA plantea que, si bien una decisión prudente como la de detener las ayudas, se convirtió en una acción negligente que mantuvo paralizada la paralización durante tres años de los programas de formación arroja ausencia de agilidad, eficacia y eficiencia en la dirección y coordinación de las políticas de formación. Los cambios introducidos no justifican una demora de tres años.
Responsabilidades políticas:
Responsabilidad política directa:
- Titulares de la Consejería de Empleo:
- José Antonio Viera. 2000 - 2004; Antonio Fernández. 2004 - 2010; Manuel Recio. 2010 - 2011; Antonio Ávila. 2011 - 2013
- Titulares de la Viceconsejería competente en materia de Formación Profesional para el Empleo:
- Agustín Barberá: 2004 - 2010; Justo Mañas: 2010 - 2012
- Titulares de la Dirección del Servicio Andaluz de Empleo
- Titulares de las delegaciones territoriales con competencias en formación para el empleo
- Titulares de las delegaciones provinciales del SAE
- Titulares de las secretarías generales con competencias en formación para el empleo
- Titulares de las direcciones generales con competencias en formación para el empleo
Manuel Chaves González
- Responsable político directo ‘in eligendo’ e ‘in vigilando’ como presidente del Gobierno Andaluz
- Máximo responsable del periodo de inicio, planificación, impulso, aplicación y desarrollo de las políticas investigadas por esta Comisión.
- Responsable del nombramiento de los titulares de las Consejerías competentes en materia de empleo a lo largo de su presidencia.
José Antonio Griñán Martínez
- Responsable político directo ‘in eligendo’ como presidente del Gobierno Andaluz
- Responsable del nombramiento de los titulares de las Consejerías competentes en materia de empleo a lo largo de su presidencia.
Susana Díaz Pacheco y José Sánchez Maldonado
- Responsables de acción negligente
- Por la demora de tres años en la aprobación de la nueva orden de convocatoria de subvenciones para la Formación Profesional para el Empleo, cambios que en ningún caso requieren de un espacio de tiempo tan largo y que además sigue sin introducir objetivos para una evaluación de estas políticas públicas.
