La Comisión se justificó y aclaró que, de acuerdo con sus expertos legales, el CETA debería haber sido discutido como un tratado de competencia exclusiva de la UE. Sin embargo, debido a las distintas posiciones de los gobiernos de la UE a la hora de afrontar la presión de sus ciudadanos, la Comisión ha decidido sucumbir a sus demandas y finalmente lo ha considerado como un acuerdo de competencia compartida con los Estados Miembro.
Esta decision no fue una sorpresa. Fue tomada en un momento en el que el humo del referéndum del Brexit aún era espeso, para evitar de este modo acusaciones adicionales de contribuir a la ausencia de democracia en la toma de decisiones en Europa. Así, se alineaba con la posición de los gobiernos europeos más influyentes (en términos de peso de voto en el Consejo).
Sin embargo, como haría un ilusionista poco talentoso pero con recursos, en cuanto el humo empezó a disiparse, la Comisión optó una vez más por otro truco barato. Esta vez propuso la “aplicación provisional” del CETA. ¿Qué significa ésto?
De acuerdo con las leyes de la UE, cuando un acuerdo de comercio llega al Consejo de Ministros, estos pueden decidir aplicarlo todo o por partes de forma inmediata, es decir, sin tener que esperar a su aprobación parlamentaria a nivel nacional. En este caso, el escenario más probable es que el procedimiento de ratificación del CETA en el Parlametno UE se llevará a cabo a finales de este año y entonces, con la bendición del Consejo, más del 90% del CETA entrará en vigencia. Sólo los retazos restantes del acuerdo requerirán de la aprobación de los parlamentos nacionales. En otras palabras, este procedimiento by-pasea los parlamentos nacionales y socava de facto la propuesta del Consejo de compartir las competencias. El escenario tendría tres consecuencias principales:
Primero, mediante la exclusión de la mayor parte del acuerdo del escrutinio de los parlamentos nacionales se elimina la responsabilidad democrática del proceso de ratificación y, con ella, las preocupaciones de los ciudadanos, que han estado más presentes que nunca en este tema.
Segundo, si el CETA fuera aplicado provisionalmente esto significaría que los operadores econcómicos comenzarían inmediatamnete la aplicación de sus provisiones. Dado que la parte restante del acuerdo iría a los parlamentos nacionales en un estadío posterior, esto les presionaría para ratificar el CETA, ya que su revocación podría tener costes económicos.
Tercero, ignorar a los parlamentos nacionales y no tomar en consideración la opinión de los ciudadanos sería una decisión peligrosa políticamente que llevaría a incrementar el sentimiento anti-europeo, tal y como los recientes acontecimientos ha demostrado.
Si escuchar a los ciudadanos lo consideran demasiado “político” entonces queremos más decisiones políticas! No queremos más conejos sacados de cisteras ni flores de baritas mágicas. Queremos políticos y legisladores que respeten la voluntad de aquellos cuyas vidas se ven afectadas por sus decisiones. Para conseguirlo no se necesitan trucos baratos, sólo saber escuchar y un diálogo sano!
