IU ha manifestado su apoyo y solidaridad con los sindicalistas juzgados y se ha sumado a la exigencia de derogación del artículo 315.3 del Código Penal. Es este el tipo penal por el que están procesados más de 300 sindicalistas, por su participación en piquetes informativos durante las huelgas generales contra las reformas del PSOE y del PP.
En este sentido, Cortés ha criticado que el Ministerio Fiscal y la patronal “solo se acuerdan del derecho al trabajo cuando hay huelga y se olvidan el resto del año”, en referencia al tipo penal por el que se está juzgando a los compañeros por participar en un piquete informativo y ha pedido la retirada de los cargos y la absolución “que es lo que corresponde en un Estado que fuese Social, Democrático y de Derecho”.
Cayo Lara asiste al juicio contra los 'ocho de AIRBUS' y critica con dureza que "en pleno S. XXI haya de nuevo que reivindicar el derecho de huelga que se ha criminalizado"
Una amplia representación de IU muestra su “más completa solidaridad” con estos trabajadores y sindicalistas a quienes la Fiscalía pide más de 64 años de cárcel por su participación en la huelga general de 2010El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha criticado con dureza que “en pleno siglo XXI estemos de nuevo volviendo a reivindicar el derecho de huelga que se ha criminalizado con esta petición de la Fiscalía de más de 60 años de cárcel a ocho trabajadores”. Lara hizo esta valoración en Getafe, al inicio de la manifestación convocada por diversos sindicatos en la que varios miles de personas han recorrido las calles de este municipio en apoyo de los llamados ‘Ocho de Airbus’. Desde la mañana de ayer se juzga a estos sindicalistas y trabajadores de la compañía aeronáutica por su participación en la huelga general de 2010, mientras que la Fiscalía les acusa de atentado, lesiones y coacciones, y pide más de 8 años de cárcel para cada uno de ellos.
Una amplia representación de IU compuesta, entre otros, además de Cayo Lara, por cargos públicos como la diputada de Izquierda Unida-Unidad Popular, Sol Sánchez; el eurodiputado Javier Couso o los miembros de la dirección federal Manuel Fuentes y José Antonio García Rubio, se mezcló desde primeras horas de la mañana con los participantes en la manifestación que arrancó desde las puertas de la factoría de Airbus en Getafe y marchó en una gélida mañana hasta las puertas de los Juzgados de la esta localidad madrileña.
Cayo Lara tachó de “injustificada, a la vez que preocupante y desorbita” la petición de pena que mantiene el Ministerio Público por los hechos que imputa a los sindicalistas. “Estamos ante un nuevo intento de criminalizar la protesta -dijo-, ahora por medio de un juicio que viene de unos hechos ocurridos durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en un modelo y con unas formas que en los años siguientes se endurecieron en la legislatura con el PP al frente de La Moncloa”.
“Desde IU -aseguró- expresamos nuestra más completa solidaridad con estos ocho trabajadores, así como con los más de 300 que se encuentran en circunstancias similares en todo el Estado. Hay quien quiere, antes y ahora, que todas estas actuaciones sirvan de escarmiento con el objetivo de tratar de parar una protesta frente a todo lo que han pasado los trabajadores y trabajadoras en estos largos años de penuria”.
El coordinador federal estuvo desde primera hora de la mañana junto a los integrantes de la delegación de IU compuesta por dirigentes, militantes y simpatizantes de la organización en las puertas de la factoría de Airbus, siguió parte del recorrido de la manifestación, para luego entrar y permanecer como público en la vista oral en el Juzgado de lo Penal nº 1 de Getafe donde se juzga a los ocho acusados, una vez que esperó su llegada a las puertas de las dependencias judiciales.
Está previsto que los ‘Ocho de Airbus’ declararen (desde ayer) por su actuación en una de las puertas de la fábrica aeronáutica durante la huelga general contra la reforma laboral de septiembre de 2010. A todos ellos se les aplica, entre otros cargos, el polémico artículo 315.3 del Código Penal referido a las acciones contra el derecho de los trabajadores.
Izquierda Unida reclama desde hace años la supresión de este artículo, que está siendo utilizado de manera sistemática por la Fiscalía, con el respaldo durante la pasada legislatura del Gobierno del Partido Popular, en la mayor parte de casos en los que se juzga a trabajadores y sindicalistas por su participación en protestas laborales.
