Las personas, el medio ambiente y
la democracia
antes que los beneficios y los
derechos de las corporaciones
1 . ¿Quiénes somos?
Somos una campaña formada por movimientos
sociales, organizaciones, colectivos, plataformas y asambleas ciudadanas que
comparten una profunda preocupación por las diversas amenazas que plantean el
Tratado Transatlántica de Comercio e Inversión (Transatlantic Trade and
Investment Partnership - TTIP, por sus siglas en inglés, también conocido
como Tratado de Libre Comercio Transatlántico o TAFTA) y el Tratado Unión
Europea con Canada (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA).
Representamos intereses públicos muy diversos, incluyendo la protección del
medio ambiente, la salud pública, la agricultura, los derechos de lo/as
consumidore/as y la protección de las normas alimentarias y agrícolas, las
normas sociales y laborales, los derechos de las personas trabajadoras, los
derechos de las mujeres y la lucha contra la dominación patriarcal, el acceso
público a la información y los derechos digitales y la defensa de los servicios
públicos esenciales como la educación y el control público y social de los
sistemas financieros, el bienestar animal, entre otros.
Tenemos el firme compromiso de
rechazar las actuales negociaciones sobre el TTIP, para garantizar un debate
político transparente y democrático. Todos los acuerdos deben servir al interés
público y a nuestro futuro común.
2 . ¿Qué es el TTIP?
El TTIP es un acuerdo de gran
alcance que se está negociando actualmente entre la Comisión Europea (en nombre
de los Estados miembros de la Unión Europea -UE) y el gobierno de los Estados
Unidos de América (EUA). No se trata de las barreras al comercio como los
aranceles, que ya son en general muy bajos entre la UE y EUA. Se centra sobre
todo en los reglamentos, normas, derechos corporativos y garantías de
inversión. El TTIP tiene como objetivo, supuestamente, facilitar la inversión
directa y la eliminación de obstáculos burocráticos innecesarios para el acceso
al mercado para las empresas de ambos lados del Atlántico.
Los indicios de los que se
dispone -provenientes de las empresas y la industria que está participando de
alguna manera en las negociaciones- revelan que el enfoque sobre las barreras
no arancelarias y la convergencia de la reglamentación entre ambas partes se
está utilizando para impulsar la desregulación, una visión de los derechos de
propiedad intelectual que sólo fomentan monopolios, y una carrera para igualar
derechos y estándares a la baja. Los supuestos beneficios económicos no tienen
fundamento y, en cualquier caso, son marginales para la sociedad en general,
incluso en el caso de que fuera cierto lo que cuentan los defensores del
acuerdo al respecto. Más bien todo indica que los objetivos del acuerdo
amenazan importantes derechos adquiridos en las largas luchas democráticas y
los intereses sociales de la ciudadanía de la UE, de los EUA y del resto del
mundo.
Las negociaciones se están
haciendo a puerta cerrada, sin una consulta pública efectiva. Los parlamentos
nacionales no son informados sobre los detalles de los textos de negociación de
la Comisión. Los fragmentos de información que han sido publicados -o filtrados-
generan considerable inquietud.
3 . ¿Qué nos preocupa?
• La falta de transparencia y
de procedimientos democráticos, lo que hace imposible a la ciudadanía y a
la sociedad civil seguir las negociaciones para garantizar que los intereses
públicos están siendo protegidos. Actualmente estas negociaciones están muy
sesgadas: grupos de presión empresariales tienen acceso privilegiado a la
información y oportunidades para influir en las negociaciones.
• El capítulo propuesto sobre
protección de inversiones y en particular la inclusión de una disposición sobre
el mecanismo de Solución de Diferencias entre el Estado y el Inversor (ISDS).
El ISDS brinda a los inversores derechos exclusivos para demandar a los Estados
cuando consideren que alguna decisión democrática -realizada por instituciones
representativas y para el interés general- se considera que puede tener
impactos negativos en sus ganancias presentes o futuras. Estos mecanismos se
basan en juicios fuera de los tribunales nacionales. Con ello se socavan los
sistemas legales de las naciones, así como la soberanía democrática de la
sociedad para la formulación de leyes y políticas de interés público.
• La creación de nuevas
estructuras antidemocráticas de gobierno, y de procedimientos que tienen como
objetivo “armonizar las regulaciones” como el Consejo de Cooperación
Regulatoria. Estas estructuras permitirían que las decisiones tomadas en el
marco del TTIP sean constantemente presionadas en secreto por burócratas no
electos y grandes lobbies empresariales. Estas estructuras no democráticas
amenazan con rebajar importantes normas y reglas diseñadas para la protección
de los intereses públicos, o prohibir futuras mejoras, independientemente de su
necesidad y del mandato público. También nos preocupa el objetivo de fortalecer
la protección de los “derechos de propiedad intelectual”, que tal como está
planteado, ataca algunos de nuestros derechos básicos como la salud, la
educación, la cultura y la libertad expresión.
4 . Demandas y objetivos
compartidos:
Sobre la base de los valores de
la solidaridad internacional, la justicia social, la sostenibilidad ambiental y
el respeto de todos los derechos humanos, trabajamos con nuestros aliados en
los Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo, exigiendo:
a) Transparencia inmediata: se harán públicos los textos de negociación de la Comisión, así como todos
los documentos de negociación para permitir un debate público abierto y crítico
sobre la TTIP y el CETA.
b) NO al ISDS: nos oponemos a estos mecanismos de solución de diferencias entre
el estado y el inversor y mantenemos con firmeza la soberanía de nuestras
sociedades y de nuestros pueblos para la toma de decisiones en la defensa y
mejora del interés público y del bien común por encima de los intereses privados.
c) NO al Consejo de Cooperación
Regulatoria: toda la regulación de las operaciones comerciales,
las condiciones del comercio y el establecimiento de estándares de producción
del producto deben estar en manos de los órganos y procesos controlados
democráticamente.
d) NO a la desregulación y a la
rebaja de los estándares de protección y al servicio del interés público: el nivel de las normas sociales y laborales, de los consumidores y de la
salud pública, la protección del medio ambiente, incluyendo la regeneración de
nuestros recursos naturales, el bienestar animal, las normas sanitarias de los
alimentos y las prácticas agrícolas ambientalmente sostenibles, el acceso a la
información y al etiquetado, la cultura y la medicina, la regulación del mercado
financiero, así como la protección de datos y otros derechos digitales que se
deben mejorar, y no «armonizar» hasta el más bajo común denominador. El
reconocimiento mutuo de estándares no es aceptable en la medida en que socava
los niveles de protección acordados democráticamente. Hay que garantizar que se
aplica el principio de precaución.
e) No existe peor desregulación
que la privatización de los servicios públicos. Defendemos el acceso universal a una educación de calidad, a la atención a
la salud y otros servicios públicos como instrumentos para sostener la
reproducción social de la vida y como una contratación pública que promueve el
empleo local y las economías locales, la discriminación positiva, el
emprendimiento social, la economía sostenible, el cuidado de las personas y al
servicio del interés público.
En este sentido hay que tener
presente que los efectos de la privatización de los servicios públicos en
diferentes ámbitos tienen un especial impacto en las condiciones de vida y de
trabajo de las mujeres.
f) La promoción de prácticas
agrícolas sostenibles con el medio ambiente y la protección de la pequeña
agricultura familiar.
g) Las instituciones públicas
deben mantener el poder político y las estructuras necesarias para proteger ciertos
sectores sensibles y salvaguardar las normas importantes para nuestra calidad
de vida. Las normas laborales y ambientales
internacionalmente acordadas deben ser respetadas. La violación continua de las
normas del trabajo debe ser objeto de sanciones.
Finalmente defendemos la
construcción de unas relaciones y políticas comerciales entre nuestros pueblos
que pongan en primer lugar las personas y el planeta, garantizando:
• los derechos humanos
universales e inalienables de todas las personas, incluidos los derechos a una
alimentación adecuada, agua, salud, derechos sexuales y reproductivos,
integridad física y psíquica, ropa, vivienda, educación, protección social,
movilidad, cultura, ocio y un medio ambiente limpio;
• un trabajo decente, que permita
a la gente vivir una vida digna, incluyendo una renta adecuada y los derechos
laborales;
• el reconocimiento del trabajo
reproductivo y del cuidado y de los trabajos informales de servicio a las
personas y a la comunidad. Garantizar una redistribución equitativa y una
reorganización socioeconómica, de forma que no recaigan en exclusiva en las
mujeres las tareas del bienestar cotidiano, así como la igualdad de salarios
para hombres y mujeres;
• una transición a una economía
de bajas emisiones de carbono, que no se base en un consumo excesivo, sino en
el uso social y ecológicamente responsable de los recursos, y que permita una
vida digna sin poner en peligro el apoyo de otras personas, generaciones
futuras, así como de la agricultura, de la flora y la fauna;
• lograr una democratización
significativa en todos los niveles de toma de decisiones;
• la lucha contra la pobreza y el
establecimiento de nuevas relaciones de solidaridad y equidad entre hombres y
mujeres y con las personas de otras regiones y el respeto de los derechos de
las personas refugiadas e inmigrantes;
• el aumento global del nivel de bienestar
económico, social y ambiental.
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