El deterioro del sistema de protección a los parados es brutal: la mitad de los desempleados registrados no tienen ninguna ayuda institucional
La política del PP ha sido un éxito para los intereses de
la clase que defiende
Al
Partido Popular no se le puede negar que analiza la realidad con profundidad y
actúa en consecuencia: sabe que para ganar las elecciones generales tiene que
estabilizar el apoyo mayoritario que ya recibe de los pensionistas y recuperar
el terreno entre técnicos y cuadros, entre los cuales los funcionarios
representan el sector más consolidado, y que manifiestan según el CIS una
preferencia notable por Podemos, sector en el que el PP empata en intención de
voto con el PSOE y donde también IU tiene un buen caladero de votos.
Por eso ha iniciado una campaña de recogida de apoyos con medidas como el aumento de las pensiones y de los salarios de funcionarios, nuevos permisos remunerados para las empleadas públicas embarazadas y la recuperación de los días de vacaciones extra por antigüedad. En el proyecto de PGE se prevé un aumento de 866 millones de euros en gastos de personal, unos 1.776 euros más por cada empleado del Estado, y 450 euros por pensionista.
La fuente de recaudación del dinero para apaciguar a estos colectivos y ganarse su voto saldrá de los parados, a los que se les reduce en 630 euros el ingreso medio por prestaciones de desempleo, de modo que el aumento de 3790 millones de euros en pensiones, y de 2.409 millones en otros gastos sociales se financiará sobre todo con un recorte de 5.479 millones en las prestaciones por desempleo. Al fin y al cabo, apenas uno de cada diez parados va a votar al PP.
Por eso ha iniciado una campaña de recogida de apoyos con medidas como el aumento de las pensiones y de los salarios de funcionarios, nuevos permisos remunerados para las empleadas públicas embarazadas y la recuperación de los días de vacaciones extra por antigüedad. En el proyecto de PGE se prevé un aumento de 866 millones de euros en gastos de personal, unos 1.776 euros más por cada empleado del Estado, y 450 euros por pensionista.
La fuente de recaudación del dinero para apaciguar a estos colectivos y ganarse su voto saldrá de los parados, a los que se les reduce en 630 euros el ingreso medio por prestaciones de desempleo, de modo que el aumento de 3790 millones de euros en pensiones, y de 2.409 millones en otros gastos sociales se financiará sobre todo con un recorte de 5.479 millones en las prestaciones por desempleo. Al fin y al cabo, apenas uno de cada diez parados va a votar al PP.
El deterioro del sistema de protección a los parados es brutal: de los 4 millones de parados registrados, tan solo 783 mil cobran prestaciones contributivas, por un importe medio de 785 euros mensuales, y 1,4 millones cobran algún tipo de ayuda (subsidio, renta de inserción, programa de empleo, PER) por un importe medio de unos 450 euros. Dos millones de parados registrados, por tanto, carecen de cualquier tipo de ayuda institucional.
Este análisis de clase y gestión de intereses a la hora de diseñar los PGE, está presente en toda la política del PP. Por eso, no se puede afirmar que la política del PP sea un fracaso; por el contrario, es un rotundo éxito desde la perspectiva de los intereses de clase que defiende.
Para evitar la decisión más coherente, que hubiera sido la nacionalización de un sistema bancario quebrado, se utilizó el Estado para desamortizar las cajas, inyectar una enorme cantidad de dinero en el sistema –al menos el equivalente al 10% del PIB- y trasladar todos esos activos al gran capital financiero. De este modo, se transformó una crisis del sistema bancario capitalista en una crisis del Estado, facilitando así un nuevo impulso a las políticas de privatización masiva de derechos sociales (a la educación, a la cultura, al trabajo, a la vivienda o a la sanidad) vigentes en el capitalismo desarrollado desde los años ochenta, aunque aquí no nos enteramos hasta una década después.
El deterioro masivo de la calidad del sistema educativo no es solo consecuencia de los recortes, sino de una decisión consciente para reducir las expectativas de la clase trabajadora, interrumpir la percepción del sistema educativo como un procedimiento de ascenso en la escala social generador de demandas sociales y transformarlo, bajo el argumento de la coherencia entre las necesidades productivas y las cualificaciones, en un sistema de generación de consenso y estratificación de lugares sociales cada vez más estancos en los que se segmenta a la clase trabajadora.
En la crisis de la deuda faltaba resolver el problema del gran capital productivo, fuertemente endeudado en la primera mitad de la década pasada, a partir de unas previsiones de ganancias y acumulación que se vieron bruscamente invalidadas con el colapso de los mercados financieros en 2007.
La reducción de prestaciones del sistema sanitario facilita la penetración de la lógica de la rentabilidad capitalista y mercantil en el suministro de servicios sanitarios, cada vez más relevantes por la evolución demográfica, una fuente alternativa de beneficios a la que se dedican con gran devoción los grandes capitales otrora responsables de la burbuja inmobiliaria.
Pero la gran medida articulada por el gobierno y los organismos internacionales fue la reforma laboral, que acabó con la negociación colectiva, destruyendo la forma de vida tradicional de los sindicatos – derrota de la cual no se han recuperado y, a tenor de los esfuerzos de los líderes por retomar el denominado “diálogo” social, aun no se han enterado- y sobre todo acabó con cualquier forma de regulación salarial.
Así, en el momento de ponerse en marcha las políticas de ajuste en 2010 los asalariados recibían el equivalente al 51 del valor producido. Se inició una caída que ha llevado a que actualmente solo reciban un 47% de lo que se produce.
El aumento de la explotación del trabajo está en la base del aumento de los beneficios que se han dedicado al desapalancamiento financiero de las empresas, que han reducido en 72 mil millones de euros su deuda financiera neta desde entonces.
Pero el nivel de endeudamiento empresarial es tan enorme, -en marzo los pasivos financieros netos de las empresas se elevaban a 1,4 billones de euros, el 140% del PIB- que todo hace prever que de continuar en el poder gobiernos conservadores o social-liberales, el deterioro de las condiciones de trabajo y remuneración seguirá profundizándose en los próximos años, para favorecer el aumento de las ganancias empresariales y el flujo de renta entre los capitales productivo y financiero.
Por lo tanto, el 1.658.000 familias con algún miembro desempleado, las 757.000 familias sin ingresos conocidos, las 542.000 familias con todos sus miembros en paro (cinco veces más de lo que era habitual antes de la crisis)… no son sino un efecto colateral de una estrategia de cambio estructural que busca forzar la aceptación de un sistema social y productivo cada vez más excluyente, en el que al menos un cuarto de la población es declarada como “sobrante”; una nueva forma de recomponer el viejo ejército industrial de reserva.
Los gobiernos a cargo de la gestión de la crisis no se han preocupado por desarrollar una política activa de fomento productivo, confundido normalmente con la política de obra pública y subvenciones. En consecuencia, el capital español se caracteriza por el fomento del chiringuito empresarial y la contratación masiva de trabajadores poco cualificados. Los titulados superiores representan la mitad del empleo público, pero solo un 15% del empleo en el sector privado. Incluso entre los directivos de empresa, menos de la mitad son profesionales titulados. Las ocupaciones en las que más ha aumentado el empleo desde que gobierna el PP son las de camareros y cocineros (18% de los empleos creados), comerciales (9%), teleoperadores (6%) y seguratas (6%). El empleo de titulados superiores solo ha aumentado en profesores de academias y centros de formación (6% de los nuevos empleos), consecuencia de la privatización acelerada de la educación superior y la formación continua , ya que la enseñanza primaria y secundaria ha perdido 16 mil empleos desde que tomo las riendas este gobierno.
También en el sector de los servicios a empresas, se ha producido un aumento de 87 mil empleos (10%): profesionales del marketing, coaching, analistas financieros… muchos de ellos, asalariados reciclados en autónomos y microempresarios, procedentes de los empleos perdidos en las ocupaciones de directores de departamentos administrativos y comerciales (- 41 mil empleos), directores de producción (-20 mil empleos) y de otros cargos directivos y de la administración (-36 mil empleos).
Ante este panorama, la única alternativa realista es la que ponga los intereses colectivos por encima de los intereses particulares de banqueros y grandes empresas, la que sea capaz de dotar al sistema productivo de un dinamismo ausente en el largo periodo de estancamiento en el que estamos sumidos, desde el desarrollo de un sistema público de empresas y servicios, valorizando los saberes y capacidades personales y colectivos, que ponga a generar riqueza a toda la gente que está dispuesta a hacerlo, y a la que el mercado es incapaz de proponerle otra cosa que la esclavitud por deudas, la precariedad y la beneficencia. Aunque el de bienestar esté en coma irreversible, otro Estado es posible.
Joaquín Arriola
Publicado en el Nº 288 de la edición
impresa de Mundo Obrero septiembre 2015
