La Comisión Colegiada de IU analiza de urgencia la nueva decisión adoptada por el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación al fallo conocido el pasado jueves que carga a la banca el pago del mayor impuesto al firmar una hipoteca
“Ha bastado que la banca proteste 24 horas contra esta sentencia para que el Tribunal Supremo, servilmente, adopte esta cuestionable decisión”, advierte
Enrique Santiago, responsable federal de Justicia e Interior de IU, apunta que contra la favorable sentencia del Alto Tribunal “sólo cabría, en teoría, el recurso extraordinario de amparo ante el Tribunal Constitucional y ningún jurista en su sano juicio auguraría la más mínima probabilidad de que fuera admitido a trámite”
La Comisión Colegiada de Izquierda Unida ha analizado ayer tarde de urgencia la decisión adoptada por el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de convocar un Pleno de esta Sala para dejar sin efecto la sentencia hecha pública 19/10/2018 por la que este mismo tribunal daba la razón a la Empresa Municipal de Vivienda (EMV) de Rivas Vaciamadrid -municipio madrileño donde gobierna IU- en un recurso donde se solicitaba que se declarara que los gastos e impuestos por la suscripción de créditos hipotecarios debían ser abonados por el prestamista, el banco, y no por los ciudadanos.
La nueva y polémica decisión judicial conocida a última hora de ayer mañana implica la no aplicación de esta nueva jurisprudencia a los recursos pendientes de resolver sobre la misma materia, además de ser un intento para dejar sin efecto la sentencia mediante una resolución del Pleno de Sala.
El órgano de dirección de IU entiende que “los bancos cada año multiplican sus beneficios y los salarios de sus directivos, mientras que quien se empobrece es nuestro pueblo, entre otros motivos, por habernos obligado a pagar multimillonarios ‘rescates bancarios’ mientras, al unísono, se padece una tributación a la banca escandalosamente reducida”.
“Ha bastado que la banca proteste 24 horas contra esta sentencia para que el Tribunal Supremo, servilmente, adopte esta cuestionable decisión”, advierte.
Enrique Santiago, responsable federal de Justicia e Interior de IU y miembro de la Colegiada, denuncia que “desde las más altas instancias judiciales se alegue para justificarlo una supuesta ‘enorme repercusión económica’ que, a su juicio, acarrearía esta sentencia, mientras obvian que este mismo fallo es claramente beneficioso para la mayoría de personas de este país, que deben recurrir al crédito hipotecario para acceder a una vivienda”.
El artículo 18 de la L.O. del Poder Judicial establece que ‘las sentencias se ejecutarán en sus propios términos’ y ‘sólo podrán dejarse sin efecto en virtud de los recursos previstos en la Ley”.
Enrique Santiago apunta que contra la sentencia del Tribunal Supremo conocida “sólo cabría, en teoría, el recurso extraordinario de amparo ante el Tribunal Constitucional. Ningún jurista en su sano juicio auguraría la más mínima probabilidad de que dicho recurso fuera siquiera admitido a trámite”.
En opinión del dirigente federal de IU y abogado, el fallo del Tribunal Supremo “es hoy absolutamente firme y no existe mayor despropósito que quien se niegue a cumplirlo sea precisamente el mismo tribunal que lo ha dictado”.
Apostilla que “no existe norma legal alguna que otorgue competencia a un Pleno de Sala del Tribunal Supremo para dejar sin efecto una sentencia firme”.
Izquierda Unida entiende que “nos encontramos ante un nuevo caso de arbitrariedad del Poder Judicial, un poder constitucional que en este caso no respeta su propia independencia y se somete al designio de los más poderosos en una actitud, cuanto menos, arbitraria”.
Para el responsable federal de Justicia e Interior de IU, el Supremo carece de competencia alguna para valorar la ‘repercusión’ de sus sentencias. Debe limitarse a aplicar estrictamente la ley y dejar que sean los poderes públicos competentes, en este caso el Poder Legislativo o el Ejecutivo, quienes valoren los efectos de esas sentencias -toda vez que estos sí han sido elegidos por los ciudadanos- y adopten medidas políticas si ello se entendiera necesario”.
La Comisión Colegiada de Izquierda Unida advierte de que “nuevamente nos estrellamos contra la cruel realidad de que España no tiene un Poder Judicial a la altura de las exigencias democráticas de nuestra sociedad. Es urgente acometer su profunda reforma para acabar con su politización, siempre conservadora y en defensa de los intereses de los privilegiados”.
